España aplica unas exigencias mínimas a EEUU sobre Rota y Morón

El Gobierno español no ha denunciado el Convenido Bilateral de Defensa con Estados Unidos, que caduca el próximo 11 de febrero, y se ha limitado a negociar algunas mejoras que entrarán en vigor el próximo 1 de febrero sobre autorizaciones de escalas de aviones en las bases de utilización conjunta de Rota y Morón, sobrevuelos del territorio español, prohibición de armas a las que España ha renunciado y gestión del medio ambiente. Según la ministra de Defensa, Carme Chacón, la negociación con la nueva Administración Obama ha sido fluida desde que se entrevistó en 2009 en Bruselas con el secretario de Defensa Robert Gates. Este hombre inició su carrera en la CIA y es el primer secretario de Defensa de la historia de Estados Unidos que ha servido a dos presidentes, Bush y Obama.

¿En qué consisten las mejoras del Convenio alcanzadas el pasado 12 de enero? Según expuso Chacón en el Congreso a instancia de Gaspar Llamazares, los estadounidenses no podrán almacenar minas ni bombas de racimo, prohibidas en España, y tendrán que dar cuenta anualmente del armamento y la munición de sus arsenales en las bases. Deberán colaborar en la gestión del medio ambiente y costear el deterioro y los residuos que producen. Y, sobre todo, no podrán realizar repostajes en vuelo sobre territorio español. “Han sido prohibidos expresamente, así como los vuelos en modo visual”, subrayó la ministra.

Con esta restricción se trata de prevenir accidentes como el que ocurrió el 16 de enero de 1966 sobre Palomares (Almería), cuando un superbombardero B52 y el avión cisterna KC135 procedente de la base de Morón que le iba a suministrar combustible chocaron en vuelo y estallaron dos de las cuatro bombas termonucleares de 70 kilotones que transportaba el primer avión, contaminando una amplísima zona de 226 hectáreas en el sudoeste peninsular.

Para las escalas no contempladas en las autorizaciones generales se ha introducido una disposición por la que tendrán que solicitar con siete días de antelación el permiso de las autoridades españolas y aportar un memorando sobre las circunstancias que las motivan, el tipo de carga que llevan y el itinerario que realizan. Se trata de evitar que, como ocurrió con los vuelos de la CIA, puedan utilizar las bases para operaciones ilegales y contrarias al derecho internacional.

Chacón aclaró que los vuelos de la CIA nada tuvieron que ver con el Convenio Bilateral y recordó que España prohibió en 2007 las escalas de aviones que tuvieran Guantánamo por destino o punto de partida. Sobre los servicios secretos de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses, a los que el Gobierno de Aznar otorgó permiso en 2003 para intervenir contra ciudadanos norteamericanos en España, Chacón aseguró que esos agentes están obligados a acreditarse y sus actuaciones han de ser coordinadas con la policía y autorizadas por la justicia española.

Las mejoras del Convenio dejan intacto el volumen de fuerza: 8.000 militares; no abordan el control parlamentario sobre las bases, algo que sería impensable en Estados Unidos; no limitan las misiones que los norteamericanos pueden realizar desde las mismas y que podrían ser contrarias a la Ley de la Defensa Nacional y al derecho internacional; tampoco establecen límites geográficos a las operaciones que pueden apoyarse desde las bases, como ocurre con otros países como Australia, Japón o Filipinas, en los que Estados Unidos mantienen bases militares y, finalmente, según explicó Llamazares, no tienen en cuenta el riesgo del terrorismo yiadista para la población española ni contemplan una regulación de los servicios de inteligencia militar estadounidense en territorio español.