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Las cuotas impagadas a la Seguridad Social por parte de los ayuntamientos, los ministerios, las sociedades públicas y las comunidades autónomas se elevaron al término del primer semestre de 2010 a 260 millones de euros, una cantidad equivalente al 65% de la que el Gobierno y los agentes sociales han estimado en bonificaciones empresariales para fomentar los contratos a tiempo parcial de los jóvenes en paro y los desempleados de larga duración.
La remisión de estos datos al Congreso, a solicitud del PP, coincide con la petición del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en la convención sevillana de cargos municipales de su partido, de que hagan una campaña centrada en “la creación de empleo” ante las elecciones del 22 de mayo. Concretamente, Zapatero les pide que eviten “el rifirrafe” y lancen un mensaje “a favor del empleo en cada ciudad de España”.
Algunos socialistas reconocen que resultará difícil hacer creíble ese discurso cuando las finanzas municipales no les permiten pagar las cotizaciones a la Seguridad Social por los empleados que aún conservan su puesto de trabajo. Las cuotas impagadas por los ayuntamientos suman 140, 4 millones de euros, de los que 121 corresponden a consistorios andaluces.
Por no poder estar al día, muchos municipios andaluces no pudieron acceder a las ayudas del plan E para obras locales creadoras de empleo que puso en marcha Elena Salgado. Después Manuel Chaves les autorizó a emplear una parte de los 5.000 millones de euros que repartió para que pagaran deudas. Sin embargo, el monto total de cuotas impagadas sigue al mismo nivel.
También es notable la deuda de los ministerios al sistema. Al término del primer semestre de 2010 se elevaba a 121,7 millones de euros, 21 de los cuales correspondían a “recargo por morosidad”. El ministerio con mayor deuda (57 millones) era el de Educación, que a falta de funcionarios contrata parados del INEM para gestionar las becas y sólo cuenta con los profesores del exterior, Ceuta, Melilla, y la UNED. Le seguía Justicia, con 31,4 millones de deuda, y Cultura, con 11,8 pendientes de pago.
Aunque no se trata de aburrir con cifras al lector, no conviene olvidar algunos datos como los 2.341.838 euros que las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales deben en cuotas al sistema. Los pagos pendientes más abultados corresponden a la agencia de noticias Efe y a TVE. Súmese a ello 1.649.742 euros pendientes de pago de los llamados organismos autónomos --el Instituto Nacional de Estadística y otros entes del Ministerio de Economía debían 513.975, la cifra más elevada, seguida de los 477.054 euros de otros organismos pendientes de Sanidad-- y los 1.262.955 euros pendientes de liquidar por parte de las comunidades autónomas -- Andalucía debía 644.71 euros, seguida de Galicia con 305.725 y de Madrid con 218.424-- y se obtendrá una cifra global ligeramente superior a 260 millones de euros.
Esos impagos del sector público al sistema de solidaridad social representan más de la mitad de los recursos que ahora el Gobierno se dispone a perdonar a los empresarios –y no se acaba de perdonar a sí mismo-- para ver si colaboran con ofertas de trabajillos legales a tiempo parcial a jóvenes y parados de largo recorrido y ayudan a los candidatos a esa “tarea con mayúscula” de no perder las elecciones aunque a los adversarios de azul se les hayan subido las encuestas a la cabeza.
Una precisión sobre el Ministerio de Educación: su deuda con la seguridad social es más llamativa aún ya que buena parte del personal que se indica no implica pago a la Seguridad Social, ya que su previsión social está a cargo de MUFACE, es decir, a cargo del capítulo I y las aportaciones por clases pasivas son casi ridículas y no se computan en las cotizaciones a la Seguridad Social.
La deuda del ME se debe al personal laboral (poco) y a los interinos de los tres pequeños ámbitos de gestión directa que tiene.
Muchas gracias por tu precisión, amigo Geógrafo Subjetivo. Un fuerte abrazo.
Para no creerlos mejor es ni escucharlos.