El Gobierno consuma su política restrictiva de extranjería

Hemos venido escribiendo estos últimos de los pasos que iba dando el presidente Zapatero para introducir nuevos recortes legislativos en materia de política de extranjería y, tristemente, ahora toca explicar cómo se han consumado los malos presagios tras la aprobación, el pasado 15 de abril, del nuevo Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería de 2009. El Consejo de Ministros aprobó el texto tras analizar los preceptivos informes institucionales y alcanzar un acuerdo sobre su contenido con los agentes sociales el pasado 21 de febrero.

También se dio traslado de su borrador a las Comunidades Autónomas, invitándolas a realizar aportaciones pero, como de costumbre, las autonomías gobernadas por el PP optaron por responder con críticas, pero sin ninguna propuesta. Según el Ejecutivo, el Reglamento aprobado viene a consolidar la política de inmigraciónimpulsada por el Gobierno de Zapatero, basada en tres grandes puntos. Uno, la entrada y residencia ordenada y legal de los inmigrantes en España, vinculada a las necesidades del mercado de trabajo en nuestro país. Dos, la lucha contra la inmigración irregular y las redes de tráficos de personas. Y tres, la integración de los inmigrantes en la sociedad española, mediante un proceso de doble dirección que compromete tanto al recién llegado como a los españoles, en un marco de convivencia delimitado por el respeto a nuestra Constitución y a las leyes.

Según el Reglamento, el inmigrante tiene que llegar a España con un contrato de trabajo y la autorización de entrada no tendrá eficacia, si no se produce el alta del trabajador en la Seguridad Socialdurante los 3 meses de vigencia del visado. Para poder seguir en España, después de un año de su llegada, el inmigrante tiene que demostrar que se ha mantenido en el mercado de trabajo o que tiene derecho a prestación y el arraigo se considera una medida extraordinaria que se aplica caso a caso, pero no es ni debe ser la norma general. Además, se establecen los medios económicos que debe tener un empleador para poder contratar a un trabajador extranjero y se fija cuál es el mínimo de ingresos que se exigirá a los inmigrantes para residir en España y para solicitar la reagrupación familiar, que se actualizará anualmente. Se quiere evitar el mal empleador y el que incumpla el contrato firmado con el trabajador extranjero no podrá volver a contratar a ningún inmigrante en los 3 años siguientes.

Por otro lado, la llegada y residencia de emigrantes estará vinculada al mercado de trabajo de tal manera que cuando hay menos demanda de empleo en el mercado de trabajo español, la Ley no permite nuevas entradas de trabajadores inmigrantes. En el Reglamento, por primera vez, sedesarrollan los principios internacionales de protección a las víctimas de trata. Cuando una mujer inmigrante, en situación irregular en España, denuncia ser víctima de malos tratos, la ley paraliza el procedimiento sancionador por su situación irregular, hasta que un juez se pronuncie sobre su denuncia.

Respecto a los menores no acompañados, el Reglamento profundiza en la solución individual, atendiendo al interés superior del menor, que incluye facilitar la reintegración en su entorno sociocultural. El objetivo, según el Gobierno, es que ninguna mujer maltratada deje de denunciar por temor a consecuencias derivadas de su situación administrativa en España.

Sobre la famosa “tarjeta azul”, el Reglamento recoge un mecanismo ágil para atraer investigadores y personal altamente cualificado. El Reglamento también introduce novedades que van a permitir reducir los trámites. Por ejemplo, los inmigrantes no tendrán que presentar documentos que ya obren en poder de las administraciones y se posibilita la presentación de documentos por Internet.

Para el Gobierno, la política de inmigración se ejecuta promoviendo la regularidad y poniendo orden donde el PP dejó desorden. Se establece en estrecha coordinación del Ejecutivo con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, en diálogo y colaboración con los países de origen, con los que se conciertan acuerdos marco de cooperación, previa consulta y participación de los agentes sociales, las ONG y las asociaciones de inmigrantes y con respeto y cumplimiento de las políticas establecidas por la Unión Europea.