Segunda muerte de Salvador Allende

¿Se acuerdan de lo que decíamos la última vez, que estaríamos pendientes de la decisión del magistrado chileno Mario Carroza de exhumar el cadáver de Salvador Allende, treintaiocho años después de su muerte? Será a finales de mayo, principios de junio. Nuestro viejo amigo Peter Kornbluh, director del Chile Documentation Project del National Security Archive, recién llegado de Chile y con la información y la emoción a flor de piel, nos lo cuenta así: “Allende estuvo mucho tiempo enterrado en una tumba anónima en Viña del Mar. En 1990, a la caída de Pinochet, fue exhumado y vuelto a enterrar en la hermosa tumba que ahora ocupa en el mausoleo familiar en el Cementerio General de Santiago, cerca de otras víctimas de la dictadura militar como Orlando Letelier. Ahora volverá a abrirse esta tumba para comprobar de una vez por todas si se suicidó, como se ha dicho siempre, o fue asesinado en el marco del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”.

Hablamos con Kornbluh de esto en plena Pascua, lo cual presta involuntariamente al tema un lúgubre eco litúrgico. Hondas connotaciones resuenan en esta especie de “resurrección” política de Allende. Ha habido no poco debate en Chile sobre el tema y no poca oposición a reabrir la tumba y la autopsia del malogrado presidente, todavía objeto de viva controversia, por ejemplo en la película “Post Mortem” presentada en septiembre pasado en el Festival de Cine de Venecia.

No es que la autopsia de Allende sea ningún misterio: se puede incluso consultar en Internet. Sus autores la realizaron el mismo 11 de septiembre de 1973 y concluyeron que la causa de la muerte habían sido un disparo de bala en el mentón que atravesó limpiamente la boca y el cráneo y que salpicó de pedacitos de cerebro hasta los calcetines del difunto. El veredicto médico fue que el disparo mortal se lo podía haber infligido él mismo, es decir, que se suicidó.

Ciertamente con la boca pequeña admiten que, dada la explosión de la cabeza provocada por una herida así, cualquier herida adicional o suplementaria podría haber pasado desapercibida. Pero en realidad nadie duda del suicidio. Hay casi testigos del mismo, en la persona del médico de Allende y de sus guardaespaldas que estuvieron con él casi hasta el final. La muerte en sí se produce a solas, pero en un momento de soledad tan breve, que no es imaginable otra explicación ni nadie cree seriamente que hoy en día se vaya a descubrir otra cosa. Lo cual no es óbice para que se esté buscando a los mejores especialistas del mundo para este trabajo. Alguno de ellos será probablemente español.

Pero si eso es así, ¿qué necesidad hay de sacar al muerto de su tumba? ¿Por qué la familia Allende, con su hijas Isabel y Carmen Paz a la cabeza, se ha mantenido firme en su petición de exhumación ante el magistrado Carroza? Respuesta de Peter Kornbluh, que acaba de estar con ellos: “Porque esperan que la investigación de la muerte de su padre permita esclarecer qué pasó con otras personas”.

Después de muchos años de miedo y de punto final, el magistrado Carroza se encontró sobre su mesa hasta 726 casos de víctimas jamás investigadas de delitos contra los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Se calcula que hubo no menos de 3000 ejecutados sumariamente o desaparecidos bajo la dictadura militar. Sólo unos 200 militares han sido condenados por estos crímenes en los últimos quince años, y son menos de 20 los que cumplen condena en la práctica.

En esa lista de 726 nombres de muertos jamás investigados figuraba el de Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende Gossens. Cuando el magistrado Carroza decidió que todos y cada uno de esos 726 tenían derecho “a su día en el tribunal”, no se le escapaba que Allende y sólo Allende tenía la fuerza para tirar de todos ellos. De ponerlos ante los ojos del mundo y desafiar la desmemoria.

Hubo otros muertos en el Palacio de la Moneda ese día que no está claro si se suicidaron o cayeron por mano ajena. Pero incluso si la mano que apretó el gatillo era la propia, a poco que se pongan las cosas en su contexto resulta evidente que hay suicidios más espontáneos y menos. Si Pinochet no hubiera tomado al asalto la residencia presidencial, si sus aviones no la hubieran bombardeado, ¿se habría quitado la vida Allende? Esta pregunta sólo admite una respuesta, que inevitablemente sitúa su muerte y la de otros en la categoría de los crímenes contra los derechos humanos.

En cierto modo pues es como si Allende aceptara morir una segunda vez para que otros vivan. Para que la vida rota de otros salga a la luz. Para hacer justicia a aquellos que no tuvieron ninguna.

¿Por qué ahora y no antes?” “Porque por fin el proceso jurídico ha madurado lo suficiente como para que el golpe de Estado pueda ser examinado exclusivamente como un acto criminal”, razona Peter Kornbluh, autor de un monumental estudio sobre el caso Pinochet que se propone actualizar para 2013, cuando se cumplan cuarenta años del golpe. Para ello está viajando frenéticamente a Chile pero también a otros países que albergan documentos (secretos y no tanto) llenos de interés. “Hasta ahora se ha centrado mucha atención en el papel jugado por Estados Unidos, pero quedan muchas pistas para rastrear en el Reino Unido, en Brasil, en Canadá y por supuesto en España”, advierte Kornbluh. Nuestro país fue escenario de muchas idas y venidas de la famosa DINA, la policía secreta y criminal de Pinochet que oficiales de la misma CIA, que habían ayudado a crearla, acabarían comparando espantados con una especie de Gestapo andina.

Completar y actualizar la investigación sobre la muerte de Allende llevará no menos de un año. Más allá del ajuste de cuentas con el pasado, ¿es de esperar que emerjan sorpresas? “Nunca sabemos lo que no sabemos”, reflexiona Kornbluh, pero en su voz trasluce la convicción de que el tiempo de las grandes revelaciones ya ha pasado y llega el de la gran reflexión. El de aprender a saber qué hacer y cómo vivir con lo que se sabe.

Lo cual no es poco.