La sentencia de Bildu no hizo peligrar el apoyo de los nacionalistas a ZP
La posibilidad de que el Tribunal Constitucional declarase ilegal la candidatura de Bildu y de que ello conllevase, como amenazó Iñigo Urkullu, una ruptura del acuerdo parlamentario entre el Gobierno y el PNV no hizo peligrar en ningún momento los planes de José Luís Rodríguez Zapatero de mantener la legislatura hasta el final. El presidente, según sus allegados, no temió en ningún momento que el alejamiento del PNV implicase ninguna futura derrota parlamentaria que provocase un adelanto de las elecciones generales.
Las cuentas estaban hechas y representantes de los tres grandes grupos nacionalistas (PNV, CIU y CC) explicaron en privado el plan B si Urkullu se veía obligado a cumplir su amenaza. Formalmente, el PSOE debería soportar en soledad la aprobación de las -según la cuantificación que Alfredo Pérez Rubalcaba hizo el pasado miércoles en el Congreso- 55 leyes que pretende desarrollar el Ejecutivo de aquí a marzo de 2012. Pero lo cierto es que lo hubiera podido hacer sin problemas porque las leyes pendientes –incluso las de mayor envergadura como la de fijar el techo de gasto o la de nuevas reformas laborales como la de negociación colectiva, que deben debatirse de aquí a julio- no exigen contar con los 176 votos de la mayoría absoluta. Y la única ley pendiente que requerirá esa mayoría final es la de unos Presupuestos Generales del Estado que pueden ser perfectamente prorrogables dado que sólo valdrían para tres meses.
En definitiva, el desarrollo legislativo pendiente no necesita mayorías absolutas. De manera que las leyes podrían aprobarse simplemente si el PSOE pacta con los nacionalistas que se abstengan. Es algo que ya pasó en un momento tan decisivo como cuando el Congreso ratificó el decreto del 20 de mayo con las medidas de ajuste para reducir en dos años el déficit público hasta los 15.250 millones y para avanzar en el proceso de consolidación fiscal. Entonces pudo haber pasado lo de Portugal porque una derrota del Gobierno hubiera provocado un adelanto electoral, pero fueron los nacionalistas catalanes quienes salvaron los muebles simplemente absteniéndose.
Las cifras cantan. En la actual composición del Congreso, el PSOE tiene 169 diputados. Por su parte, los grupos que habitualmente votan en contra -juntos aunque por distintas razones-, el PP y la izquierda (ERC, IU-ICV, BNG y UPyD) suman 162 escaños. Y los nacionalistas ( CiU, PNV, CC y Nabai) cuentan con 19 votos. Los decisivos para inclinar la balanza a uno y otro lado. De modo que, si se abstienen, el PSOE, a solas, vence al PP y la izquierda por siete escaños. Incluso votando el PNV con el PP, sus seis escaños seguirían siendo insuficientes para derrotar al Ejecutivo si, como pasó el año pasado con las medidas de ajuste, CIU y CC se abstienen.
No es el caso. Y no lo es porque los líderes de CIU, PNV y CC lo han hablado entre ellos y lo tienen muy claro. En ninguna circunstancia están dispuestos a dejar caer al Gobierno y menos cuando les basta abstenerse. Temen que un adelanto electoral impida que los socialistas se recuperen lo suficiente como para evitar una mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Y se preguntan para qué les serviría gobernar en Catalunya y Euskadi si el PP tiene mayoría absoluta en Madrid.
Por eso el aviso de Urkullu tenía más de electoral, pensando en el 22-M, que de amenaza real de ruptura. En cualquier caso, afortunadamente, el Constitucional ha acabado resolviendo el problema como era debido. Y la estabilidad está garantizada. No obstante -lo verán muy pronto- muchas leyes problemáticas saldrán adelante sin más apoyo que el del PSOE y gracias a la abstención de los nacionalistas, que preferirán no mancharse las manos en asuntos que materialicen los ajustes que reclama la Unión Europea.
