UPyD se anticipa a las auditorías de Rajoy y pide a Gallardón que suprima 53 coches oficiales

El partido de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), no ha necesitado esperar a que el líder del PP Mariano Rajoy impartiera la consigna a sus nuevos gobernantes autonómicos de que apliquen el rigor, la austeridad y empiecen por auditar todas las cuentas de los socialistas, para marcarse el primer tanto político contra el dispendioso alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y sus acólitos bipartidistas.

La irrupción de UPyD en el consistorio ha sido fulgurante. Su portavoz David Ortega sorprendió a tirios y troyanos con la propuesta de “suprimir todos los coches oficiales o, por lo menos, reducirlos drásticamente”. Cundió el pánico. ¿Cuándo se ha visto a un concejal condenado a usar el transporte público? Gallardón, al que algunos correligionarios ya sitúan a la diestra de Rajoy en el Gobierno en pocos meses, ordenó a su vicealcalde Manuel Cobo que acudiera rápidamente a tranquilizar a “esa gente”. Y este Cobo colocó sobre la mesa un plan de reducción de 22 coches oficiales de la friolera de 134 de los que disfrutan todos los ediles, cargos y asesores.

El plan Cobo de reducción de autos sorprendió a su vez a la portavoz del PSOE, Ruth Porta, quien ha tenido que renunciar al cargo de portavoz adjunta en el Senado y se ha quedado sin coche oficial hasta la toma de posesión de otro. Se queja Porta de que el PP divulgue la reducción de coches sin esperar a la reunión en la que se van a distribuir las berlinas, los despachos y 3,27 millones de euros para pagar a los asesores. Cobo propone que en vez de 57 coches oficiales, uno para cada concejal, haya 35, uno por cada presidente de distrito, uno para cada concejal del gobierno local (ahora son 10), otro para el alcalde y uno por cada portavoz. A ellos se sumarían los de “incidencias”, que ahora son 77. Aunque la diferencia con la propuesta de UPyD de reducir el parque a 4 vehículos es notable, Cobo confía en “alcanzar un acuerdo”.

Si los madrileños se enteran ahora del dispendio de esos ediles tan ahorradores en suelas de zapatos –hace sólo dos semanas prometían meterse en las alpargatas de los parados y de los jóvenes indignados– no es por que Rajoy haya recomendado austeridad, transparencia y auditorías, sino por la irrupción de “esa gente advenediza” de UPyD a la que Francisco Granados, el todopoderoso jefe del PP madrileño y consejero de Aguirre, ha tildado de “demagoga” y que esta dispuesta a atacar la “corrupción objetiva y subjetiva” contra la que hace más de treinta años ya predicaba Tierno Galván.

En realidad, lo que el PP quiere lo dejó claro Gallardón unos meses antes de las elecciones del 22M, cuando pidió a Rodríguez Zapatero que cambiase varias normas para seguir endeudando al Ayuntamiento de Madrid, el más ruinoso de España, con una deuda de 7.145 millones de euros entonces. Quería gastar el ahorro de la rebaja del sueldo de los empleados públicos, que Madrid pudiera seguir endeudándose hasta el 80% de los pagos de todo el año y, en fin, financiar como deuda los gastos corrientes para diferir los pagos. Gallardón no ignoraba que las deudas de Madrid representan la cuarta parte de los 8.000 municipios y que sus demandas impedían cumplir el objetivo de déficit. Zapatero le dijo que no y salió de La Moncloa muy enfadado.

Otra cosa es que para evitar la quiebra de la sociedad Madrid Calle 30 –esa autovía de circunvalación de la que ha desaparecido la luz del sol y a la que llaman calle aunque no tenga aceras ni peatones--, el Ejecutivo permita al Ayuntamiento subrogarse en la deuda de 2.325 millones de euros para refinanciarla con su patrimonio. Pero ¿por qué los vecinos de Andujar, Chipiona o Ponferrada tendrían que pagar el boato y los festines de unos buitres de acero inoxidable que gastan en una gala más de lo que un batallón come en dos semanas?

No cabe engañarse. Rajoy no ha ordenado revisar las facturas ni los ingresos y gastos de los ayuntamientos porque sabe que la gestión de su pupilo y amigo Gallardón y la de algún otro regidor del PP brilla con luz propia mientas la mayoría cumplen el objetivo de déficit del 0,8% del PIB (el 0,3 para 2012) pese a que le Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el mandato de 4 años de los alcaldes no facilita los planes de saneamiento, corrección del déficit y recuperación de una posición de liquidez, como bien ha analizado el interventor de administración local Fernando Álvarez Rodríguez.

Rajoy sabe que el riesgo son las autonomías, que han gastado de más 4.995 millones de euros en el primer cuatrimestre del año, el 0,5% del 1,3% del PIB de tope máximo impuesto por Bruselas. Su orden de auditar y revisar las facturas, las contratas, las asignaciones a dedo donde han gobernado los socialistas, más que a una nueva estrategia amoniacal tras las manchas de la salsa Gürtel, responde a la necesidad de soltar cuanta más carnaza mejor para justificar los recortes de gasto contra los de abajo y mantener la aversión al PSOE como causante del mal hasta las elecciones generales.