La venganza de las togas sonroja a la clase política

Los jueces también lloran. Y los juristas de reconocido prestigio del Tribunal Constitucional hasta patalean, aunque lo que Elisa Pérez Vera, Javier Delgado y Eugenio Gay (los dos vocales y el  vicepresidente del alto tribunal, respectivamente) han hecho al presentar su dimisión conjuntamente, el pasado 7 de junio ante el pleno de este organismo, es más bien patear a la clase política que los nombró en el trasero del propio Tribunal Constitucional.

La bofetada en toda regla que supone la decisión pactada y consensuada entre los vocales  conservador y progresistas (Delgado, conservador y Pérez Vera y Gay, progresistas) de decir “hasta aquí hemos llegado” es un reproche en toda regla a José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy, así como a sus respectivos partidos, por no cumplir con su mandato constitucional de impulsar la reforma del Tribunal Constitucional, y mostrarse interesados sólo  en sus batallas partidistas. Si a ellos les han sacado más que los colores, en los medios de comunicación, en una batería de críticas promovidas desde PP y PSOE fundamentalmente, ellos quieren recordar a sus mentores que no tienen ningún interés en seguir ocupando su asiento ni un minuto más, ni soportando más críticas. Su dimisión presiona a Gobierno y PP y les recuerda que ya es hora de que se pongan de acuerdo para renovarlos. Que cada palo aguante su vela.

Hace más de  8 meses  que los juristas dimisionarios debían haber sido sustituidos en sus cargos (como también debía haber sido sustituido Roberto  García-Calvo, que falleció en 2008),  pero  las conversaciones entre PP y PSOE, para lograr un acuerdo que permitiese llevar una candidatura consensuada, merecedora de una mayoría cualificada de los votos (3/5 de la Cámara es la cifra que establece la ley y que obliga a ponerse de acuerdo a populares y socialistas para acometer esa renovación) encalló en un nombre: Enrique López, ex portavoz del CGPJ y actual juez de la Audiencia Nacional. Los socialistas lo vinculan a la línea más dura del PP, recuerdan su actitud “claramente partidista y sectaria” durante su etapa al frente de la portavocía del CGPJ, reiteran que se trata de incorporar “juristas de reconocido prestigio” y vetan su posible nombramiento, mientras que los populares defienden que ha sido propuesto por varios parlamentos autonómicos y esa voluntad debe ser respetada. Conclusión: las conversaciones están en vía muerta y no parece que haya voluntad por ahora de reactivarlas. De ahí que Pérez Vera, Gay y Delgado hayan tratado de poner en evidencia esta situación.

Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso de los tres magistrados del Tribunal Constitucional y que molesta sobremanera a no pocos de sus miembros es el trato dispensado al Alto Tribunal por los medios de comunicación, instigados, fundamentalmente, por los propios partidos políticos y sus “hirientes” argumentarios. El TC empezó a ser señalado  por la misma clase política que nombró a sus miembros cuando tardó cuatro años en dictar sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Y su fallo recibió no pocos ataques. Pero los ataques se han personalizado y extremado sobremanera a raíz del último y polémico asunto sobre el que han entendido: la legalización de Bildu. Las portadas de ciertos periódicos o la exposición de las fotografías de los miembros del alto tribunal  que apoyaron la legalización de Bildu en algunas cadenas televisivas, así como el mensaje reiterado de que “han metido a ETA en las instituciones”, supuestamente para contentar las aspiraciones de Zapatero, han generado un gran malestar entre los miembros del TC que, ni se sienten “esclavos de la voluntad de nadie”, en palabras de una antigua miembro del TC, ni hacen otra cosa que “aportar un criterio técnico y jurídico sobre aspectos que tienen que ver con valores fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna”, de acuerdo con su interpretación de la ley, que aquellos políticos que les nombraron deberían conocer de antemano.

Tal vez es mucho pedir a un diputado o a un senador que sepa a quién está votando y cuáles son sus  planteamientos jurídicos, su obra bibliográfica o sus criterios técnicos. “Yo no recuerdo si los he votado o no”, reconocía recientemente en una tertulia televisiva un diputado del PP, que criticaba con saña al Presidente del TC , Pascual Sala, y al resto de miembros que se decantaron por la legalización de Bildu. Concretamente, a Pascual Sala, no lo había votado, porque fue el CGPJ el que promovió su nombramiento, pero a buena parte de los  integrantes (progresistas y conservadores) del alto tribunal sí los votó, atendiendo a las indicaciones (un dedo al aire, sí; dos, no; tres, abstención) de su jefe en el Grupo Parlamentario Popular. Eso ocurrió así y está reflejado en las actas del Congreso de los Diputados, en el que este desmemoriado parlamentario ocupa un escaño desde 1993, después de haber ocupado otro en el Senado en la legislatura anterior.

Por ello, los miembros del TC se resisten a ser llamados “los del PSOE” o “los del PP”. Reivindican ser nombramientos “de consenso” y esperan que se reconozcan, ante todo, sus conocimientos y prestigio, especialmente quienes, con su voto, así sea inconsciente, inmaduro o por imperativo de su grupo, los eligieron para sentarse en el Alto Tribunal y hacerse cargo de todo tipo de asuntos, espinosos o no.

Dos de los magistrados dimisionarios, han sido objeto de este tipo de críticas y señalamientos. El tercero, el conservador Javier Delgado, presenta problemas de salud y lleva advirtiendo a sus  allegados, desde la aprobación de la sentencia del Estatut, que quiere abandonar el TC. Pero la exposición mediática y la lectura social que se está haciendo de sus últimas decisiones ha unido lo que tantos dictámenes no han logrado unir: han presentado su dimisión al unísono, han puesto en un  brete al poder legislativo y se han dado un cierto desahogo.

El problema radica en que su dimisión no ha sido aceptada por Pascual Sala y ahora están obligados a permanecer en sus puestos hasta que Zapatero levante el teléfono y se ponga de acuerdo con Rajoy, como ha ocurrido en otras ocasiones, para nombrar al presidente del CGPJ, o para acordar en un periquete la necesidad de prestar dinero y avalar a la banca española con dinero público. Mientras tanto, tal vez puedan intentar convocar una huelga de togas caídas o plantar una tienda de campaña en la madrileña Puerta del Sol, junto a los indignados del movimiento 15-M. Pero, salvo el derecho al pataleo, pocas otras opciones les quedan.