La abstención de CiU y PNV en la negociación colectiva salva a Zapatero

Con una negociación contrarreloj y a última hora, en la que tuvo que implicarse el propio presidente Rodríguez Zapatero, el Gobierno sacó adelante el miércoles en el Congreso la convalidación de la reforma de la negociación colectiva, contra la que se han pronunciado las centrales sindicales. “Nunca se había conseguido tanto con tan poco”, exclamó triunfal el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, después de la votación. Se refería a los beneficios de la abstención de su grupo: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales en los respectivos territorios. Pero si Zapatero no hubiera llamado al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, para pedirle su apoyo –en este caso, la abstención de sus diputados–, es seguro que el PSOE habría perdido la votación y la continuidad del Ejecutivo hubiera quedado en entredicho. Otra cosa es que a los nacionalistas les interesen las elecciones anticipadas.

Pero el Gobierno salvó el escollo. “Esta es la grandeza de la democracia”, exclamó Zapatero al finalizar la sesión. Los nacionalistas vascos consideraban que el texto remitido por el Gobierno era “infumable y contradictorio”. “No hay por donde cogerlo”, dijo el jueves pasado su portavoz en materia social, Emilio Olabarría, a este diario. Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, había manifestado el martes a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que su grupo iba a rechazar la reforma. La constatación de que el PSOE se podía quedar solo y perder la votación, lo que hubiera supuesto el rechazo del principal argumento del presidente Zapatero para agotar la legislatura, se produjo apenas una hora antes de que comenzase el debate.

Entonces el propio presidente y los vicepresidentes Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado se reunieron con Erkoreka y con Durán por separado y se comprometieron a introducir unas reformas en el texto de la futura ley que permitirá que “prevalezcan los convenios sectoriales de ámbito autonómico sobre los de ámbito estatal en numerosas materias” que no concretaron. Según Durán, además el Ejecutivo se habría comprometido a facilitar a los empresarios la distribución de más del 5% de jornada laboral (horas extras) que ya les reconoce la norma, ampliar los plazos de prórroga de los convenios, a incluir más medidas contra el absentismo laboral y a reconocer mayor flexibilidad en el caso de las empresas con dificultades.

Mientras el presidente y los dos vicepresidentes cedían a las demandas de los nacionalistas, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, prolongaba el debate contestando a los portavoces por separado para ganar tiempo. Carles Campuzano, de CiU, y Emilio Olabarría, del PNV,  se quejaron de la “trampa saducea” contenida en el artículo 84.3 del texto, según el cual los convenios autonómicos se convertirán en papel mojado cuando haya “pacto en contrario”. Olabarría extremó el argumento para intentar demostrar que con tal filosofía la propia norma sobre negociación colectiva podía llegar a ser perfectamente inútil.

El ministro Gómez negó que el esquema perjudique a las autonomías, pues trata precisamente de eliminar esa “zona gris” de los convenios provinciales, poco eficientes y reiterativos, en los que sólo se establece la jornada mínima y el salario básico en el sector, es decir, “el suelo”, por un marco de negociación autonómica y estatal. La cesión de última hora será el compromiso del Gobierno de que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales.

Por otra parte, será la empresa el ámbito prevalente de la negociación colectiva en todo lo relacionado con el salario, la ordenación del trabajo, la jornada, la conciliación de la vida laboral y familiar y, por supuesto, la contratación. La prórroga de los convenios no podrá ser superior a 8 meses para los de dos años y de 14 meses para los de más, pero CiU consideró escaso ese plazo, como también considera insuficiente la libre disposición del 5% de los horarios.

Cuando, al filo de las 14:30 del miércoles, los nacionalistas decidieron modificar su voto y pasaron del rechazo a la abstención, el propio ministro de Trabajo respiró aliviado. El marcador electrónico reflejó 259 votos en contra (PP, IU-ICV-ERC, BNG y UPyD), 269 a favor (PSOE) y 20 abstenciones (CiU, PNV, CC y UPN). Para conocer el detalle de las cesiones y evaluar si “rompen la unidad de mercado”, como se apresuró a denunciar la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, habrá que esperar a conocer las enmiendas parciales.