PSOE y CiU culminan una reforma de las pensiones que satisface al PP

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ayer, en su escaño del Congreso, durante la aprobación definitiva de la reforma del sistema de pensiones. / Juanjo Martín (Efe)

El PP ha aplicado en la reforma de las pensiones la máxima del obispo Talleyrand, según el cual, la oposición es el arte de estar en contra tan hábilmente que luego se pueda estar a favor. En efecto, los conservadores han votado en contra de una reforma que eleva progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, pero su oposición ha sido formal: evitaron presentar el veto en el Senado, no respaldaron la enmienda de totalidad de PNV, ERC e IU-ICV y no formularon ninguna enmienda significativa. De algún modo han considerado que los socialistas y CiU les dejan el trabajo hecho, y reconocen en privado que eso es bueno.

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De este modo, el pleno del Congreso ratificó el jueves con los votos del PSOE y de CiU las cuarenta correcciones introducidas por el Senado a una reforma que eleva la edad legal de jubilación de 65 a 67 años mediante una escala progresiva que comenzará a aplicarse en enero de 2013. La reforma fija un periodo de cotización de 37 años para tener derecho a la pensión máxima que corresponda, si bien reconoce que un trabajador con 38 años y seis meses cotizados se podrá jubilar con 65 años.

El nuevo sistema incrementa también de manera progresiva el cómputo de cálculo de la pensión desde los últimos 15 años cotizados en la actualidad hasta 25 –lo que favorece a los trabajadores de mayor edad que han perdido el empleo– y aumenta un año, de 62 a 63, la edad para acogerse a la jubilación anticipada, siempre y cuando se tengan 33 años cotizados. En situaciones de crisis, la edad de jubilación anticipada se rebaja a 61 años. Esta fue una petición de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que recogió CiU.

Otras novedades son la inclusión de los empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad Social a partir del 1 de enero del año que viene para equiparar sus derechos y cotizaciones con los demás trabajadores; el incremento de la base reguladora para las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años desde el 52% actual hasta el 60%.

La norma reconoce un periodo máximo de dos años de cotización a los becarios y a los jóvenes que realicen prácticas, y admite como cotizado un periodo de hasta cinco años a los trabajadores que hayan interrumpido su carrera profesional para criar a sus hijos –en caso de discrepancia, prevalece el derecho de las madres sobre los padres–. También contempla por primera vez la cotización parcial de los autónomos que realicen media jornada y les reconoce el derecho de representación en los órganos de gobierno de las mutuas.

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Para las empresas de más 500 trabajadores que obtengan beneficios y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 expedientes de regulación de empleo (ERE), se fija la obligación de que asuman el pago del subsidio por desempleo a los despedidos –330 millones de euros en el caso de Telefónica–. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, resaltó que esta medida era una “demanda histórica” de los sindicatos.

Los portavoces del PP, IU, ICV, ERC, BNG y ERC afirmaron que la reforma no garantiza la sostenibilidad del sistema y supone un recorte de los derechos de los trabajadores, algo que rechazaron de plano los socialistas y el titular de Trabajo, quien garantizó que las prestaciones serán más altas cuando en 2027 estén plenamente en vigor las modificaciones. Gómez dijo que con el voto de CiU era “suficiente” y auguró que “no pasará mucho tiempo” antes de que los grupos que no la han apoyado la asuman y respeten. Como se recordará, el PP proponía que la ampliación de la vida laboral hasta los 67 años fuera voluntaria.