Los indicios del esperado adelanto electoral

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Zapatero, el pasado domingo, durante una conferencia de prensa. / lamoncloa.gob.es

Oficialmente, sus señorías tendrán su última cita en el Congreso de los Diputados mañana miércoles, 27 de julio, con la celebración del Pleno Extraordinario en el que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene que informar de los resultados de la Cumbre celebrada entre los jefes de estado o de Gobierno de la zona euro el pasado 21 de julio. Después, dos reuniones de comisiones parlamentarias ese mismo día y el Congreso estará “cerrado por vacaciones” hasta el próximo martes, 13 de septiembre. Pero no todos los dirigentes socialistas, así como los populares,  confían en el retorno a la actividad parlamentaria en esa fecha tan poco apta para supersticiosos. La mayoría de quienes deciden líneas y estrategias de campaña tanto en el PP como en el PSOE apuestan a que Zapatero disolverá las Cortes Generales en septiembre. Unos aseguran que no dará tiempo a reabrir el Parlamento, mientras que otros consideran que la disolución llegará antes del 30 de septiembre, pero antes Zapatero concluirá la tramitación de la reforma de la Negociación Colectiva, la Ley de Telecomunicaciones y la supervisión del proceso de refinanciación y salida a Bolsa de las Cajas de Ahorros. Eso nos sitúa pasada la primera quincena de septiembre. Pero de lo que nadie duda es de que, en cualquier caso, las elecciones serán en otoño.

En realidad, no es preciso tener la sagacidad y perspicacia del teniente Colombo para llegar a esa conclusión, ya que hay un buen número de indicios que abonan claramente esa convicción de unos y otros de que el Gobierno de Zapatero tiene los días contados. Y esa cuenta atrás concluye a finales de agosto o en la primera mitad de septiembre.

Un buen ejemplo de la convicción del PP de ese adelanto electoral queda patente en su escaso interés por renovar los órganos constitucionales cuyos miembros han concluido su mandato y deben ser renovados. No son sólo los miembros del Tribunal Constitucional, sino que se encuentra en idéntica situación el  puesto de Defensor del Pueblo, o una parte de los miembros del Consejo de RTVE, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y un largo etcétera.  Pero, para el PP, no hay prisa. Es preferible esperar a que las próximas  elecciones (que- intuyen- están al caer y caerán de su lado) les otorguen una nueva mayoría y una posición dominante en todos esos cargos públicos cuyos consejeros se nombran en función de las mayorías parlamentarias de cada momento. Obviamente, para el PP no es el momento de renovar.

Tampoco en el PSOE ha habido interés por renovar, por ejemplo, el cargo de la presidencia de de RTVE, tras la dimisión de Alberto Oliart. Han sido los socialistas quienes han promovido el “parche” para aplicar a ese órgano,  que establece una presidencia rotatoria de la sociedad estatal RTVE: cada mes un consejero distinto ocupará la presidencia en un orden que quedó establecido por sorteo. Sin duda, ese “parche” apenas puede sostenerse un par de meses, por lo caótico que resulta. Pero los socialistas han preferido esta situación  de impasse antes que imponer un nuevo presidente y cargarse su propio modelo de RTVE, en el que el director general es nombrado por consenso en el Parlamento. “Así- interpreta un alto dirigente popular- pretenden obligarnos a nosotros a mantener ese modelo y pactar con ellos en el futuro el nuevo presidente”. Pero si el PSOE acepta esa situación transitoria es porque son conscientes de que va a mantenerse por un periodo muy breve. Probablemente, si Zapatero pensara agotar la legislatura y llevar las elecciones a marzo de 2012, se emplearía a fondo en el nombramiento de un nuevo presidente y no lo dejaría en manos de Manuel Arévalo (consejero nombrado a propuesta del PP), el primer mes y, a partir del siguiente, al consejero que le toque, por riguroso orden alfabético.

Los populares, por su parte, ven las elecciones tan cercanas que también contribuyen en cierto modo a adelantar la tramitación de algunos proyectos que critican con saña, pero que prefieren ver en vigor cuanto antes, para tener algún camino adelantado cuando ellos lleguen al gobierno de España. Es el caso de la reforma del sistema público de pensiones. Los populares criticaron desde la tribuna los recortes sociales de Zapatero y esa reforma de las pensiones. Pero no se han molestado en utilizar su mayoría parlamentaria en el Senado para imponer el veto al proyecto, ni se han sumado a los vetos que sí presentaron otros grupos minoritarios. De nuevo en el Congreso, los populares criticaron con dureza la reforma contra la que no se emplearon a fondo para evitar su puesta en marcha.

La voluntad del PP se verá de nuevo en la tramitación (si es que se llega) de la reforma de la negociación colectiva, que el portavoz socialista, José Antonio Alonso, quiere acelerar para poder aprobarlo definitivamente en los primeros 15 días de junio. Eso implica dar carácter de urgencia y aprobarlo no ya en pleno, sino en comisión. Y es muy probable que la comisión se tuviera que reunir antes del 13 de junio. Para ello, se requiere también que el PP, pese a su postura oficialmente crítica, haga la vista gorda y permita concluir la tramitación parlamentaria de otro proyecto de ley que le mereció un voto contrario y del que reniega.

No cabe duda de que, tanto en los cálculos de PP y de PSOE, estamos en tiempo de descuento. Y las elecciones generales serán en el mes de noviembre, muy probablemente. Zapatero se ha ido quedando solo en su idea de agotar la legislatura y ya ni siquiera menciona marzo de 2012 en sus discursos. Su partido, así como el PP, ya tienen reservados espacios publicitarios, así como polideportivos y otros lugares donde celebrar mítines. La evidencia del adelanto electoral es imparable.

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