Pajín se defiende con cifras en la batalla con las Comunidades del PP

La batalla abierta entre el Ministerio de Sanidad y la Xunta de Galicia, a la que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha sumado recientemente con su anuncio de que estudia seguir los pasos de la sanidad gallega en su “Catálogo de Medicamentos” sigue su curso judicial, pero acaba de iniciar una nueva fase: la guerra de las cifras. El Ministerio que dirige Leire Pajín ha hecho públicos los datos de reducción del gasto farmacéutico para demostrar que las políticas del Ministerio son más eficaces en el ahorro que las propuestas por la Xunta de Galicia. Esas cifras llegan después de que el Tribunal Constitucional, que admitió el recurso del Gobierno contra la Xunta de Galicia por una supuesta “invasión de competencias” del Estado, levantase, el pasado mes de junio, la suspensión cautelar de la aplicación del “Catálogo de Medicamentos” que la sanidad pública gallega puede suministrar a los enfermos.

Mientras el Tribunal Constitucional decide si la Comunidad que preside el popular Alberto Núñez Feijoo ha invadido o no competencias exclusivas del Estado, Galicia sigue aplicando su política de recortes del gasto farmacéutico y el Ministerio se esfuerza en demostrar, con cifras en la mano, que, en los meses de marzo, abril y mayo (los meses en los que estuvo suspendido cautelarmente el Catálogo de Medicamentos de la sanidad gallega) ese gasto farmacéutico no sólo se redujo en toda España, sino que, en Galicia, se recortó más de lo que habría ahorrado la Xunta con sus medidas.

De acuerdo con los datos que exhibe el Ministerio de Sanidad, el gasto farmacéutico se redujo en más de 30 millones de euros entre marzo, abril y mayo. Concretamente, fueron 10, 8 millones en marzo, 12, 4 millones en abril y 8,3 en mayo. La conclusión a la que llegan en el Ministerio de Sanidad es que, si Galicia prevé en su plan un ahorro del gasto farmacéutico de 100 millones anuales, de mantenerse el ritmo alcanzado con las medidas de adecuación de envases a la duración de los tratamientos, la comercialización de monodosis y la utilización de genéricos por las que apuesta el Ministerio de Sanidad, el ahorro sólo en Galicia podría superar los 120 millones de euros , mientras que en plan de Galicia se contempla un ahorro de 100 millones.

Los técnicos del Ministerio de Sanidad se acogen al propio texto del Tribunal Constitucional, que habla de un ahorro de 9 millones de euros en el mes que estuvo en vigor el catálogo gallego, para insistir en que tanto en marzo como en abril, con las medidas del gobierno central, el ahorro fue muy superior.

Mientras, tanto el Ministerio de Sanidad como la Xunta de Galicia temen que la decisión final del Tribunal Constitucional se demore, incluso, unos cuantos años, al gobierno central le preocupa el efecto contagio que pueda tener la actitud de la Conselleria de Sanidad de la Xunta de Galicia al resto de Comunidades gobernadas por el PP. De momento, sólo la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció su interés en estudiar la aplicación de ese catálogo gallego en su comunidad. Por eso, el Ministerio ha elaborado un informe detallado del ahorro que se ha realizado en cada Comunidad Autónoma durante esos tres meses. La Comunidad de Madrid, según ese informe, es la que mayor ahorro del gasto farmacéutico ha registrado con las recetas del gobierno central, seguida de Aragón, Castilla y León y Cataluña.

Ministerio y gobierno gallego esperan ahora la decisión final del Tribunal Constitucional, pero ya han abierto una nueva batalla, la de las cifras. Compiten por ver quién ahorra más y mejor y el gobierno pugna por demostrar que las medidas de recorte que el propio José Luis Rodríguez Zapatero anunció en mayo de 2010 no sólo se ajustan a la legalidad y respetan el reparto competencial del Estado, sino que son más efectivas. Pero enfrente no sólo tiene a la Comunidad Gallega, sino que se enfrenta a la posibilidad de que el poder autonómico del PP, que gobierna en la mayoría de Comunidades Españolas, se imponga y, cifras aparte, aproveche los lentos tempos del Tribunal Constitucional para arrebatar a Leire Pajín lo que el gobierno entiende es una competencia estatal, pese a que la gestión de la Sanidad esté transferida a las Comunidades Autónomas.