Zapatero y Rajoy pactan una reforma urgente de la Constitución contra las autonomías

El pleno del Congreso se reunirá el martes, 30 de agosto, para tramitar nada menos que la reforma de la Constitución con el fin de incluir el principio de “estabilidad presupuestaria” con tendencia al “déficit cero” entre los preceptos de la Carta Magna. La sorpresa saltó cuando el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó el anuncio de la reforma constitucional en su discurso de presentación del decreto de medidas económicas aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado y que fue refrendado por los socialistas y el PNV con la abstención de los restantes grupos. Como se sabe, estas medidas consisten en recetar genéricos, reducir el IVA de la vivienda nueva del 8 al 4% hasta el 1 de enero y obligar a las empresas que facturen más de 20 millones de euros anuales a adelantar el impuesto de sociedades. Con ellas se pretende ahorrar 2.000 millones en farmacia y recuadar 2.500 por anticipado.

Aunque una reforma de la Constitución son palabras mayores y, según Rosa Díez, no se anuncia por sorpresa, en vacaciones y se tramita a uña de caballo, con urgencia y lectura única, como propuso Zapatero; el presidente había hablado antes con los candidatos a sucederle, Mariano Rajoy Brey y Alfredo Pérez Rubalcaba, y obtuvo su apoyo. El más renuente fue Rubalcaba, pero al final aceptó la reforma y el procedimiento. “¿La estabilidad presupuestaria obligará a todas las administraciones?”, inquirió Díez. “Sí, es para todas las administraciones públicas”, contestó el presidente antes de instar a la dirigente de UPyD a aceptar la reforma “con naturalidad”.

¿Qué hay detrás de la urgencia?, ¿qué poderosa razón obliga al jefe del Gobierno y al líder de la oposición a imponer por mandato constitucional el techo de gasto, la estabilidad presupuestaria y el déficit cero? Zapatero se limitó a explicar que esto mismo es lo que están haciendo o planteándose hacer las otras grandes economías europeas. No citó expresamente a la canciller alemana Angela Merkel, promotora de la iniciativa, pero presentó la propuesta como parte del “compromiso” de consolidación de la Unión Económica y Monetaria y dijo que “significa también un paso relevante para fortalecer la confianza a medio y largo plazo en la economía española”.

Para los analistas políticos que en julio pasado no relacionaron la decisión de Zapatero de adelantar los comicios al 20-N con el fracaso absoluto, el día anterior, de la reunión de las autonomías y el Gobierno para aplicar el techo de gasto, vale decir que los máximos dirigentes del PSOE y del PP han visto en la reforma constitucional el único medio de meter en cintura a los poderes autonómicos y de obligarles a cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria para evitar la intervención de Bruselas. Aun así y todo será difícil evitar que el creciente aparato administrativo autonómico siga “esterilizando recursos”, según coinciden algunos expertos consultados.

Rajoy se mostró encantado con la propuesta. No sólo le resuelve un problema con los nacionalistas catalanes y con sus propios gobernantes autonómicos cuando llegue al Gobierno, sino que, como recordó, él mismo propuso esa modificación constitucional en un foro el 25 de julio de 2010, siguiendo el ejemplo de Alemania, y reiteró su planteamiento en el pleno del Congreso, el 30 de marzo pasado. Entonces le respondieron con “una descalificación en toda regla”. Y recordó que alguien le dijo en tono despectivo: “Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis plas va a acabar con la crisis”. Puesto que ese alguien no era otro que Rubalcaba, Rajoy se limitó a preguntar si el autor de las chanzas ha cambiado de opinión.

Aunque no se sabe si la reforma se incluirá como un nuevo apartado de los preceptos constitucionales referidos al sistema económico de libre mercado o irá como una disposición adicional nueva –la proposición de ley se registrará el viernes--, las Cortes la aprobarán por mayoría de dos tercios –para lo que basta con los votos del PSOE y el PP-- antes de su disolución, prevista para el 27 de septiembre. El pleno tramitará la proposición el 30 de agosto, luego en un plazo de siete días se formularán las enmiendas, se reunirá la Comisión Constitucional, la aprobará en lectura única y la remitirá al Senado, que repetirá el trámite sin enmiendas para que quede aprobada sin necesidad de volver al Congreso. Como formalmente no afecta a la estructura del Estado ni a los derechos fundamentales, no requiere ratificación en referendo.