Rubalcaba vende una reforma más suave, sin 'déficit cero', de la Constitución

El “déficit cero” no pasará. Esta fue la respuesta del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la reforma de la Constitución que José Luis Rodríguez Zapatero pactó con Mariano Rajoy sobre la estabilidad presupuestaria y le presentó la noche del lunes pasado como un hecho consumado. Rubalcaba aceptó el trágala, pero ayer vendió el logro de que no figure ni el déficit cero ni el 0,35% alemán ni ningún porcentaje en el nuevo precepto constitucional que PSOE y PP se disponen a aprobar urgentemente, antes de la disolución de las Cortes prevista para el 27 de septiembre, en lectura única y sin consulta a los españoles.

A cambio de ese logro, Rubalcaba aceptó una proposición de ley orgánica que contendrá la horquilla de déficit para el conjunto de las administraciones públicas. El compromiso de desarrollar por ley orgánica el límite de déficit que marque cada año la Unión Europea quedó incluido en el texto del nuevo artículo de la Constitucióna --el 135-- y también en un folio aparte que vincula al PSOE y al PP, gane quien gane las elecciones. La orientación general es que el déficit nominal debe volver al 3% del PIB fijado para el euro y reducirse hasta quedar en el 0,4% en 2020. Sólo en caso de catástrofe, recesión y emergencia extraordinaria, el déficit podrá superar el 3% establecido.

Con el argumento de que “no debemos pillarnos los dedos”, Rubalcaba convenció al PP de la inconveniencia de colocar porcentajes en el nuevo precepto constitucional. Ya lo hará Bruselas. Después, a través de su directora de campaña, Elena Valenciano, hizo saber que estaba tratando de que CiU y el PNV aceptasen el acuerdo. El presidente del PNV y principal aliado presupuestario del PSOE en esta legislatura, Iñigo Urkullu, rechazará hoy públicamente la forma y el contenido de la reforma, salvo que se amplíe para reconocer el derecho de los vascos a decidir su futuro en referéndum.

Mientras los negociadores del PSOE –José Antonio Alonso, Francisco Fernández Marugán y José María Benegas-- y los del PP –Soraya Sáenz de Santamaría, Cristobal Montoro y Alvaro Nadal-- daban forma a los textos y discutían los plazos, el malestar entre los diputados y cuadros socialistas seguía creciendo. Ante la política de hechos consumados de Zapatero, algunos preguntaban en privado ¿quién le ha puesto la pistola en la sien para que meta el neoliberalismo en la Constitución y deje malherido a Rubalcaba? Si estamos intervenidos, que lo explique abiertamente.

Aunque Zapatero aseguró la noche del martes a algunos miembros de la dirección del partido que había optado por la opción “menos dolorosa” –la que propuso Rajoy hace más de un año--, el desasosiego, la irritación y las críticas en el seno de su partido era de tal magnitud que Rubalcaba se vio obligado a trazar un plan: primero pedir “calma” a los compañeros hasta que se conozca la reforma, y segundo, convencerles de que gracias a su intervención se ha conseguido que no figure el “déficit cero”, que “era lo que quería el PP”, y se ha logrado una “flexibilidad” en la aplicación de la medida que “garantiza el estado del bienestar y los servicios sociales”.

Dicho de otro modo: que aunque el pacto Zapatero-Rajoy le haya dejado tocado del ala, el candidato socialista ya ha comenzado a remontar el vuelo en la negociación y además se dispone a aplicar una nueva política fiscal para que los ricos paguen la cuota de la crisis que no han satisfecho. No obstante, al incrustar como precepto constitucional el mandato de Bruselas sobre el límite del gasto público, los negociadores hicieron abstracción del hecho diferencial español --cinco millones de desempleados, el 20%-- que el propio Rajoy ha calificado “de calamidad”, Zapatero de “situación dolorosa y grave” y hasta el Rey, al recibir a Benedicto XVI la semana pasada de "insoportable",  en referencia al paro juvenil. 

Más allá del serio esfuerzo negociador de Rubalcaba, algunos juristas de gran prestigio consultados por este cronista dicen que es un disparate petrificar en la norma de mayor rango y perdurabilidad --la Constitución--, un fenómeno fluctuante en función de unas circunstancias económicas globales, como es la mayor o menor necesidad de endeudamiento público. Y añaden que si el nuevo precepto colisiona con el principio de suficiencia financiera del Estado autonómico y se tramita con un método no avalado por la propia Constitución –aunque sí por el Reglamento del Congreso--, en lectura única y a golpe de acortamiento de los plazos de enmiendas, el disparate aumenta de tamaño y al final deberá ser examinado a trozos y corregido o anulado por el Tribunal Constitucional.