Prohibido prometer: Rajoy prohíbe las promesas electorales

El pasado miércoles, 7 de septiembre, cuando el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, hizo pública la “aspiración” de su partido de crear 3´5 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura, en el entorno de Mariano Rajoy se echaron las manos a la cabeza. ¿Cómo se le ocurría a González Pons poner cifras de creación de empleo sobre la mesa? ¡Y nada menos que 3´5 millones de empleos en los próximos 4 años!, repetían por lo bajini desde la cúpula popular, mientras González Pons era invitado a “enmendar su error” inmediatamente. Obediente, el responsable de comunicación del PP se esforzó en matizar y aclarar, en una auténtica maratón ante cámaras y micrófonos, que la cifra no era más que un deseo al que había que aspirar.

En el imaginario político de la familia popular todavía pesan las promesas incumplidas de creación de 800.000 puestos de trabajo que un día hiciera Felipe González, o la “aspiración” de llegar al pleno empleo, que José Luis Rodríguez Zapatero lanzó en las últimas elecciones generales y que se ha tenido que tragar a medida que el desempleo se iba desbocando hasta rozar los cinco millones de parados. Por eso, la dirección del PP ha prevenido a los suyos: “Prohibido prometer”. Acarician la victoria electoral con las yemas de los dedos y cada encuesta les confirma que están a un paso de la Moncloa. Por eso, Rajoy no quiere ni un traspiés más.

Si el PP pasó buena parte de la presente legislatura atacando al PSOE por su errática e ineficaz  política económica, para luchar contra la crisis y cargando contra las subidas de impuestos, al tiempo que prometía una rebaja de los mismos cuando lleguen al poder, esa promesa ha pasado a mejor vida. Las órdenes de la dirección popular consisten en prometer austeridad y una reforma fiscal pendiente aún de detallar. Ya no hablan de bajar impuestos. Ahora el mantra que entonan sus dirigentes es “no subiremos los impuestos”. Por si acaso, no quieren pillarse los dedos como la canciller alemana, Angela Merkel, que llegó al poder prometiendo una bajada de impuestos que después no pudo cumplir.

Por lo demás, poco desvelan los dirigentes populares de esa reforma fiscal que tienen previsto poner en marcha en los tres primeros meses de la legislatura, pero sí avanzan, con cautela, que no se recuperará en ningún caso el Impuesto sobre el Patrimonio, que suprimió el gobierno Zapatero, que se aplicará una mayor progresividad en la fiscalidad y que tampoco se aumentarán los impuestos indirectos, porque, como señala un alto dirigente popular “desincentivan el consumo y eso es lo último que necesita nuestro país”. Claro que, preguntado por la fórmula que piensan emplear para incentivarlo, este mismo dirigente se remite a algo tan etéreo como “la confianza y la seguridad”, la que aporta la figura de Mariano Rajoy y de su nuevo equipo de gobierno, se entiende. Hasta aquí pueden leer los dirigentes populares. Esa es la instrucción que da el partido y que esperan se cumpla sin más errores a partir de ahora.

Para volcarse en explicaciones, los argumentarios populares ofrecen a sus representantes públicos toda una batería de cifras: las que ha cosechado el gobierno de Zapatero. Si alguien quiere recrearse (ese es el objetivo que se persigue) debe ahondar en los preocupantes datos de destrucción de empleo, en el elevado déficit, en la deuda española y en los bandazos económicos que el gobierno del PSOE ha venido dando a lo largo de la presente legislatura. Estos y no promesas de futuro, deben ser el argumento que convenza a la ciudadanía de la necesidad de cambio. Y, aunque las comparaciones son odiosas, hay que contraponer esos datos a los que arrojaba la economía española en 2004, cuando el PP abandonó el Ejecutivo. Hay que seguir comparando cómo estaba la economía española cuando el PP llegó al gobierno, en 1996 y cómo evolucionaron (muy favorablemente) en los 8 años en los que José María Aznar estuvo al frente del gobierno. La idea, confiesa una dirigente del PP, es recordar que “ya lo hicimos una vez y seremos capaces de volverlo a hacer ahora”. Una idea que, sin embargo, matiza en foros privados el que fuera entonces vicepresidente económico con Aznar, Rodrigo Rato, quien pone más énfasis del que muchos de los actuales dirigentes del PP quisieran cuando afirma que la crisis de los años 90, contra la que luchó aquel gobierno, y la actual no son en absoluto comparables.