Ya está aquí el programa de la derecha

Alguien cuyo nombre siempre confundo con otro del nunca me acuerdo dijo que la derecha no tiene programa, sino cartera. Luego, el mexicano Octavio Paz escribió que la derecha tiene más interés en sus intereses que en sus ideas. Y ambos asertos se verifican una vez más en las primeras líneas del programa electoral del PP, cuyos trazos gruesos se conocieron el domingo y que será aprobado hoy por el comité ejecutivo en Santiago de Compostela. Mariano Rajoy se compromete a “no negociar con ETA ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese”. Esa es su aportación personal para satisfacer a los del Talión.

Rajoy no se complica la vida con matices ideológicos. En materia económica es de derechas, y punto. Su compromiso estelar se dirige a la cartera y consiste en bajar los impuestos a las rentas del capital. Si Zapatero los elevó hace dos años hasta el 19%, su probable sucesor, según las encuestas, no quiere que ni un solo ahorrador le deje de votar. No concreta la reducción ni cuando la aplicará, pero el mensaje a la cartera es lo primero. Anuncia además otros beneficios fiscales para reactivar el mercado inmobiliario, como la reposición de la desgravación en el IRPF por compra de vivienda, según los tramos de renta de los compradores, y el mantenimiento temporal del IVA superreducido, es decir, el de los alimentos básicos.

En la consideración de la vivienda como un bien básico y no sólo como un instrumento especulativo, algo hemos avanzado, aunque tampoco el PP va a privar a la banca de sus beneficios reformando la ley hipotecaria para aplicar la “dación en pago” y dejar libres de amarras a los hipotecados. Por mucho que griten en las calles “ningún desalojo en los barrios rojos”, Rajoy irá más allá de una modificación inconcreta de la ley concursal que permitirá embargar otros bienes antes que la casa. En esto no se desmarca de Zapatero, cuya inquebrantable lealtad a la banca sólo le permitió subir a última hora de 600 a 900 euros el sueldo inembargable por el impago de la hipoteca, aunque, de pronto, Alfredo Pérez Rubalcaba prometa implantar la dación en pago.

Por cierto, que el programa del PP contiene medidas pro alquiler y compra final de las viviendas alquiladas de protección oficial muy similares a las del PSOE, pero ni uno ni otro prevén la prórroga de la ayuda de los 200 euros a los jóvenes hasta 30 años con contrato laboral para el pago mensual del alquiler de la vivienda. Esta ayuda beneficia a un promedio de 200.000 inquilinos y a otros tantos caseros, y desaparecerá en diciembre.

Sobre el principal problema del país, el desempleo, después de los ejercicios de manos para no pillarse los dedos con los números, Rajoy se ha puesto nostálgico, se ha despistado y ha dicho que si en 1996 heredaron un 20% de paro y lograron reducirlo al 12%, ahora pueden hacer lo mismo. Su mensaje porcentual es claro: reducirá el paro al 12% en cuatro años, lo que significa que si la población activa se mantiene en 22 millones, los trabajadores en paro no serán más de 2.640.000.

Claro que como entonces no había quebrado ni Lehman Brothers ni su delegado en España, Luis de Guindos, se había quedado en paro y quería ser ministro de Economía, y ahora han sobrevenido todas esas desgracias por culpa de Zapatero, la creación de empleo exigirá nuevos esfuerzos: la reducción de los sueldos de los trabajadores –no de los beneficios empresariales-- y  una nueva reforma laboral más dura contra los derechos sindicales y sociales. El PP no concreta, pero la patronal CEOE ha anticipado sus exigencias: despido más barato (12 días por año) y sustitución de los convenios sectoriales por pactos amarillentos en cada empresa.

La cautela preside el programa en materias como la sanidad y la educación universal. El avance dice que digitalizarán nuestras historias clínicas para que nos atiendan en todas las autonomías, y aunque no habla del “copago” anuncia una “cartera de servicios básica y común” en el sistema nacional de salud y reformas para ganar eficiencia gestora. En materia educativa, la enseñanza obligatoria será bilingüe y de calidad. Sobre la sostenibilidad del sistema de dependencia, nada. Y sobre las pensiones, una obviedad obligatoria por ley: subirán de acuerdo con el coste de la vida.

El PP no derogará la ley de plazos para abortar, pero la reformará para “reforzar la protección del derecho a la vida, así como el tratamiento de las menores”. El objetivo es “cambiar” el modelo. También en otro asunto controvertido en materia de derechos civiles como es el matrimonio de personas del mismo sexo, el programa mantiene la incertidumbre, aunque es sabido que Rajoy no está de acuerdo con el término “matrimonio” y prefiere las palabras “vínculo contractual”.

En materia antiterrorista, para acallar la presión de los sectores más dogmáticos del partido, con personajes de tanto peso como José María Aznar, Jaime Mayor Oreja o Esperanza Aguirre, Rajoy ha decidido introducir bajo el epígrafe La derrota de ETA, la promesa de que si gana no negociará con los terroristas “ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese”. En su comunicado sobre el cese definitivo del terrorismo, ETA pedía un “diálogo directo” con los gobiernos español y francés, y los altos dignatarios internacionales que se reunieron en San Sebastián solicitaron en el segundo punto de su declaración que los gobiernos fueran sensibles si se producía el final definitivo del terrorismo.

Al margen de ese extremo, la oferta del PP se puede resumir diciendo que es favorable y muy favorable al capital, beneficiosa para los empresarios –a los que se reduce el impuesto de sociedades al 25% como máximo--, hostil a los sindicatos, contraria a los derechos sociales, negativa para los creadores –con la supresión de las ayudas del Ministerio de Cultura--, ambigua sobre el Estado del bienestar --sobre todo, en materia sanitaria y de ayuda a las personas dependientes--, irrelevante en materia institucional --con anuncios como la dignificación del Tribunal Constitucional o la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para la reforma de los Estatutos de autonomía--, mínima en la reducción administrativa –pues sólo contempla la unión de los municipios que lo deseen-- y nula en la reducción de los privilegios de los políticos y altos cargos.

Ni siquiera la petición de Rubalcaba de “un político, un sueldo” se ha visto reflejada. Tampoco el clamor del movimiento de indignación del 15M contra un sistema electoral injusto y contra unas políticas sometidas a los abusos del capital y los mercados financieros que destruyen la cohesión social, ha encontrado el menor eco. Churchill, que ganó la guerra y perdió las elecciones, solía decir que la democracia consiste en doblegarse y aceptar algunas opiniones y razones de los demás. Pero Rajoy no es Churchill y quiere ganar las elecciones. Sobe la guerra, ya veremos.