Montoro y De Guindos discrepan sobre el agujero y dispersan responsabilidades

Puesto que los responsables del área económica del nuevo Gobierno, Luis de Guindos y Cristobal Montoro, no lograron el lunes ponerse de acuerdo sobre el desfase del déficit público en 2011 –De Guindos dijo que “es posible que supere” el 8% del PIB y Montoro afirmó que se mantendrá “en torno” al 8--, al final fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien precisó que es del 8,2%. Montoro anunció que el Consejo de Ministros completará este jueves el tijeretazo. El PSOE solicitó la comparecencia urgente de Mariano Rajoy en el Congreso para que explique un "castigo" que agrava la recesión.

De antemano sabíamos que la política no es una ciencia exacta --Otto Bismarck dixit--, pero las matemáticas, sí. Por eso y porque no debe ser tan difícil conocer las cifras de ingresos y egresos de las administraciones públicas, el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicita el desglose del desfase de dos puntos del PIB (del 6 al 8%) en el que se ha apoyado el presidente Mariano Rajoy para pegar el primer gran tijeretazo y castigar a los asalariados con la subida del IRPF.

Ayer quedó de relieve que los miembros del área económica del Gobierno discrepan sobre el agujero. No es lo mismo “algo más” de ocho puntos que “en torno” a ocho. Cada punto equivale a 10.000 millones de euros y cada décima, a mil millones. Si el desfase es del 2,2% del PIB, como señaló Fernández Díaz, supone que para cubrir esos 22.000 millones se necesita un ajuste suplementario sobre los 15.175 del tijeretazo del viernes.

Ninguno de los tres ministros ha respondido a la pregunta de Rubalcaba sobre el origen del desfase. De Guindos tuvo la oportunidad de realizar el desglose durante una entrevista a la Cadena Ser, pero dispersó la responsabilidad del agujero entre “todas las administraciones”.

Si fuera cierto que José Luis Rodríguez de Zapatero –para el que antes de fin de mes quedará una plaza libre en el Consejo de Estado-- y Elena Salgado –que ocultó un inmueble en la Costa Azul en su declaración de bienes-- lograron reducir el déficit a 40.065 millones de euros, el 3,70% del PIB, hasta finales de octubre pasado, el expresidente de Lehman Brothers para Europa y nuevo ministro de Economía estaría ocultando los datos de la mala gestión del PP en ayuntamientos y autonomías.

Salgado podó 8.133 millones de gasto hasta octubre de 2011, lo que supuso un 17% menos de déficit, y aumentó los ingresos impositivos un 1,2% respecto a 2010, alcanzando la cifra de 142.245 millones, debido a la mayor recaudación por IRPF (3,9%) y por IVA (2,6%), pese al descenso de un 5,2% en el Impuesto de Sociedades. Por tanto, si el anterior Gobierno cumplió, algo tendrán que ver las autonomías y los ayuntamientos, mayoritariamente gobernados por el PP, en el desfase que ahora exhiben contra los asalariados y las clases medias, al tiempo que disponen 100.000 millones en avales a la banca.

Desde el primer trimestre del 2011 se sabía que las comunidades autónomas no iban a cumplir el compromiso de déficit porque ya llevaban un desfase de 4.995 millones de euros, lo que equivalía a medio punto del PIB y superaba de largo el 1,3% para el conjunto del año. Se comprende que los ministros de Rajoy eviten señalar a sus compañeros, incluido el exalcalde de la ciudad más endeudada de la UE, Alberto Ruiz Gallardón, ahora titular de Justicia y notario mayor del Reino.

En la misma línea, llama la atención que hace sólo dos meses la Seguridad Social registrara un superávit de 5.610 millones de euros, pese al incremento del 5% del gasto en pensiones (77.799 millones de euros hasta octubre), el 2,4% en prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo (1.937 millones) y un descenso del 8% por incapacidad temporal (4.357 millones), y ahora la nueva ministra de Empleo, Fátima Báñez, anuncie la “entrada en déficit” del sistema.

Para el socialista Rubalcaba sería conveniente conocer a los responsables de la inefable gestión que acentuará la recesión de todos los españoles, no vaya a ser que sean del PP. Pero como no es fácil que lo consiga cuando se debata el tijeretazo, tendrá que apelar a los datos que le haya proporcionado Salgado, que no serán muy distintos de los facilitados al nuevo Gobierno, si bien es cierto que las autonomías no han rendido cuentas del último trimestre. En este juego no hay políticos buenos ni malos, sino incorregibles, que diría Borges.

Para la tercera fuerza política, IU, está claro que el PP ha aceptado revisar sus promesas fiscales para castigar a las personas con rentas del trabajo bajas y medias. “Los asalariados con ingresos inferiores a 53.000 euros anuales pagarán más del 50% del coste directo del tijeretazo”, explica su responsable económico, José Antonio García Rubio. Los pensionistas perderán poder adquisitivo porque el 1% de revisión es muy inferior a la inflación prevista por la Comisión Europea y, además, más de tres millones de ellos verán anulado este incremento por la subida del IRPF.

En contraste, añade García Rubio, no se tocan las SICAV, cuyos beneficios ningunea el ministro de Economía en sus declaraciones; no se modifica el Impuesto de Sociedades, ni siquiera en cuanto a sus deducciones y otros gastos fiscales, lo que lleva a que las grandes empresas paguen menos de la mitad por este impuesto que las pequeñas. Y tampoco se modifica la fiscalidad de las empresas con grandes beneficios ni la de los bancos. ¿Es posible mayor equidad?