Santamaría y Gallardón anuncian la involución judicial

6
Soraya Sáenz de Santamaría saluda a Alfonso Guerra, expresidente de la Comisión Constitucional del Congreso, poco antes de iniciar su comparecencia, ayer martes, ante esa comisión. / M. H. de León (Efe)

(Actualizado el 25-1-2012 a las 17:00 horas con los anuncios hechos por el Ministro de Justicia)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, confirmó este miércoles la involución anunciada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sobre la forma de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces. Se volverá al sistema de 1985 por el que los miembros de la judicatura elegirán a 12 de los 20 miembros del CGPJ y las Cortes Generales a los 8 restantes, 4 en el Congreso y 4 en el Senado. Gallardón añadió otras medidas polémicas como la implantación de la cadena perpetua, que recibirá el nombre de “prisión permanente revisable”; la revisión del aborto para que las menores de edad tengan que contar con la aprobación de sus padres o tutores para abortar y el “copago judicial” o aplicación de tasas extraordinarias para poder recurrir en segunda instancia en todas las jurisdicciones, salvo la penal.

Publicidad

La involución corporativa a favor de los jueces, cuya asociación mayoritaria y conservadora protagonizó dos huelgas generales contra los gobiernos de Zapatero, fue anticipada el martes en la Comisión Constitucional por la vicepresidenta Santamaría, que utilizó la infotáctica del “último minuto”, ya catalogada por el sociólogo norteamericano Alvin Toffler en su último libro Cambio de poder como un mecanismo para evitar la réplica y el debate. Pero ayer, la mayoría de los grupos se pronunciaron en contra cuando el ministro Gallardón justificó la vuelta al procedimiento de hace 27 años con el argumento de “despolitizar la Justicia”. El socialista Julio Villarrubia le acusó de “entrar como un elefante en una cacharrería” y manifestó el rechazo de su grupo a una “contrarreforma” que ataca directamente a la soberanía popular y “hurta al Parlamento” una de sus competencias fundamentales.

Con mayor claridad, Emilio Olabarría, del PNV, contestó al ministro que “el sistema que usted propone, el corporativista o gremial, es el peor porque vulnera los artículos 1, 2 y 17 de la Constitución, que establecen que la justicia emana del pueblo y la soberanía reside en sus representantes, es decir, en el Parlamento y también en las Cámaras Autonómicas”. Olabarría, que fue vocal del CGPJ, citó el nombramiento de un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en función de las conveniencias políticas, con lo que no negó la politización del CGPJ, pero recordó que el elegido en 1985 por el sistema corporativo “fue el que peor funcionó”. La navarra Uxue Barkos afirmó que la politización no es mala y prefirió hablar de la “partidización”, que ha bloqueado la renovación del Consejo.

Tampoco Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, y Mercé Pigen, de CiU, compartieron la involución por razones democráticas y constitucionales. Llamazares recordó el bloqueo de la renovación del CGPJ por interés de los dos grandes partidos. Y Pigen dijo que el sistema actual se construyó por consenso de cinco partidos y “no es la fórmula la que falla, sino la incapacidad de los dos grandes para ponerse de acuerdo”. Al igual que Olabarría, reivindicó la creación de los Consejos Autonómicos de Justicia, previstos en ocho estatutos autonómicos. En este punto Gallardón recordó la competencia exclusiva el CGPJ y su jurisdicción sobre todo el territorio nacional, y se mostró renuente sobre la descentralización. Sólo Rosa Díez, de UPyD, respaldó la propuesta del Gobierno del PP por entender que “hace efectiva la división de poderes y despolitiza la justicia”. Las asociaciones conservadoras de jueces (APM y Francisco de Vitoria) se congratularon del anuncio, y la progresista Jueces para la Democracia se mostró cautelosa.

Por lo demás, Gallardón, echó balones fuera sobre la aplicación de la ley de la memoria histórica –como hizo horas antes la vicepresidenta Santamaría--, dijo que el mausoleo del Valle de los Caídos no es de su competencia, contestó a Barkos que el tratamiento penitenciario agravado de los reclusos de ETA no era asunto suyo, sino de su colega de Interior; aseguró que la prisión perpetua sólo será para los casos muy graves; manifestó que la “dación en pago” de las viviendas embargadas “dispararía el precio de las hipotecas”; rechazó el término “copago” para bautizar el aumento de las tasas judiciales para recurrir –lo que, de hecho, niega la igualdad de los españoles, según denunciaron Llamazares y Olabarría-- y no dudó en exhibir el lema de que “la Justicia es cosa de todos”.

6 Comments
  1. celine says

    Hombre, pues sí, los de Amaiur son los más indicados para habar de regeneración democrática, desde luego.

  2. Jose says

    La PPecracia será nuestra desgracia.La PPecracia no es democraqcia. Se han pasado al Parlamento por la entrepierna, y ahora se quieren adueñar tambien del Poder Judicial. La PPecracia es autocracia, dirigida por un autócrata marrullero y desprogramado.

  3. ivg56 says

    «La PPecracia se quiere adueñar del Poder Judicial…», no como el PSOE, no te jode.

  4. KK says

    facciosos son

  5. Chinto says

    ¿Dónde está, que no se ve, La Democracia del PP? Actúan como lo que son: descendientes de un dictador.

  6. Jaime says

    La cara más dura y reaccionaria de la derechona que vuelve a mandar como suele, a ver si nos enteramos.

Leave A Reply

Your email address will not be published.