Morenés: “Tenía una vida mucho más fácil que ser ministro”

El ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, fue recibido el jueves por algunos grupos parlamentarios como un alto representante de la industria del armamento. “Han puesto el zorro en el gallinero”, le espetó sin contemplaciones Joan Tardà, de ERC, antes de preguntarle cuál es su posición ante la demanda de la empresa Instalaza, de la que ha sido consejero, pidiendo una compensación al Estado de 40 millones de euros por la decisión del Gobierno de suprimir las bombas de racimo, “las mismas que el sátrapa Gadafi empleó para bombardear al pueblo libio”. Con mayor suavidad dialéctica y no menor contundencia, Irene Lozano, de UPyD, le pidió que aclare su relación con la empresa Segur Ibérica, “beneficiada por la contratación de equipos de seguridad de su departamento”.

Morenés, que ha pasado varias veces por la puerta giratoria del sector público al privado y viceversa, aseguró que tiene la “conciencia limpia” y que cuanto posee es fruto de su trabajo. “No soy rico –dijo--, aunque sí habilidoso para generar puestos de trabajo, de lo que me siento orgulloso”. En respuesta a Tardà explicó que cuando dejó el Gobierno en 2004, en el que era secretario general de Política Científica y Tecnológica, se dedicó a trabajar. En 2005, el presidente de Instalaza le nombró consejero, “sin remuneración”, y, según dijo, contribuyó en la medida de sus posibilidades a ayudar a la empresa a superar una situación dificil.

El ministro dijo que había sido consejero de Instalaza hasta 2007 y aseguró que la demanda de indemnización por los daños de la supresión de las bombas de racimo se resolverá en los tribunales, sin que él haya tenido, tenga o vaya a tener intervención alguna en el asunto. “No tengo vinculación ni hipotecas del pasado”, aseguró. “Me siento muy honrado de que el presidente me llamase para ser ministro y he tenido que abandonar muchísimas cosas que no creo que, por la edad (63 años) vuelva a recuperar. Tenía una vida mucho más fácil que ser ministro”, afirmó.

Sobre su relación con la empresa de seguridad Segur Ibérica, con múltiples contratos con las administraciones públicas, aclaró que no tuvo tiempo de ejercer la jefatura y de tomar decisión alguna, pues “me nombraron presidente y a los 15 días me nombraron ministro”. De este modo negó implícitamente que hubiera incurrido en tráfico de influencias. “Creo que he sido el presidente más breve de esa empresa”, añadió. No obstante, a lo largo de su comparecencia defendió la industria del armamento, cuyas empresas también desarrollan y fabrican en todos los casos tecnología y productos civiles.

Sobre la “deuda de la defensa”, cifrada en 27.364 millones de euros hasta 2025, debido a los grandes planes de adquisición de sistemas de armas, manifestó que “ha sido un camino para otros desarrollos económicos y sociales y gran parte de ella vuelve al Estado y al conjunto de la sociedad a través de los impuestos”. También anunció un “nuevo ciclo de planeamiento” con la vista puesta en los retos y necesidades de la segunda mitad de la próxima década, y en la que, como se hizo en los años noventa, invitó a participar a los grupos parlamentarios.

Sin novedades legislativas, los principales anuncios del nuevo ministro fueron el acuerdo con el secretario de defensa estadounidense, León Panetta, de constituir cuatro mesas de trabajo para desplegar en Rota el escudo antimisiles, aceptado por el último gobierno de Rodríguez Zapatero, y la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los inmigrantes integrados en las Fuerzas Armadas, algo que ya figuraba en el programa del PP y que no supone novedad respecto a la situación actual.

Las Fuerzas Armadas españolas cuentan en la actualidad con 5.900 extranjeros, según los últimos datos oficiales. La mayor parte de ese 7% del contingente de tropa y marinería profesional son jóvenes de países de América Latina, principalmente de Colombia y Ecuador, que tienen derecho a la nacionalidad a partir de los dos años de residencia, formen parte o no del Ejército. La medida sólo afectaría positivamente a los procedentes de Guinea Ecuatorial, aunque el anuncio podría servir para agilizar los trámites, que ahora tardan dos años y medio. Por lo demás Morenés anunció una comparecencia específica sobre la retirada total de Afganistán en 2014 y la reducción de tropas en Líbano.