Fernández Díaz rompe la línea dura del PP y abre la "reinserción" a los presos de ETA

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado la “aplicación de una política penitenciaria de forma individualizada” a los presos de ETA, y ha prometido actuar “con generosidad, en el marco de la ley” con los que abandonen la disciplina de la banda terrorista y pidan perdón a las víctimas. Su decisión abre la puerta a los traslados, la progresión de grado penitenciario y la salida de los enfermos graves y los que han redimido sus condenas. El portavoz socialista Antonio Hernando, estrecho colaborador de Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró plenamente de acuerdo con esta decisión y respaldó sin fisuras una actuación que quiebra la “línea dura” del sector inmovilista del PP que encabeza Jaime Mayor Oreja.

La primera comparecencia ante la comisión parlamentaria de Interior del nuevo ministro se caracterizó por la amplitud y concreción, con “diez líneas estratégicas” de actuación en todos los temas de seguridad desde una perspectiva “poliédrica”. Si el más polémico será el incremento de las penas de prisión para los que cometan más de dos pequeños delitos -tironeros y ladrones urbanos-, el más importante para el ministro será la gestión de la desaparición de ETA. Después de evocar los sacrificios de las fuerzas policiales y la judicatura, de valorar la decisiva cooperación internacional y, sobre todo, la actitud de las víctimas en un proceso que, según dijo, “nos permite vislumbrar el fin del terror”, considera llegada la hora de "lograr entre todos que ETA desaparezca definitivamente”.

En ese sentido se comprometió a actuar con “prudencia e inteligencia”, sin “bajar la guardia”, porque “son muchas las veces que han burlado a la sociedad”, y pidió a todas las fuerzas democráticas que actúen con “unidad y discreción” para lograr que la banda terrorista se disuelva. La verdadera prueba del fin de ETA será la entrega de las armas y la petición individual de perdón a las víctimas. En su intervención, muy medida, anunció la inminente aprobación del reglamento de la ley integral de víctimas, la participación de su departamento en la construcción en Euskadi de un centro memorial de las víctimas y se comprometió a seguir investigando la autoría de los atentados pendientes de aclarar para que ninguno quede impune.

En este contexto, reconoció que “la política penitenciaria es una de las partes más sensibles del proceso” porque, según dijo, todavía en las últimas semanas, “el 95% de los presos de ETA han tenido que secundar directrices de la organización; por eso vamos a aplicar una política penitenciaria de forma individualizada y actuaremos con generosidad en el marco de la ley”, en referencia a los presos que pidan perdón a sus víctimas y reconozcan que el terrorismo es un camino bloqueado y ETA debe desaparecer. Anunció además que “desde el Ministerio del Interior se apoyarán las iniciativas que permitan deslegitimar la violencia” y aislar socialmente a “los totalitarios”.

Aunque los portavoces advirtieron la disposición de Fernández Díaz a avanzar para hacer irreversible la paz frente a una maniobra táctica de ETA, el representante de Amaiur, Iker Urbina, interpretó sus plabras como “más de lo mismo” y pidió el “fin de la política de ilegalización, el cese del régimen penitenciario especial para los prisioneros políticos vascos, la liberación de los enfermos y la reparación de todas las víctimas”, incluyendo los 204 muertos y los más de 5.000 torturados en el “conflicto”. “Hay que recoger la verdad de todas las partes, huyendo del escenario de vencedores y vencidos”, afirmó en referencia al memorial de las víctimas. El ministro evitó polemizar.

Situación de los presos

Del total de 559 reclusos etarras en España, 19 disfrutan de medidas de libertad controlada: 10 en sus domicilios porque están gravemente enfermos y 9 porque salen a estudiar o trabajar a la calle. Estos pertenecen al grupo de disidentes de Nanclares de Oca (Álava), expulsados del colectivo de reclusos de la banda (el EPPK), que han renunciado a la violencia y han pedido perdón a sus víctimas.  En Nanclares hay en total 24 disidentes, entre ellos Idoia López Riaño, Tigresa, y su compañero, Joseba Arizmendi.

De los 559 reclusos, 181 están ya en segundo grado penitenciario y podrían obtener permisos para disfrutar de días de libertad. El principal problema es que muchos mantienen la disciplina del colectivo. Por iniciativa de la organización, unos 500 remitieron cartas a la Audiencia Nacional en noviembre pasado solicitando beneficios penitenciarios. Para demostrar la solidez del colectivo, solo 80 los pidieron para sí. El resto lo hizo para otros reclusos de cárceles alejadas.

El acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco y Pamplona es físicamente posible ya con los nuevos centros de Nanclares (720) plazas, Pamplona (504) y el que se está construyendo en Martutene (Guipúzcoa), con medio millar de celdas. Unos 120 tienen causas por las que todavía no han sido juzgados y 144 están reclusos en el extranjero.