Fernández Díaz declara de 'utilidad pública' la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

Imagen de archivo de Antonio Poveda, presidente de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). / flgtb.org

La casualidad existe y es caprichosa. Ha querido en esta ocasión que unas horas después de que el demoscópico ministro democristiano de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, anunciase la supresión de la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), su colega de Interior, no menos demócrata ni menos cristiano, Jorge Fernández Díaz, declarase “entidad de utilidad pública” la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) e insertase su decisión en el BOE del 2 del corriente.

Se argumentará, no sin razón, la falta de relación entre ambos actos o decisiones gubernamentales, aunque si profundizamos en el asunto enseguida descubrimos tras la hojarasca episcopal la principal razón del rechazo a la EpC: el reconocimiento y la descripción de una realidad familiar distinta a la contemplada en el derecho canónico. Hoy hay familias monoparentales, de gays, lesbianas y transexuales. Y esa normalidad del paisaje social, lo mismo que la derivada de la inmigración, no debe hurtarse a los escolares por la misma razón que del paisaje natural no les hurtan las cordilleras.

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¿Pedirá la Conferencia Episcopal que se borre el Tajo porque huele mal y va lleno de pecados? No parece razonable. La realidad no se borra con la supresión de una asignatura que ayuda a comprenderla y, que en contra de lo que vienen predicando los obispos desde junio de 2007, nada tiene que ver con “la formación de la conciencia moral de los alumnos” y mucho con la consideración, respeto y amor al prójimo, sea negro, blanco, amarillo, de familia compuesta por dos hombres, por uno, por dos mujeres, por una o por un abuelo.

Los obispos que con tanta inquina han atacado la enseñanza de la ciudadanía, como si hacer buenos ciudadanos no fuese obligación de los educadores, no han ocultado su algazara ante el anuncio de Wert. Les parece una “buena noticia” que se elimine la asignatura. Y algunas asociaciones confesionales de padres de alumnos también se han felicitado por la gran decisión del señor ministro, que a la hora de ilustrar a los oyentes de la Cadena Ser sobre el “adoctrinamiento ideológico” que atribuye a la asignatura no ha dudado en mentir con intención de engañar, leyendo párrafo y medio de un ensayo publicado por Akal que de antemano sabía que no era un libro de texto.

La caverna y quienes utilizan la enseñanza publica para la captación de prosélitos a costa del erario público están contentos, ya tienen su primer triunfo. Pero la realidad es insoslayable y por eso y porque la ley obliga, el ministro Fernández Díaz no ha tenido más remedio que reconocer y calificar a la FELGTB de “utilidad pública” y, con ello, y aunque sea por casualidad, contribuir a desmentir la impresión de que todo en este Gobierno será dogmatismo, burricie y frontalidad.