Los sindicatos quieren obligar a Rajoy a negociar con 60 manifestaciones mañana

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) quieren que las sesenta manifestaciones que han convocado este domingo a partir de las 11 de la mañana en todas las capitales de provincia y ciudades importantes se conviertan en un “clamor popular” que obligue al Gobierno de Mariano Rajoy a reconsiderar su “extremadamente agresiva” reforma laboral y a “sentarse a negociar” para subsanar el desequilibrio en el trato al capital y al trabajo. Ambos sindicatos aplicarán una táctica pausada, bastante distinta de la que el jefe del Gobierno esperaba. Quiere decirse que no están dispuestos a quemar la última baza, como han hecho las formaciones nacionalistas en Euskadi y Navarra al convocar huelga general para el 29 de marzo.

Las dos grandes fuerzas sindicales confían en llenar las calles en esta primera movilización contra una reforma laboral que califican de “injusta” con los trabajadores, “ineficaz” para la economía e “inútil” para el empleo. El trípode de calificativos será, de hecho, el lema de las marchas. Los argumentos son tan sencillos como sentidos por todos los asalariados: despidos más fáciles y baratos, rebajas salariales en función de los intereses de los empresarios y laminación de la concertación social y del papel de los sindicatos. Todo ello, después de un acuerdo de “moderación salarial” suscrito con la patronal que garantizaba la paz social.

Las manifestaciones y concentraciones cuentan con el apoyo de las formaciones de centro-izquierda, singularmente el PSOE e IU en todo el país, a las que hay que sumar las autonomistas y nacionalistas de izquierda en los respectivos territorios. Pero mientras la dirección federal de IU, comenzando por su coordinador general, Cayo Lara, acudirá a la marcha de Madrid, que encabezarán Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo, el nuevo secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, no participará para evitar los reproches de la derecha. Varios miembros de segundo nivel en la Ejecutiva socialista, el secretario general de Madrid, Tomás Gómez, y la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, representarán al PSOE, que ha movilizado a sus agrupaciones.

Para los sindicatos es la del domingo la primera movilización de un proceso “creciente y sostenido” que será largo –la próxima convocatoria es el 29 de febrero por el empleo, en vísperas del Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo-- y contempla una campaña de información en los centros de trabajo para que los asalariados conozcan las consecuencias de una reforma que, según Toxo, “ha salido de las plumas de CEOE y la FEDEA” o Fundación de Estudios de Economía Aplicada, una entidad de corte neoliberal que preside Josep Oliu, del Banco de Sabadell y reúne en su patronato y comité ejecutivo a banqueros y representantes de las empresas del Ibex.

Si el dirigente de CCOO confía en que la presión de los ciudadanos, que son los auténticos destinatarios de la reforma, obligue al Gobierno a rectificar y a abrir el proceso de negociación con los sindicatos que tenía que haber realizado antes, máxime si, según ha reconocido el propio Rajoy, no va a servir para crear empleo, el líder de UGT, Méndez,  explica abiertamente que “no vamos a morder el anzuelo de la huelga general”, que era lo que el Presidente pensaba.

Tanto Toxo como Méndez tienen claro que las decisiones del Ejecutivo acentúan la recesión económica y que esta reforma, “más propia de un país intervenido”, diseña un horizonte de “empobrecimiento de la sociedad española” que perdurará más allá de la recesión. “Pero no vamos a seguir el juego del Gobierno, para que la opinión pública española no se entere de lo que significa esta reforma laboral, sino que vamos a informar sobre lo que perdemos todos, los jóvenes, los mayores, los parados sin prestación y hasta los trabajadores de las administraciones públicas, ya que facilita la privatización de los servicios públicos”, explica Méndez.

Ambos sindicalistas han hablado a lo largo de la semana con los grupos parlamentarios y han obtenido el compromiso del PSOE de presentar una enmienda a la totalidad y las consiguientes parciales en el proceso de tramitación, y también han coincidido con Lara, de IU, con el que se reunieron el viernes, en que el decreto posee preceptos “inconstitucionales” que podrán ser recurridos. Pero su objetivo es ahora que el Gobierno perciba la presión social en la calle, acepte negociar y evite el conflicto y la quiebra de la paz social.