El lujo de ser catalán

Marta Lasalas *

BARCELONA.– Un euro por receta. Esta es la nueva tasa que tendremos que pagar los catalanes a partir del 1 de junio cuando acudamos a una farmacia con una receta de la sanidad pública. Se trata de una iniciativa del govern de CiU que ha prosperado gracias a la abstención del PP -la misma aritmética que ha permitido impulsar una nueva tasa turística-. El govern no quiere hablar de copago. Prefiere hablar de un ticket moderador que debería servir para reducir el consumo excesivo de medicamentos. Al final, sin embargo, le llamen como le llamen, el resultado es que los catalanes tendremos que volver a pagar más.

La idea de que ser catalán sale muy caro se ha instalado ya en la opinión pública y sobrevuela tertulias y sesudos artículos de opinión. Es de sobra sabido que sólo en Suecia y la isla caribeña de Aruba se paga un IRPF más elevado que en Cataluña. No habría problema si el pago superior fuera acompañado de unas prestaciones sociales también superiores. Pero no es este el caso. Al contrario. La música de los recortes se está haciendo tan conocida y pesada en Cataluña como la canción del verano cuando arrecia la canícula.

Precisamente, la víspera de la aprobación de las nuevas tasas el govern anunció una nueva rebaja del sueldo de los funcionarios. Si hace unos meses el recorte salarial fue del 3%, el lunes cayó un 1,8% más. CiU confiaba que fuera el gobierno del PP quien aplicara el recorte en el sueldo de los empleados públicos, con lo cual habría pasado al ejecutivo de Rajoy el marrón de una decisión tan impopular. Pero el ministro Cristóbal Montoro descartó esta medida. También. Fue un nuevo revés para el esfuerzo de contención catalán mientras crece la impresión que los recortes son menos dolorosos en otros territorios del Estado. Noticias como el crecimiento del presupuesto de Andalucía mientras Cataluña batalla por reducir el déficit han causado auténtica indignación.

Y al final, todos los caminos conducen al meollo de la cuestión: el déficit fiscal. No es que los catalanes sean expertos en hacienda pública, pero es innegable que ciertos conceptos zascandilean insistentemente entre la opinión pública aguijoneando como dolorosas avispas. Uno de ellos es el déficit fiscal, la diferencia entre lo que Catalunya aporta al Estado con sus impuestos y lo que recibe a cambio.

Precisamente esta semana, un día antes del anuncio del nuevo recorte de sueldo de los funcionarios y dos días antes de la aprobación de las nuevas tasas catalanas, el govern hizo público los últimos estudios sobre balances fiscales. Pocas novedades. El déficit fiscal de Cataluña supera el 8 por ciento del PIB, el doble del máximo permitido en Alemania según recuerda a menudo Artur Mas. Un total de 16.409 millones de euros en 2009. El conseller Andreu Mas Colell fue muy gráfico cuando explicó en rueda de prensa que de cada euro que pagan los catalanes 43 céntimos se invierten fuera de Cataluña. Si en una situación de normalidad estas cifras pueden resultar sorprendentes, en plena crisis económica y con los recortes al acecho, el efecto es devastador.

La sensación de agravio económico se ha convertido en un atizador incansable que aviva el sentimiento soberanista en Cataluña. La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, señala que el 51% de los catalanes están totalmente a favor de que Cataluña recaude y administre sus impuestos –eje central de la propuesta de pacto fiscal que defiende Mas-. El 25,3% se declara bastante a favor de esta idea. Es decir, un 76% de los encuestados, frente al 16% que se muestra bastante o totalmente en contra. Muchos han llegado a la conclusión de que lo realmente caro es formar parte del Estado español. Según la misma encuesta, el 44,6% de los catalanes votarían a favor de la independencia de Catalunya y la primera razón que argumentan para apoyar un proceso secesionista es “la capacidad y deseo de autogestión económica”.

El president Mas ha dejado entrever este mensaje en numerosas entrevistas a diferentes medios internacionales y el ex president Jordi Pujol, otrora mesurado en esta cuestión, se ha convertido en uno de los principados abanderados de un independentismo desacomplejado. Los envites del gobierno de Rajoy y el PP en temas sensibles como la lengua o la guerra de banderas no hacen más que alimentar el malestar.

El miércoles, el Parlament comenzó a tramitar la ley de consultas populares, una norma que permitirá convocar a los ciudadanos sin necesidad de autorización del gobierno del Estado. CiU no esconde la voluntad de, ante una negativa del PP al pacto fiscal, convocar una consulta sobre la propuesta. Esta vez, la Generalitat se prepara para un pulso en toda regla al gobierno español.

(*) Marta Lasalas es periodista.