El PSOE tienta a Rajoy a sacar 10.000 millones más de fortunas y empresas

Por si quedaba alguna duda de la “oposición constructiva” del PSOE, acaba de registrar su portavoz, Soraya Rodríguez, dos proposiciones no de ley con la mejor voluntad de ayudar al presidente Mariano Rajoy y a su ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a cuadrar el Presupuesto del Estado de este año y reducir el déficit público por la vía de los ingresos. Una propone reformar el Impuesto de Sociedades para que los grandes grupos empresariales paguen al menos como las pymes. La otra proposición solicita al Gobierno que envíe en el plazo de tres meses una ley fiscal sobre grandes fortunas. Entre una y otra iniciativa estiman que se podría recaudar 10.000 millones de euros más al año, con la consiguiente garantía para los servicios públicos esenciales.

La revisión del Impuesto de Sociedades reportaría, según los cálculos consignados en la propuesta, unos 7.100 millones anuales suplementarios. Para ello bastaría con modificar el decreto de 5 de marzo de 2004, racionalizar “los beneficios fiscales” y limitar la caída de la recaudación. Más allá de la necesidad de la revisión del sistema fiscal en su conjunto, los socialistas proponen establecer “una nueva cuota mínima” sobre el resultado contable positivo, limitar los gastos financieros deducibles en los grupos de sociedades y, entre otras cosas, corregir los abusos que puedan producirse en la deducción por doble imposición.

Razonan esta propuesta de emergencia diciendo que el impacto de la crisis y el desplome de la recaudación del sector inmobiliario nos colocan 8 puntos por debajo del promedio de la zona euro. Y aportan unos datos de la Agencia Tributaria según los cuales el Impuesto de Sociedades ha bajado en términos de caja de 44.823 millones de euros en2007 a 16.198 en 2010. Esa reducción de ingresos se intensificó un 20% en 2010 respecto a 2009, cuya recaudación fue de 20.188 millones.

En contraste, los beneficios declarados a la CNMV por las sociedades que cotizan en bolsa muestran un aumento en absoluto compatible con la disminución de un 15,4% de la base imponible, lo que refleja un creciente desajuste entre los beneficios contables de las empresas y los pagos impositivos que realizan. Otros datos revelan la injusticia fiscal o falta de equidad en el trato a las grandes corporaciones y a las pymes, en beneficio de las primeras.

Así, los “grandes grupos” disfrutan de una reducción extraordinaria del tipo efectivo sobre el resultado contable positivo. Si se analiza el ejercicio de 2009, el tipo medio sobre el beneficio es, en conjunto, del 9,9%, pero en los “grupos consolidados” desciende hasta el 6,9%. En cambio, las sociedades no integradas en grupos tienen un tipo medio del 12,9%, aunque, si se eliminan las que disfrutan de un tratamiento especial, el tipo se eleva al 14,8%. El diferente comportamiento de las empresas, según pertenezcan o no a grupos, es tan evidente como injusto.

Para corregir esta situación, países como Alemania, Dinamarca y Holanda limitan las deducciones fiscales, mientras que EEUU y Canadá utilizan un impuesto mínimo de manera que aseguran que todos los contribuyentes pagan al menos una cierta cantidad por el impuesto. Dicho esto, proponen que se establezca “un impuesto mínimo alternativo del 15% sobre el resultado contable positivo (antes de aplicar la mayoría de los ajustes que reducen la base) a partir de 2012”, lo que permitiría recaudar en torno a 7.100 millones de euros “procedentes de los grandes grupos consolidados”, que tienen un tipo medio sobre el resultado inferior al 15%.

La segunda propuesta del PSOE anima al Gobierno a presentar en tres meses un proyecto de ley de grandes fortunas, que más allá de la ampulosidad del rótulo, permitiría recaudar 3.000 millones de euros y, en la práctica, mantener indefinidamente el Impuesto sobre el Patrimonio. Quieren gravar la riqueza, con independencia de donde esté invertida; proponen preceptos contra los que eluden impuestos mediante sociedades instrumentales, incluidas las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), y reclaman los instrumentos legales necesarios para gravar los capitales que se refugian en paraísos fiscales.

La pregunta tantas veces repetida de por qué no lo hicieron cuando gobernaban, es decir, cuando el hasta hace tres meses presidente del Gobierno y actual consejero de Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, y su vicepresidenta económica y actual colega de José María Aznar y Pedro Solbes en el consejo de Endesa, Elena Salgado, se reunían en La Moncloa con los “treinta principales”, tiene una fácil respuesta: porque Zapatero no creía que los impuestos fueran de derechas ni de izquierdas, ¿recuerdan? Y porque, al fin, aunque el daño ya está hecho, se han librado de aquellas prácticas y doctrinas que por obra y gracia del voto popular les eximieron de la “penosa” tarea de gobernar.