El nombramiento de Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado es ilegal

Hay que reconocer que José Manuel Romay Beccaría tuvo buen ojo y lo de ser mentor de Mariano Rajoy le ha resultado muy provechoso. Romay es un septuagenario injubilable, que igual encarna la reconversión ética del PP ante el roto de la Gürtel que se transforma en tesorero del partido para zurcir el descosido de la imputación de Jesús Bárcenas por el Tribunal Supremo. Este viernes el senador y ex ministro de Sanidad volvió por donde solía, al ser nombrado presidente del Consejo de Estado, un cargo que ya ocupó brevemente entre 2003 y 2004, por lo que ya conoce la casa y los aseos de la institución.

Ocurre que en esta ocasión su nombramiento, según fuentes jurídicas consultadas por cuartopoder.es,  se ha producido en flagrante ilegalidad, hecho éste que ha pasado inadvertido a la oposición, que al parecer tiene cosas mejores que las de preocuparse que vigilar los actos del Gobierno. Pero vayamos al grano. El Consejo de Ministros acordaba este viernes su designación en aplicación del artículo 6.1 de la ley orgánica del Consejo de Estado, en el que se establece que dicho nombramiento ha de producirse por decreto y refrendado por el presidente del Gobierno entre juristas de reconocido prestigio.

Lo que el Ejecutivo ha olvidado es cumplir la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, cuyo titulo I –Requisitos previos para el nombramiento de los titulares de determinados órganos- dispone textualmente en su artículo 2 lo siguiente: “El Gobierno, con carácter previo al nombramiento del Presidente del Consejo de Estado, pondrá en conocimiento del Congreso de los Diputados el nombre de la persona propuesta para el cargo a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su Reglamento”. Es a la citada comisión a la que corresponde emitir un dictamen que, sin ser vinculante, ha de establecer si aprecia o no la existencia de conflicto de intereses.

La citada ley exige este mismo requisito para la designación de los presidentes del Consejo Económico y Social, del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Agencia EFE; del director de la Agencia de Protección de Datos y director general del Ente Público Radiotelevisión Española. En el caso del nuevo presidente de Efe, José Antonio Vera, tampoco se ha cumplido el procedimiento, ya que fue elegido directamente por el consejo de administración de la Sepi sin consulta previa al legislativo.

Dicha consulta previa al Congreso ya fue aplicada por el anterior Gobierno con ocasión del nombramiento del  director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, quien recibió el visto bueno de la Comisión Constitucional el 9 de junio de 2011, una semana antes de que el Consejo de Ministros lo ratificara.

Se da la circunstancia de que el nombramiento de Beccaría se ha producido en el mismo Consejo de Ministros que ha aprobado la ley de Transparencia, por lo que no deja de ser una paradoja que el instrumento que trata de acabar con en los zonas de penumbra de la Administración haya visto la luz mientras se hurta al Congreso la facultad de pronunciarse sobre la conveniencia de determinados nombramientos.

No es la única paradoja que podría llegar a darse. Si la designación de Romay llegara a ser impugnada, algo con lo que no habría que contar por las múltiples ocupaciones que, como se ha dicho, tiene la oposición parlamentaria, correspondería al Consejo de Estado informar sobre la misma, bajo la presidencia del impugnado. De risa.