No es 'oro negro' todo lo que reluce

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Imagen de la manifestación celebrada ayer en Lanzarote contra las extracciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno cerca de las costas de la isla. / Elvira Urquijo A. (Efe)

El Ministro de Industria, a quien por ahora sólo le ha tocado ser portador de malas noticias, como el aumento de la factura de la luz, por fin saborea una aparentemente buena: hay petróleo en las Islas Canarias y su explotación y extracción supondría cubrir el 10 % de las necesidades energéticas españolas. Así lo ha pregonado José Manuel Soria, quien, por cierto, se ha cuidado mucho de vincular esa producción de crudo nacional a una rebaja del coste energético para el consumidor final. No obstante, calculadora en mano y viendo el impacto que una operación tal podría tener en el incremento de nuestro PIB y de la recaudación del Estado gracias al incremento de los beneficios de la petrolera española Repsol, Soria se ha apresurado a tramitar las licencias correspondientes para que la petrolera española inicie las prospecciones frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Sin embargo, la noticia, aparentemente caída como agua de mayo sobre la canina economía española, ha desatado los recelos y la oposición no ya del gobierno autónomo de Canarias, que preside el nacionalista Paulino Rivero, y del PSOE, sino de diversos sectores dentro del propio gobierno de Mariano Rajoy. Así, ni en el Ministerio de Defensa, ni en el de Exteriores ven con buenos ojos esa concesión y la construcción de una planta petrolífera frente a las costas canarias... ¡y frente a las costas marroquíes!

Discretamente, tanto desde Exteriores como desde Defensa, según fuentes del PP, se le han hecho llegar a Mariano Rajoy la necesidad de replantearse la medida o paralizarla. No sería la primera vez, ya que el gobierno de José María Aznar autorizó, en 2001, esas prospecciones, lo que ocasionó fuertes tensiones en las relaciones con Marruecos. Entonces, fueron los tribunales los que argumentaron razones medioambientales para revocar esa concesión.

Posteriormente,el gobierno del PSOE, con José Montilla al frente de la cartera de Industria, Turismo y Comercio, retomó esa petición de la empresa Repsol. Entonces, fueron igualmente muy fuertes las objeciones mediambientales. Pero, según fuentes de aquel gobierno del PSOE, fueron los argumentos de los ministerios de Defensa y Exteriores los que paralizaron la intención del Ministerio de permitir a Repsol extraer crudo de las aguas próximas al archipielago canario. Y su razón de peso fue, según miembros del anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un informe del CNI, que desaconsejó la operación, porque podría provocar tensiones y conflictos con las autoridades marroquíes, que oficialmente siguen defendiendo su propia interpretación de la titularidad de las aguas en la zona. Porque, si bien las prospecciones estarían a unos kilómetros de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, también estarían extremadamente cerca de las costas marroquíes y, a falta de una delimitación clara de la titularidad de las aguas y viendo los litigios dormidos que mantiene nuestro país con el Reino Alauita, el gobierno de España prefirió no abrir nuevas rencillas con el país vecino, fuertemente apoyado por EEUU. En todo caso, públicamente, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero argumentó que no daría luz verde a esas extracciones de petróleo si no había consenso político y social. Y tampoco lo había, porque el gobierno canario y diversas plataformas medioambientales se oponían entonces a las prospecciones frente a las islas Canarias, como se siguen oponiendo ahora. Entonces, frente a la segunda tentativa de Repsol, hacia el año 2002, se esgrimieron oficialmente motivos de vulnerabilidad medioambiental, la que podría ocasionar la instalación de una planta petrolífera junto a las costas de un archipiélago en el que habitan algo más de 2.100.000 personas.

Oficialmente, los argumentos que paralizaron entonces las licencias de prospección y extracción de petróleo son los mismos que hoy se esgrimen públicamente. Pero aquellos eran otros tiempos, de abundancia y vacas gordas, de amistades globales y Alianza de Civilizaciones. Y hoy toca gestionar la miseria y sacar dinero de donde no lo hay para pagar nuestra deuda, y petróleo de donde lo hay, aunque eso conlleve riesgos.

Diez años después, a Mariano Rajoy también le han planteado el riesgo ecológico que supone tener una planta petrolífera a escasos 10 kilómetros de la isla de Fuerteventura (según la versión del Gobierno Autónomo de Canarias, aunque el Gobierno de la nación la sitúa alrededor de 60 kms.) y el perjuicio económico que supondría para la economía del archipiélago canario cualquier accidente y posteriores fugas de crudo, puesto que el 30% del PIB canario procede del turismo, mientras que en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, ese porcentaje se eleva hasta el 70%.

Sin embargo, esas objeciones no han logrado hacer mella alguna en Rajoy, tal vez porque, en palabras de un miembro del Ejecutivo, "el gobierno canario solamente quiere que se le haga partícipe de los ingresos que genere el petróleo y nada más. Las objeciones desaparecerían en cuanto les diésemos participación directa en los ingresos..." o quizás porque el peso del PIB canario dentro del conjunto del PIB español es más bien discreto. Pero las objeciones, por ahora, no han quitado el sueño ni a Soria ni a Rajoy, que dieron luz verde a esas licencias la semana pasada. Sin embargo, quienes han argumentado razones  geopolíticas, estratégicas y diplomáticas, creen que Rajoy aún no ha dicho la última palabra. De hecho, según comentan, pese a la concesión de las licencias a Repsol, creen que Rajoy puede cambiar de opinión y que la posición del gobierno no es definitiva.

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