El ajuste se topa con la Iglesia

Que nada. Que aquí se recorta todo menos los ingresos de la Iglesia Católica. Así de contundentemente se lo ha expresado el Gobierno a Joan Saura, senador autonómico catalán del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, en varias respuestas parlamentarias que acaba de entregarle por escrito.

Quien fuera líder del socio catalán de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, y conseller de Interior de la Generalitat en el gobierno tripartito que precedió al actual de Artur Mas, aprovechó un informe  de la Asociación Europa Laica en el que denuncia que las autoridades católicas reciben de las arcas públicas nada menos que 10.000 millones de euros anuales (cifra que por cierto no niega ni confirma el Ejecutivo en sus respuestas) para averiguar si Mariano Rajoy tiene intención de recortar el dinero que el Estado entrega a esta confesión religiosa. Porque, para Saura, según explica, es indignante que el Gobierno mantenga con la Iglesia Católica “unos privilegios incompatibles con un Estado laico, moderno y que entra en contradicción con la Constitución en sus artículos 14, 16 y 31”. A su juicio, “es injustificable que esta permanezca intacta y ajena a los ajustes” cuando el Ejecutivo lleva a cabo profundos recortes en ámbitos como los servicios sociales, la cooperación o las inversiones.

Las respuestas no dejan lugar a dudas. Tras aclarar que “la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede no forma parte del programa legislativo para esta legislatura, ni en el programa del Partido Popular se hace referencia a la aprobación de un anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa”, el Gobierno especifica que “los acuerdos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y mantienen su vigencia de manera que los poderes públicos están obligados a cumplirlos e interpretarlos conforme a la Constitución”. Y en ese punto añade que la cooperación con la Iglesia Católica se asimila a un convenio internacional “de manera que su modificación se ha de ajustar a las normas de derecho internacional por imperativo del artículo 94 de la Constitución”.

El Ejecutivo recuerda que la cooperación con la Iglesia, conforme a los acuerdos de 1979 firmados con la Santa Sede, se ajusta a un pacto internacional que no se puede modificar unilateralmente. Es decir, que “la financiación responde al modelo de asignación tributaria, cuyo porcentaje y condiciones se especifican en el Canje de Notas de 22 de diciembre de 2006”. En consecuencia, el Gobierno concluye que “la financiación de la Iglesia Católica se establece en una norma que tiene naturaleza de convenio internacional cuya modificación exige, por tanto, un nuevo acuerdo entre las partes”.

En otras respuestas a la batería de preguntas de Saura sobre la financiación, el Ejecutivo informa de que, sin contar con las Comunidades Autónomas (que son las que entregan más dinero por tener transferida la competencia de Educación y pagar los colegios concertados) y los entes locales, la Administración General del Estado entregó el año pasado a la Iglesia Católica 785.316.216 euros.

La respuesta del Ejecutivo, que abarca también a los años 2009 y 2010, precisa que “en concepto de asignación tributaria con cargo al Presupuesto de Ingresos”, la Iglesia Católica recibió 342.204.216 euros en 2011. El 2009, fueron 247.907.094 y en 2010, 259.345.287 euros más.

El texto añade que se han reconocido obligaciones directamente a favor de la Conferencia Episcopal Española con cargo a la aplicación de las “transferencias para atención al culto en centros penitenciarios” por valor de 681.590 euros en 2011, 842.768 en 2009 y 777.940 en 2010.

La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y la de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y deporte, en lo que se refiere al 1% cultural, también entregaron un importe de 7.611.164 euros. Sumados los de 2009 y 2010, fueron 31,58 millones de euros en total.

El Gobierno también financió en 2011, por valor de 400.000 euros, la realización del inventario de bienes de titularidad eclesiástica mediante subvenciones a las Comunidades Autónomas. Entre 2009 y 2011, fueron 1,7 millones en total.

En proyectos destinados a la conservación y restauración de bienes culturales de titularidad eclesiástica, la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural entregó en 2011 12.783.325 euros. En el trienio repetidamente citado fueron 48,81 millones.

Para instituciones y centros culturales y educativos dependientes de la Iglesia, a través de Inversiones de las Subdirecciones de Archivos Estatales y de Coordinación Bibliotecaria, se entregaron 211.000 euros y en el trienio supuso la cifra de 534.276 euros. El Gobierno matiza que los números no son definitivos porque la Iglesia ha renunciado a algunas subvenciones.

Tras aclarar que el Ministerio de Educación “no realiza ningún pago directamente a la Iglesia Católica para el mantenimiento de las instituciones católicas del sector educativo”, porque se trata de una competencia también transferida a las CCAA, el Gobierno precisa que la política de educación recibe recursos del Ministerio a través de Programas de Cooperación Territorial que se han venido gestionando mediante transferencias a las distintas autonomías, aunque con destino a todo tipo de centros, no sólo los católicos.

Respecto al pago de las nóminas de los profesores de religión, el Gobierno aclara que la Administración General ejecuta exclusivamente las de las CCAA que gestiona (Ceuta y Melilla) y la de los profesores de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria cuyos Gobiernos renunciaron a la transferencia. El coste de todo ese profesorado, se indica, ascendió en el curso 2010- 2011 a 109 millones y el Ejecutivo estima que en el curso 2011-2012 será de otros 100.000 euros, incluidos los costes de la Seguridad Social.

En lo referido a las convocatorias de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF (al margen de la casilla del 0,7%), se concedieron a la Iglesia católica 86,71 millones de euros.

La referencia a la cuota del 0´7% del IRPF pone de relieve que los españoles cada vez ponen menos la cruz preceptiva en la casilla de sus declaraciones de Hacienda. El 0,7% de la cuota íntegra del año 2011 que corresponde a los contribuyentes que manifiestan expresamente su voluntad de que se destine al sostenimiento de la Iglesia Católica no se ha cuantificado todavía. Pero el Gobierno afirma que en 2008 supuso 229,97 millones, que fueron 227,37 en 2009 y sólo 225,71 en 2010.