El PP impone el debate del 'déficit cero' y 5 decretos en la jornada de huelga general

Hay un pasaje de El americano impasible en el que Graham Greene escribe: “El primer deber de todo hombre es para con los de su clase”. El autor del Factor humano se vería plenamente reconocido en las palabras del portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, José Luis Centella, cuando, horas antes del paro general de este jueves, anunció: “No es que apoyemos la huelga, es que somos parte de la huelga”. También se vería reflejado en una derecha gubernamental que ha acumulado el debate de cinco decretos y del proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y 'déficit cero' en el pleno parlamentario de la jornada de huelga.

Los diputados de la Izquierda Plural tienen claro que su primer deber es para con la clase trabajadora y el jueves harán huelga y no acudirán al pleno. Estarán en la calle apoyando la protesta sindical y formando parte de los piquetes para “sacar adelante” un paro que, no dudan, será un éxito y obligará al presidente Mariano Rajoy a reconsiderar su desequilibrada reforma laboral.

A los nueve diputados de la Izquierda Plural se sumarán los siete de Amaiur, los tres de ERC, los dos del BNG y Uxue Barkos, de Geroabai. No obstante, en un Parlamento de 350 representantes, los huelguistas serán cuantitativamente imperceptibles, lo que no quita para que sean coherentes y, al menos, los de IU-ICV hayan pedido que les descuente el salario como si fueran unos trabajadores más.

Ocurre, sin embargo, que lo de sus señorías no se llama salario sino “remuneración constitucional” y puesto que no está previsto que los poderes del Estado, en este caso el Legislativo, se declaren en huelga, no se lo descontarán. La única previsión legal es que el propio grupo sancione la inasistencia, como le ocurrió al socialista Antonio Gutiérrez cuando en 2010 votó contra la reforma laboral de Rodríguez Zapatero y secundó la huelga convocada entonces.

Los socialistas aceptan la legalidad vigente y acudirán al pleno. Su secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba ha dejado claro que la mejor forma de apoyar a los sindicatos es trabajando en la enmienda a la totalidad y en las parciales a la reforma. Luego ya, si los que el martes propusieron en la reunión del grupo parlamentario entregar el salario del 29M a los desempleados o a los sindicatos, quieren consumar la donación, nadie se lo impedirá.

A todo esto el PP ha cargado como nunca el pleno del jueves. Para empezar, ha colocado en el orden del día el debate del proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se deriva de la reforma de la Constitución consumada en septiembre pasado por el PSOE y el PP para, según dijeron, sosegar a los mercados. Como se sabe, la reforma antepone la reducción del déficit público y el pago de la deuda al gasto social.

De las cuatro enmiendas de devolución contra aquel “golpe constitucional”, en palabras de Centella, sólo CiU y algún miembro del Grupo Mixto defenderán las suyas, pues los demás estarán en huelga. Los socialistas intentarán negociar hasta el último minuto para que el Gobierno elimine el “déficit cero” y lo consigne en el 0,4, que fue lo acordado por el actual ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, con Rubalcaba hace seis meses. Si el PP rechaza la modificación, el PSOE considerará que ha roto el pacto y, según su portavoz, Soraya Rodríguez, no respaldará el proyecto.

El pleno debatirá además la convalidación de cinco decretos, entre los que figuran el de protección de los deudores hipotecarios sin recursos y la creación del fondo de financiación para pagar a los proveedores de las administraciones públicas, así como la simplificación de los trámites para las fusiones y escisiones de sociedades de capital. El orden del día es tan extenso que aun empezando a las nueve de la mañana, los portavoces consultados dudan que puedan terminar al mediodía.

Los socialistas confían en que la “huelga a la japonesa” que ha impuesto el PP no les impida acudir a las manifestaciones. Pero dada la actitud de la derecha, no descartan el filibusterismo para retrasar las votaciones y dificultar la asistencia de los diputados a las marchas sindicales en las distintas capitales de provincia.

La actitud del PP sigue siendo dogmática y cerrada. El martes rechazó las iniciativas del PSOE e IU de que comparezcan los dirigentes sindicales y patronales en la Comisión de Trabajo para dar su visión de la reforma laboral. También rechazó una proposición no de ley del PSOE exigiendo al Gobierno que cumpla el compromiso adquirido en el pacto de Toledo de mejorar las pensiones de viudedad, algo que Rajoy ha dejado en suspenso.

A modo de contribución teórica para avalar la huelga general, el presidente de la Fundación Ideas del PSOE y exministro de Trabajo, Jesús Caldera, presentó a última hora del martes un informe, según el cual la reforma viene a destruir 807.000 empleos (172.000 más de los previstos por el Gobierno) en 2012 y provocará una contracción de la economía del 2,2%, medio punto más que la estimada por el Gobierno, debido a la reducción del consumo.