El rey, el clero y el Parlamento se salvan del gran ajuste presupuestario

Todos somos más pobres, menos el Rey. Los Presupuestos del Estado rebajan un promedio del 17% del gasto de todos departamentos ministeriales y de los servicios sociales, pero mantienen una asignación de 8,3 millones de euros a la Casa del Rey, lo cual representa una reducción del 2% respecto al año anterior. Las Cortes (206,6 millones de euros), la judicatura y los organismos de la alta dirección del Estado tampoco se ven afectados por la reducción presupuestaria. La iglesia Católica mantiene sus 6.000 millones euros en transferencia de las arcas públicas, lo que representa una cifra equivalente a 2011.

Al margen de algunos dispendios memorables como los 2,8 millones de euros que el Patrimonio Nacional ha pagado a la Fundación Miró por El Atleta Cósmico, el cuadro que ameniza el despacho del rey Juan Carlos (precio ventajoso si se tiene en cuenta que los herederos del pintor pedían 3,2 millones), el Presupuesto permite un cierto decoro al mantener los gastos de representación de la mayoría de los altos cargos y no baja la guardia en los fondos reservados ni en la asignación presupuestaria a los servicios de inteligencia del CNI, que ahora dependen de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y son imprescindibles en la prevención del terrorismo y la delincuencia económica.

Los grandes hachazos para reducir el gasto público se producen en las políticas activas de empleo (1.500 millones de euros) y obedecen a una decisión premeditada de laminar los cursos de capacitación que hasta ahora realizaban los sindicatos y la patronal. Quiere decirse, según Montoro y su secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, que las políticas activas de empleo eran una entelequia o, según ésta, “meramente ineficaces”.

El segundo hachazo liquida los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y deja bajo mínimos los programas de cooperación. Quiere decirse que el impacto de la reducción de 1.500 millones de euros lo sufrirán los cooperantes, las ONG y las empresas españolas que suministran material, bienes y servicios a los países empobrecidos. África y América Latina suman cero a la izquierda del Gobierno del Rajoy. El 0,7% del PIB, unos 7.000 millones de euros, se queda en el 0,2% según las cuentas que el profesor Montoro llevó el martes al Congreso.

El ajuste es asimismo draconiano en RTVE, que baja de535 a331 millones de euros de ayuda pública; en Fomento, que liquida 600 millones a Renfe y elimina el 42% de las ayudas al acceso a la vivienda (de785 a456 millones). Educación baja de1.500 a970 millones en transferencias. Y las inversiones netas se reducen de5.817 a4.600 millones de euros.

Los impuestos suben de acuerdo con la obediencia debida a Bruselas de reducir el déficit público al 5,3% del PIB (27.000 millones de euros) a los asalariados vía IRPF (4.100 millones), a las empresas vía Impuesto de Sociedades (5.350 millones de euros por la supresión de desgravaciones) y el Gobierno cuenta con que la amnistía fiscal le reporte otros 2.500 millones de euros mediante la tasa del 10% al dinero negro que aflore. En este punto vale recordar que el combate del fraude reportó 10.000 millones el año pasado.

Por si algún alguien se queja de que pagamos demasiados impuestos mientras a las altas instituciones del Estado y a la Iglesia Católica no se les recorta sus partidas y emolumentos, vale decir que el Gobierno de Maria Rajoy todavía mantiene unos beneficios fiscales de 38.107 millones de euros a los ciudadanos, las empresas y los bancos. Es un 5,6% menos de las ventajas que concedió el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, e incluye la desgravación por compra de vivienda sin límite de renta.

La subvención fiscal a los emprendedores, que no aparece por ningún lado, junto con la reducción de inversiones en obras públicas, la supresión de las ayudas a I+D+I, la congelación de la partida para los dependientes y, en fin, la reducción de las contrataciones públicas en todos los departamentos ministeriales convierte el Presupuesto en “una dosis de ayuda al suicidio”, me dice el economista de IU José Antonio García Rubio. Y a continuación estima que los 630.000 puestos de trabajo que se van a perder este año, serán en realidad 300.000 más por la reducción del 36% de la inversión pública. Se comprende entonces que las cuentas del Reino sean el cuento más triste de los últimos años.