Los partidos incumplen el recorte del 20% de su financiación pública

Se agotó el martes el último plazo de enmiendas a la reforma de la ley orgánica de Partidos Políticos para infligirles una reducción del 20% en su financiación ordinaria, de acuerdo con el primer gran ajuste de gasto que decretó el presidente Mariano Rajoy en diciembre pasado. Y a la luz de la calamidad presupuestaria que ha presentado el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, el recorte, que debería ser de 25,36 millones de euros, no es tal, sino menos: 16 millones, para ser exactos.

La financiación ordinaria de los partidos ascendió en 2011 a 126,8 millones de euros y será este año de 110,3, según las partidas consignadas en el Ministerio del Interior. Los gastos en escoltas de los dirigentes bajan de 4,2 a 3,3 millones este año, pero las subvenciones electorales se mantienen en 44,5 millones de euros y aunque este año no haya elecciones, los gastos electorales de 2011 no quedaron plenamente cubiertos con la partida de 112,7 millones habilitada en el ejercicio, de modo que en este ejercicio se añaden 65,9 millones más.

Si los números sirven para comprobar en este caso el precio del ejercicio democrático, más allá del aforismo machadiano de que todo necio confunda valor y precio, podemos decir como el maestro Juan de Mairena que la hipocresía va escoltando a la virtud en el ahorro de gasto de los partidos. Porque no es sólo ese porcentaje de reducción, que no pasa del 15% frente al 20% anunciado, lo que merece crítica, sino, sobre todo, el hecho de que la distribución de la subvención al funcionamiento de los partidos no sea proporcional a los votos obtenidos, sino al número de escaños que les asigna el sistema d’Hont.

Izquierda Unida (IU) vuelve a ser la fuerza más perjudicada, y de ahí la primera enmienda presentada por su portavoz parlamentario, José Luis Centella: que las subvenciones se distribuyan en función del número de votos obtenidos por cada partido político en las elecciones generales al Congreso de los Diputados. Si se tratara de ser justos y equitativos, la enmienda debería ser aceptada, pues son los votos los que miden la representación de cada partido con representación parlamentaria.

También pide IU que se establezca un criterio progresivo y no lineal, de tal modo que se reduzca más a quien más ingresos tiene. Y reclama la supresión total de las “donaciones anónimas” y que las procedentes de una misma persona física o jurídica no puedan ser superiores a 100.000 euros anuales. Se exceptúan los bienes inmuebles siempre que cumplan los requisitos de transparencia fijados en la ley. Se erradicaría así una gran parte de ese clientelismo gorrón (llámese Gürtel o Campeón) que tanto daño ha hecho a casi todos los partidos de arco parlamentario. Y, por supuesto, según Centella, el Tribunal de Cuentas tendría que actuar con mayor dureza sancionadora.

Pero no nos “estrepitemos”, que diría Mairena, pues el sistema es el que es y verán ustedes como los dos grandes partidos se seguirán repartiendo el 80% de la financiación (40 millones el PP y algo menos el PSOE), seguidos de los nacionalistas de derechas, a los que, salvo mayoría absoluta como la vigente del PP, el ordenamiento político coloca de bisagra de la gobernabilidad.