Rajoy impone un 'recetazo' de mil millones a los ancianos y de 3.000 al resto

Los jubilados tendrán que pagar el 10% de los medicamentos, los funcionarios –aunque estén jubilados--, el 40%, y los trabajadores en activo, aunque estén en paro, si cobran prestación, al menos la mitad del precio de los fármacos. Y eso porque el Gobierno ha decidido imponer el repago farmacéutico a los mayores, los enfermos crónicos y a los que se pongan malos, con independencia de que siete millones de jubilados en este país hayan sufragado a lo largo de su vida laboral los servicios sanitarios públicos y tengan derecho a la asistencia gratuita. El “recetazo” fue acogido con vivas protestas del PSOE, IU e, incluso de UPyD, por considerarlo absolutamente injusto.

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, explicó la decisión a sus colegas de las comunidades autónomas y expuso sin mayor detalle que la fórmula les permitirá hacer frente al recorte del gasto sanitario fijado por el Ejecutivo en 7.000 millones de euros este año sobre los 10.000 que, con carácter general y bajo amenaza de intervención, repetida ayer mismo por el secretario de Estado de Administración Territorial, Antonio Beteta en el Congreso, ya les han restado en el Presupuesto.

El Gobierno no se ha roto la cabeza para establecer el repago farmacéutico. Si 45 millones de personas con derecho a la sanidad pública pagan 100 euros más per cápita al año por los medicamentos, las arcas públicas de las autonomías se ahorran 4.500 millones de una sola tacada. El resto vendrá del ahorro derivado de la implantación de una “central de compras” para todos, tal como en su día propuso José Antonio Griñán y estableció en Andalucía con gran enfado del presidente Mariano Rajoy que (véase BOE de ayer, 17 de abril) ha recurrido a los tribunales la subasta de adquisición de fármacos. Y también, según la ministra Mato, del cobro a los extranjeros, la actualización del nomenclator de precios y del  ajuste de horarios y salarios del personal sanitario.

La cuenta de la vieja que expusieron los colaboradores de Rajoy en México al mismo tiempo que la ministra Mato la explicaba a los consejeros autonómicos consiste en que los jubilados paguen ese 10%, con un límite entre 10 y 20 euros al mes, según la cuantía de su pensión. Esto supone una cantidad entre 120 y 240 euros por jubilado y año. Si realizamos el promedio (141 euros) y lo multiplicamos por los siete millones de personas en ese tramo de la vida, que son las principales consumidoras de fármacos, el resultado es una factura a pagar de 987 millones de euros.

Los restantes usuarios sometidos al repago farmacéutico experimentarán esa subida media del 10% por tramos de renta que llegarán al 20% cuando sobrepasen unos ingresos estimados en 100.000 euros al año. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fijará la progresión del repago en el decreto que llevará al Consejo de Ministros del próximo viernes. Según su inmediato colaborador, Beteta, conviene que todas las autonomías apliquen la tarifa porque “la Comisión Europea, el BCE y el Fondo Monetario Internacional nos visitan y miran con la lupa el déficit autonómico”.

El repago sanitario del 10% contrasta con la subida del 1,2% de la inflación este año, una bendición del euro, según el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El bajonazo del 20% a las autonomías en Sanidad, Educación y Servicios Sociales tampoco se comparece con la reducción del 3,5% del presupuesto del Ministerio de la Presidencia, del que cobran sus sueldos Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y 32 asesores, ampliables hasta los 47 presupuestados.

Pero, sobre todo, según el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, el “recetazo” es injusto porque “penaliza a los que menos tienen” y “es un nuevo engaño a los pensionistas y a los enfermos crónicos”. Rubalcaba envió ese mensaje por Twitter desde Lisboa, donde se reunió con su homólogo portugués, Antonio José Seguro. La vicesecretaria general, Elena Valenciano, criticó la actitud de Rajoy de no dar la cara mientras ataca con sus medidas a “los más vulnerables”. La mayoría absoluta del PP ha vetado en la Mesa del Congreso la petición de comparecencia de Rajoy para que explique los recortes en sanidad y educación.

El portavoz de Sanidad de IU, Gaspar Llamazares, solicitará la comparecencia de la ministra Mato. A su juicio, el Sistema Nacional de Salud (SNS) puede bajar el precio de los medicamentos y no hacer que pague más el paciente, porque el 70% de los pensionistas ganan menos de 1.000 euros al mes y para muchos de ellos “los fármacos son un nuevo impuesto”. Llamazares tildó la medida de “nuevo fraude electoral”, puesto que el PP prometió no introducir el repago. “El gobierno descongeló a bombo y platillo las pensiones para luego aumentarles los impuestos a jubilados y ahora el repago”. El líder de IU, Cayo Lara, también hizo saber vía Twitter: “Tendremos más enfermos y más gasto. El repago ya está aquí y Rajoy siempre lejos y sin explicar por qué los más afectados por la crisis la van a financiar con su salud”.

La dirigente de UPyD, Rosa Díez, dijo que “antes de recortar derechos y prestaciones habría que recortar gastos superfluos”. Y pidió al Gobierno que diga por qué “hace esto y no otras cosas”, por qué toma las decisiones más fáciles, “las que afectan a las personas que no pueden defenderse”.

Como es sabido, además del recorte en Sanidad, el Ejecutivo ha cifrado en 3.000 millones el ajuste en Educación, con medidas como el aumento de la ratio hasta 40 alumnos por aula y la ampliación del horario lectivo, lo que supondrá el despido o la no contratación de 80.000 maestros y profesores, según explica la portavoz socialista Soraya Rodríguez. El ministro José Ignacio Wert se reunirá con los rectores para explicarles la subida de las matrículas en las Universidades.