Rajoy controlará RTVE y negará la sanidad a los sin papeles

Vídeo realizado por el PSOE para denunciar los recortes aprobados en el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está enfadadísimo  por la escasa habilidad de sus ministros para comunicar los recortes presupuestarios. Los datos de los sondeos son alarmantes. El Gobierno ha perdido cinco puntos respecto al voto de noviembre pasado. Hoy el PP no sacaría mayoría absoluta y el liderazgo de Rajoy corre más peligro que el Titanic, aunque la orquesta sigue tocando. ¿Qué está pasando?

Nunca los periodistas que acuden a recibir el maná del Consejo de Ministros habían tenido que esperar cuatro horas, como ocurrió el viernes, debido a las turbulencias que retrasaron la llegada del presidente desde Colombia y, sobre todo, a la bronca que se registró en el Consejo, donde el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se enfrentó a sus colegas de Sanidad, Ana Mato, y de Enseñanza, José Ignacio Wert, por no haber explicado correctamente el ajuste a los representantes autonómicos.

“Ponte tú ante los miuras”, le dijo Mato. Montoro le contestó con cajas destempladas. Ya sabemos que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, lo que no quita para que un ministro interpelara a Rajoy: “¿Por qué rayos hemos de tolerar que el Gobernador del Banco de España diga que las cuentas no son creíbles?” El presidente orilló la cuestión.

“Lo de Mafo tiene delito, ha hecho caer la Bolsa como nunca se había visto”, dijo Montoro. Gallardón apostilló: “Tienes razón, es intolerable”. Rajoy se atusó las cejas y calló. De Guindos informó sucintamente de la respuesta del BCE a la demanda de liquidez y se refirió a la incertidumbre francesa. Hubo coincidencia en que los ajustes se han vendido mal, las reformas no se han explicado con un discurso fundado y coherente, sino suelto y deshilachado. Alguien dijo: “Hay que pedir soluciones al Corte Inglés”.

José Manuel García Margallo, el ministro de Exteriores, que ha encargado la vajilla para todas las embajadas a esos grandes almacenes con el fin de unificar escudos, generalizar tenedores y reducir costes, acusó el golpe y, puesto que le tocaba el turno de palabra, manifestó su escepticismo sobre la causa de YPF después de haber hablado con Hillary Clinton. Los accionistas de Repsol van a perder el 25% y Caixabank se lleva la peor parte.

Eso es un problema, pero no el problema, dijo Soraya Sáenz de Santamaría. Hay que comunicar mejor y no vamos a esperar, como dice Oscar López en El País a que se pudra la situación en Televisión Española. La campaña del partido para explicar las reformas y frenar el deterioro exige el control de RTVE. Para ello, puesto que el astuto Rubalcaba juega a la dilación en la renovación de los consejeros y la elección del director general, es necesario cambiar la ley.

Esa fue la principal decisión del Consejo de Ministros. El Gobierno ha decidido que el nombramiento de los nuevos consejero de RTVE, que serán nueve y no doce como hasta ahora, sea convalidado por la mayoría absoluta del Parlamento y no por dos tercios como hasta ahora. No se trata de romper el consenso ni de quebrar el modelo, sino de hacer frente cuantos antes a los problemas de financiación y racionalización de la Corporación, dijo la vicepresidenta a los periodistas.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Mato, que salió a la palestra junto con el titular de Educación, hizo saber que el Ejecutivo adoptará medidas para impedir el “abuso” de los extranjeros de la sanidad pública. Y explicó que a partir de ahora no basta con estar empadronado para recibir la tarjeta sanitaria sino que a los extranjeros se les exigirá la “residencia fiscal”. Con esta medida, los inmigrantes deberán exhibir su declaración de la renta para ir a la consulta ordinaria, a urgencias para dar a luz, para acudir con los niños al pediatra, para sacarse una muela o ante un accidente o una dolencia grave, algo que hasta ahora formaba parte del derecho a la asistencia universal y gratuita. La resta de derechos implicará una reforma de la ley de extranjería, anunció Mato. El número de inmigrantes sin papeles que quedarán sin derecho a asistencia sanitaria se estima en medio millón personas.