Rajoy se apunta la 'ciudadanía digital' que se logró con Zapatero

Ya somos ciudadanos digitales y podemos hablar de una “auténtica ciudadanía digital”, según nos hizo saber el presidente del Gobierno el jueves, cuando decidió celebrar el día de Internet en el calendario laico y prometió utilizar la Red como un instrumento  de transparencia para que podamos conocer “qué hace la Administración, en qué invierte el dinero del contribuyente, cuáles son las decisiones que toma y por qué lo hace”. Por una sola vez y sin que sirva de precedente, Mariano Rajoy evitó referirse a la herencia recibida y a la ley de 2007 de acceso electrónico a los servicios públicos, que hará posible aplicar la transparencia hasta donde el Gobierno decida.

En un mensaje institucional tan breve no tenía tiempo de acordarse de los progresos de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero ni, mucho menos, de contarnos cuánto se gasta el Gobierno en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El diputado de IU Alberto Garzón Espinosa, que se lo preguntó por escrito, recibió el 5 de mayo una respuesta que le remite al Observatorio de la Administración Electrónica (OBSAE). Pero el último informe accesible es de 2009 y no cuantifica ni el software libre ni la compra de licencias del sistema operativo para software de Microsoft.

De los 1.921 millones de euros que la Administración General del Estado gastó ese año en tecnologías de la información, los ministerios del Interior (372 millones) y de Defensa (339) se llevaron la mayor parte, seguidos de la Seguridad Social (237) y de Economía y Hacienda (210). La Administración Local invirtió 750,8 millones en TIC en 2007. La opción de los gobiernos socialistas de desarrollar la “ciudadanía digital” nos ha colocado entre los diez primeros países del mundo, pasando del puesto 29 en 2003 al 9 en 2011, según el informe de Naciones Unidas.

Tras la promulgación de ley de 2007 de acceso electrónico a los servicios públicos se han adaptado 2.300 procedimientos y servicios electrónicos en la administración central, lo que supone que un 90% de los procedimientos y un 99% de la tramitación se pueden realizar ya por medios electrónicos. Según el último informe de la Administración Zapatero, “todos los procedimientos se pueden realizar a través del Registro Electrónico Común (REC) disponible en www.060.es y de los registros telemáticos públicos”.

Por otra parte, España es líder mundial en el desarrollo de la firma electrónica, con más de dos millones de certificados electrónicos a personas físicas y 400.000 a entidades jurídicas. A finales de agosto de 2011, más de 24 millones de ciudadanos tenían DNIe, y está prevista su extensión al resto de la población hasta finales de 2015. Y aunque sea un caso extraño, por una vez España coordina el proyecto europeo Stork y dirige la agenda para implantar la “ciudadanía digital europea”.

Si era mucho pedir al internauta Rajoy –desaparecido en pleno derrumbe financiero- un gesto de reconocimiento hacia los promotores de la revolución del byte y del derecho de acceso a las kafkianas administraciones públicas, ya es paradoja que el mismo día y a la misma hora que prometía “transparencia” –sin plazo fijo para la norma y sus excepciones-, el sistema de consulta telemática de los inmigrantes para conocer el estado de tramitación de sus expedientes de obtención de la nacionalidad quedara fuera de servicio. Al llamar al teléfono del ciudadano, el agente informático recomienda al interesado que acuda a realizar la consulta en la Plaza Jacinto Benavente número 3, en Madrid. Y si está en otro punto de España, “esperamos que funcione la próxima semana”, le dicen.