PP y CiU endurecen la reforma laboral y llevan a los sindicatos a exigir un referendo

“Podréis aprobar lo que queráis con vuestra mayoría absoluta, pero esto no es democrático”, se quejaba el portavoz de Izquierda Plural Joan Coscubiela al colega del PP Rafael Merino, que ni fu ni fa. Ya volvía sobre sus pasos cuando Celia Villalobos le increpó airadamente: “¡Eso lo dirás tu!” Unos segundos antes, Emilio Olabarría, del PNV, también se había quejado de la falta de tiempo para leer el tocho de enmiendas transaccionales a la reforma laboral. Se las habían entregado cinco minutos antes y eran el producto de las apresuradas negociaciones de la propia vicepresidenta del Congreso, Villalobos, con los dirigentes de CiU y con el diputado del Foro de Álvarez Cascos.

Cuando, a las 9:30 del jueves, los miembros de la Comisión de Empleo entraron en la sala correspondiente para debatir las enmiendas a la reforma laboral, las cámaras de televisión pudieron registrar las protestas de algunos portavoces por la táctica de la derecha de no respetar las formas y servirles el trágala de unas enmiendas abrochadas con CiU a última hora y después de que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, accediera a recibir hoy en La Moncloa a Josep Antoni Durán i Lleida como instrumento de reducción del relieve de su encuentro con Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las quejas de los portavoces no modificaron la “infotáctica del último minuto” que emplearon el PP y CiU. Aunque varios portavoces solicitaron aplazar un día la sesión, pues la reforma está en vigor por decreto desde febrero pasado, sólo consiguieron que el presidente de la comisión, José Eugenio Azpiroz, del PP, les concediera hora y media para leer las transacciones que ofrecía el PP. ¿En qué consistían? Pues básicamente en establecer que el contrato de un año con despido libre y gratuito sólo se aplique cuando el paro pase del 15%.

Comoquiera que el desempleo está en el 24,6 y llegará al 25% a final de año y se mantendrá por encima del 20% a la altura de 2017, según dice el Fondo Monetario Internacional, la sensibilidad social de CiU es perfectamente descriptible. Pero la enmienda tiene el objetivo de presentar el “contrato anticrisis” como una medida excepcional para enmarañar el debate sobre la inconstitucionalidad del precepto, que el PSOE prometió recurrir.

Más importante que la reforma laboral parecía a los jefes de filas de CiU y PNV, Durán y Josu Erkoreka, el choque futbolístico entre el Barça y el Bilbao, a juzgar por las amenas imágenes que ofrecieron a las televisoras con las camisetas de sus respectivos clubes. Los vascos Aitor Esteban y Pedro Azpiazu las llevaban enfundadas –las camisetas-- y se prevalieron del león de bronce de la izquierda de la escalinata del Congreso para colocarle la bandera del Athlectic al cuello y manifestar el afecto a su símbolo.

El triunfador de la jornada fue, sin embargo, un astur grueso y con papada que se llama Enrique Álvarez Sostres. Como si la ocasión fuera calva, el diputado del Foro de Cascos agarro el último pelo y allanó el camino al PP y a los empresarios para dejar sin cobertura legal a miles de trabajadores por la vía de reducir la prórroga de los convenios, que ahora son dos años, a un año como máximo. Otras enmiendas pactadas por PP y CiU elevan del 5 al 10% el porcentaje de la jornada laboral que el empresario puede modificar unilateralmente.

Así las cosas, cuando llegaron los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, a entregar una carta contra una reforma que lamina por la vía legal décadas de lucha sindical por los derechos y la dignidad de los trabajadores, se encontraron con unos legisladores que “empeoraban todavía más” el decreto de Rajoy de 11 de febrero y que, según dijeron, “no ha hecho más que agravar el desempleo”. La carta que le entregaron a Jesús Posada y a los portavoces, y en la que pedían el voto en contra a la reforma, no surtió efecto. Si la huelga general del 29 de marzo no sirvió para enmendar la reforma, nada cabía esperar de una misiva por más que llegara escoltada por cientos de sindicalistas ruidosos, a los que la policía contuvo a empujones en la Carrera de San Jerónimo.

Toxo y Méndez interpretaron la enmienda de Foro y PP como otra “mala jugada entre bambalinas de la patronal” que “pondrá en el alero y al borde de la desaparición” cientos de convenios, de los que dependen las condiciones laborales de millones de trabajadores”. Todos ellos están pendientes de negociación y, según Méndez, la patronal se comporta con “una pasividad absoluta”. Toxo consideró paradójico que Cascos y el PP sean incapaces de pactar en Asturias y lo hagan en Madrid contra los obreros.

Pero la carta que llevaron al Congreso no será la última. “El trámite parlamentario se agotará, pero nuestra denuncia será permanente hasta que la reforma se corrija en profundidad”, aseguraron tras acusar al Gobierno y a los grupos parlamentarios de la derecha de burlarse una vez más de la voluntad negociadora de los sindicatos. ¿Cuál será su próxima carta? De momento, mantener la movilización social y, en septiembre, sacar las urnas a las calles y recoger firmas para demostrar que la legitimidad política no se corresponde con la social ni da derecho a atropellar a los trabajadores y, en consecuencia, forzar la convocatoria de un referendo.