Interior ahorrará más de 80 millones de los 160 que gasta al año en escoltas

Son datos que demuestran que el Gobierno se ha tomado en serio la decisión de ETA de no volver a atentar por más que la banda terrorista siga siendo objetivo prioritario de la policía mientras no se disuelva, como afirman los mandos de Interior. Los comenta un alto mando policial en privado y los ratifica el Ejecutivo, proporcionalmente, en una respuesta parlamentaria. El Estado se gastaba alrededor de 160 millones de euros en escoltas y, gracias a un Plan Específico de Reducción que ya está en marcha, a finales de este año se eliminarán casi el 60% de las protecciones privadas y públicas, lo que supondrá un ahorro de más de 80 millones de euros.

Hace unos días, de manera indirecta, el Gobierno hizo su primer balance sobre la retirada de los escoltas de empresas privadas a cargos públicos y políticos del País Vasco y Navarra que se inició el pasado 23 de marzo. El Ejecutivo estima que el Plan Específico de Reducción de escoltas del Ministerio del Interior “ha economizado unos 3.000.000 de euros mensuales” sólo con esa medida. El recorte, en ese punto, supone aproximadamente 36 de los 98,66 millones que, según dijo en la Comisión de Interior del Congreso el 17 de abril el Secretario General de Seguridad, Ignacio Ulloa, ahorrará el Estado con la retirada y reasignación de escoltas, excluidas las que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En una respuesta parlamentaria remitida por escrito a los senadores socialistas valencianos Enrique Navarro y José María Ángel, en la que preguntaban qué cantidad de recursos humanos y económicos va a retirar el Ministerio del Interior en cuanto a escoltas en los próximos presupuestos del 2012, el Gobierno matizó que “existen dos planos de protección: por un lado, las personas protegidas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por otro, las protegidas por empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra a cargo del Ministerio del Interior”.

Por lo que respecta a las personas protegidas en el País Vasco y Navarra con empresas de seguridad privada, el Ejecutivo añade que el Plan Específico de Reducción de escoltas diseñado por el Ministerio del Interior ya ha afectado a 240 protegidos con la consiguiente supresión de 404 escoltas y 135 vehículos de protección. En consecuencia, estima que se han economizado unos 3.000.000 de euros mensuales.

Por lo que respecta a personas protegidas a nivel nacional por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al igual que en el País Vasco y Navarra, el Ministerio de Interior señala que actualmente se está diseñando otro Plan Específico de Reducción que está muy avanzado y que es su intención llevarlo a cabo en el presente mes de abril, “aunque en estos momentos no es posible cuantificar los recursos que podrán verse afectados”.

El Secretario de Estado de Seguridad también destacó en la Comisión de Interior que “la reasignación y la reubicación de las unidades y de los funcionarios de Policía se puede hacer perfectamente, por ejemplo, en materia de escoltas”. “Ahí –añadió– vamos a tener un contingente considerable, teniendo en cuenta que había más de 1.700 personas con protección y que pueden ser reducidas a la mitad, como ya hemos hecho en el País Vasco; de ahí podemos de alguna manera tratar de paliar el déficit respecto a la tasa de reposición que padeceríamos, así como la reubicación, porque muchas de estas personas, que funcionalmente en la actualidad prestan servicios de protección, pueden prestar servicios en la calle sin que se requiera una cualificación o formación adicional”.

En la parte del plan específico de reducción de escoltas que afecta al conjunto del Estado fue incluida la retirada de un vehículo protector a Baltasar Garzón, lo que generó una gran polémica. De hecho, la medida ha provocado malestar entre muchos jueces y fiscales porque son colectivos muy afectados por la retirada de la seguridad. Especialmente porque sólo mantendrán intacta su escolta los magistrados del Tribunal Constitucional, del Supremo, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial. Cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció su intención de limitar las escoltas hace algo más de un mes, las tres asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura-APM , Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia ), así como la Unión Progresista de Fiscales, consideraron “radicalmente inadecuada” la medida en lo que a ellos les afecta. Aunque ETA haya anunciado que deja de matar, dicen, sigue existiendo el riesgo del terrorismo islamista y de las mafias del crimen organizado porque la Audiencia Nacional es la que juzga sus delitos.

Además de magistrados y fiscales, también se verán afectados políticos en activo, periodistas, empresarios y dirigentes de asociaciones y colectivos que hasta ahora eran considerados objetivos potenciales de ETA. Aunque lo hizo en referencia al dinero que los propios partidos reciben del Estado para escoltas o lo que decidan ellos por su cuenta, cuando el subsecretario de Interior, Luis Aguilera Ruiz, explicó los Presupuestos Generales del Estado para 2012 en la Comisión de Interior del Congreso del 17 de abril, también señaló que las subvenciones a las formaciones políticas se reducen en 845.690 euros “en lo que se refiere a los gastos de seguridad”.

Lo importante, con todo, no es el ahorro –lo que tampoco está mal-, sino la evidencia de que el terrorismo etarra tiende a desaparecer y de que el Gobierno está convencido del final de la banda terrorista.