El Constitucional corrige al Supremo y legaliza Sortu antes de ser renovado

El Gobierno del PP y singularmente el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no tendrán más remedio que inscribir a la formación política nacionalista vasca y de izquierda, Sortu --el partido de Arnaldo Otegi, que sigue en prisión-- en el registro de partidos políticos. Así lo decidió el miércoles el Tribunal Constitucional en una sentencia aprobada por 6 votos frente a 5 --la misma correlación y los mismos magistrados que en 2011 legalizaron la coalición Bildu (Eusko Alkartasuna, Izquierda Abertzale y plataforma comunista). El fallo supone un fuerte varapalo a la decisión del Tribunal Supremo de no legalizar Sortu por considerarla heredera de la antigua Batasuna.

La resolución del Constitucional señala expresamente que no es posible considerar a Sortu continuadora de la ilegalizada Batasuna, ya que se trata de una formación nueva que rechaza la violencia terrorista y cumple las exigencias constitucionales. Otra cosa es que en el futuro traicione la legalidad e incurra en las causas de ilegalización sobrevenida que la sentencia detalla. Mientras eso no ocurra, Sortu ha  ser considerada legal y registrada conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Constitución.

La sentencia no entra en las causas que llevaron en 2010 al Supremo a considerar la nueva formación promovida por la izquierda abertzale como continuadora de Batasuna, aunque señala que las pruebas en las que basó su decisión –singularmente un documento estratégico de ETA-- dieron lugar a un relato coherente. Sin embargo, el Supremo no valoró elementos cruciales como el rechazo explícito del terrorismo y el derecho constitucional de asociación y creación de partidos políticos.

La ponente Elisa Pérez Vera consiguió que dos de los cinco magistrados que votaron en contra se abstuvieran de formular votos discrepantes gracias a la enumeración de las conductas que pueden suponer la ilegalización posterior, y entre las que figura “la humillación a las víctimas”, la equiparación del castigo a los presos con el sufrimiento de las víctimas y la ambigüedad en la condena del terrorismo.

A favor de la legalización votaron la ponente Pérez Vera, el presidente Pascual Sala, el vicepresidente Eugeni Gay y los magistrados Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa, todos ellos considerados de centro-izquierda. En contra lo hicieron los conservadores Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas y el propuesto en su día por el PSOE Manuel Aragón Reyes, quien se alineo con la derecha en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña y sobre la legalización de Bildu. Los tres formularán sus votos particulares. También votaron en contra el expresidente del Supremo, Francisco Hernando Santiago y Francisco Pérez de los Cobos, aunque renunciaron a presentar sus votos discrepantes.

En el ámbito político, la legalización provocó opiniones encontradas. El lehendakari Patxi López, los socialistas, IU y los nacionalistas vascos acogieron con satisfacción la resolución por considerar que contribuye a la normalización y a la convivencia democrática en el País Vasco. Se trata del reconocimiento legal de lo que es normal en la realidad vasca, coincidieron. Cayo Lara añadió que espera que la sentencia contribuya a la definitiva disolución de ETA.

En cambio, el Gobierno central, el PP y la dirigente de UPyD, Rosa Díez, manifestaron su desacuerdo con la resolución. Los responsables del PP estimaron que la decisión “no contribuye precisamente a que ETA se disuelva”. El ministro del Interior, Fernández Díaz, no descartó plantear la “ilegalización sobrevenida”. Y Díez dijo que el fallo “es escandaloso” porque “Sortu es la marca oscura de Batasuna”, al tiempo que lamentó que el Constitucional haya llevado la contraria al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Como ya ocurrió con la legalización de Bildu, las asociaciones de víctimas criticaron durante el fallo.

La resolución se produce una semana antes de que termine el plazo comprometido entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba para designar en el Congreso a los magistrados que deben sustituir a la ponente, Pérez Vera, y a Javier  Delgado, Eugeni Gay y cubrir la vacante que dejó en 2008 el fallecido Roberto García Calvo. Según fuentes parlamentarias, el intercambio de nombres de juristas de reconocido prestigio corre a cargo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y de Rubalcaba. Por otra parte, la eventual elección de Fernando de Rosa como presidente del Consejo del Poder Judicial en sustitución de Carlos Dívar conllevaría la elección de un presidente del Tribunal Supremo ya que De Rosa no es magistrado del Supremo y no podría presidir el alto Tribunal. Como candidato con más puntos, fuentes jurídicas citan a Javier Xiol.