'Caso Dívar': cuando los conejos posan delante de la escopeta

La dimisión de Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo no pilló a nadie por sorpresa. Incluso, si en algún momento su reducto más fiel creyó que podía sobrevivir hasta el mes de septiembre, tras salir vivo del Pleno del pasado sábado, 16 de junio, perdió toda esperanza cuando  vio que mandaba recoger todos sus efectos personales de su despacho. La dimisión era un hecho. Dívar había logrado presidir el acto de conmemoración del Bicentenario del Tribunal Supremo (una efeméride que pocos países pueden celebrar) ante el cabreo, el bochorno o la compasión que llegó a inspirar en algunos de sus colegas. Mientras él ponía el punto y final al acto y a su carrera, los suyos recogían sus pertenencias tanto en el Supremo como en el CGPJ y los comentarios sobre sus "excesos" éticos y estéticos se multiplicaban, haciendo no ya leña, sino astillas, del árbol caído.

Para algunos de sus compañeros de profesión el caso Dívar se entiende como una "cacería" política y mediática que duró 33 días. Para otros es la consecuencia lógica de varios años de comportamientos impropios y el desenlace previsible a un episodio de cuatro meses en los que el vocal Gómez Benítez  le requería información y explicaciones cada vez con mayor contundencia y Dívar lo toreaba cada vez con menor disimulo. Pero, campaña de acoso, vendetta siciliana o castigo a una actitud impropia del más alto funcionario del Estado, todos los miembros tanto del CGPJ como del Tribunal Supremo consultados por cuartopoder.es coinciden en señalar que Dívar puso demasiado fácil el ataque a sus detractores, porque su comportamiento no fue ejemplar. Si hubo cacería, la paradoja en este caso es que los conejos se pusieron a tiro mansamente delante de las escopetas.

Más allá de los gastos que el expresidente del CGPJ cargase a cuenta del erario público y que han acabado por cavarle su tumba profesional, sus compañeros recuerdan ahora algunos de sus tics y actitudes poco comprensibles. Comentan varios de sus colegas, por ejemplo, que llamaba mucho la atención el hecho de que se cortara al tráfico la calle para que él cruzara a pie, en las inmediaciones del Tribunal Supremo y del CGPJ. Una actuación que podría entenderse como un protocolo de seguridad, pero que nadie más usaba, incluidos sus antecesores en el cargo. Precisamente, según fuentes del CGPJ, Carlos Dívar, prácticamente duplicó su servicio de seguridad, con respecto al que tenía asignado su antecesor, el hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Hernando. Asimismo, por orden de Dívar, hubo que desalojar una dependencia llena de archivos pertenecientes a varios de los vocales del CGPJ, para convertirlo en despacho individual de uno de los  miembros de su escolta personal (generalmente, los miembros de seguridad ocupan una sala común donde esperan a ser requeridos por sus escoltados) y saltarse con él el protocolo de seguridad informática que se impone en las dependencias del órgano de gobierno de los jueces, que bloquea el acceso a determinadas páginas web, para evitar ataques de hackers e internautas malintencionados. Esas actitudes, que nada tienen que ver con gastos ilícitos, sí eran mal vistas y comentadas sotto voce por la mayoría de sus compañeros. Y se comenzaron a airear abiertamente a partir de la consabida caída en desgracia de Dívar.

Tampoco en el Tribunal Supremo se granjeó muchas simpatías Carlos Dívar. Para ser sinceros, no le facilitó su aterrizaje en este órgano el hecho de no ser miembro del mismo y haber accedido directamente a ocupar la presidencia gracias a un pacto político entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que asumieron mansamente todos los vocales del CGPJ (quienes, de acuerdo con la Ley, son quienes deben nombrarlo)."Ese día - admite una de sus miembros- tragamos y nos retratamos todos". Pero otros miembros del Tribunal Supremo añaden que él también se retrató con su actitud "altiva y distante" con el resto de integrantes del Alto Tribunal.

Algunos de los magistrados del Supremo le afean el uso del comedor de gala de las dependencias del Supremo, "donde le encantaba organizar almuerzos y encuentros con altos representantes del gobierno y del Estado -se lamenta uno de los actuales miembros del Supremo, mientras otro asiente con la cabeza- pero a los que jamás a los presidentes de Sala, siquiera. Era él y sólo él. Y eso jamás redundó en beneficio alguno para el Supremo, que sepamos". Lo dicen con pesar, igual que uno de los miembros de la Sala Segunda, que estuvo presente en el análisis exhaustivo que dicha Sala realizó de los gastos que Dívar se negó a explicar en público. Admite que había gastos que, si bien estaban dentro de la legalidad, podrían "chirriar" a cualquiera.

En el mundo judicial, Dívar no tuvo grandes afectos ni apoyos. Quienes trataron de defenderlo, lo hicieron más bien desde un punto de vista humano, compasivo y sentimental, frente a las razones "éticas y estéticas" esgrimidas por sus múltiples detractores. Pero, incluso sus escasos defensores dieron la batalla por perdida cuando constataron que el Gobierno había dejado caer a Dívar.

Horas después de que el PP aceptase la comparecencia de Dívar en el Congreso (a la tercera petición de la oposición, ya que las dos anteriores las había bloqueado la mayoría popular) un portavoz de Moncloa aseguraba a cuartopoder.es que "el presidente (Rajoy) esperaba que fuese el mismo Dívar quien diese un paso al frente, se explicase o presentase su dimisión, pero como no lo ha hecho..." Dívar se resistió y el gobierno lo dejó caer, no sin aclarar previamente: “Dívar no fue un nombramiento nuestro, sino de Zapatero, que fue quien le propuso. Rajoy, como líder de la oposición que era entonces, se limitó a no oponerse a la propuesta del entonces presidente del Gobierno". Así, el Ejecutivo dejaba claro que ni Dívar era uno de suyos, ni  nadie en el Ejecutivo ponía especial interés en salvarle. Sin embargo, mientras esa era la versión oficial dada en Moncloa, desde el Ministerio de Justicia se hizo un último intento por retrasar la salida de Dívar hasta el mes de Septiembre "para no agravar la imagen de debilidad económica de España con una noticia de este tipo, en la que se ve todo muy confuso desde el exterior y se pueden sacar las cosas de quicio y perjudicar nuestra imagen de país". Con este argumento, intentó un portavoz de Justicia convencer a algunos vocales del CGPJ, cuando no a los líderes del partido político que promovió en su día su nombramiento. Es el caso de Margarita Uría, vocal a propuesta del PNV, quien no dudó en manifestar su indignación durante la celebración de un Pleno del CGPJ, porque, según denunció, el Gobierno había llamado al presidente del PNV, Íñigo Urkullu, para que éste la obligase a sostener con su voto a Dívar. Pero Urkullu se lavó las manos, apeló a la independencia de Uría y ésta se manifestó a favor de la dimisión de Dívar.

El pelotón de fusilamiento de Dívar había alcanzado ya demasiado volumen y consistencia como para mantener el dedo lejos del gatillo hasta el mes de septiembre. Y así, el sábado 16 de junio, el presidente anunció, entre eufemismos, lo que la mayoría deseaba escuchar: su marcha estaba hecha, pero después de presidir su último acto institucional: el bicentenario de un Tribunal Supremo que, por primera vez en dos centurias, asistía a la dimisión de su presidente, envuelta en un escándalo de esta magnitud.