Torpezas y disensiones internas calcinan en agosto a varios ministros de Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez ( a su dcha.); la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (ambos, a su izda.), durante la visita que realizó el pasado día 18 a la localidad almonteña con motivo de la romería de El Rocío. / Efe

La mezcla de insensibilidad, contradicción e incompetencia de varios ministros ha llevado a la oposición a acumular hasta treinta peticiones de comparecencia (siete folios) en lo que llevamos del mes de agosto. La Diputación Permanente las tramitará el martes y es más que probable que la mayoría absoluta del PP, con el eventual apoyo de CiU, las rechace y remita al nuevo periodo de sesiones que comienza en septiembre. El PSOE, PNV, IU, UPyD insisten en arrastrar al presidente Mariano Rajoy a un pleno para que informe y debata las exigencias del “rescate” de la economía española, que con una tasa de paro del 25, 6% de la población activa, ya ha pasado de la recesión a la depresión.

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La descoordinación e insensibilidad gubernamental ha quedado patente ante la gravedad de los incendios que han arrasado 150.000 hectáreas de masa forestal. Mientras España, “una gran nación”, como la denominación de los jefes del PP, ardía por los cuatro costados, nadie sabía donde estaba el titular de  Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Por fin apareció en los toros, acompañando al Rey, y se justificó: “He ido por orden de la Presidencia”. Entre la afición y la obligación, ganó la primera.

La oposición exige a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que explique por qué envió a Cañete a los toros y a éste que comparezca en el pleno y aclare cuál es el coste del daño provocado por la pavorosa combinación de recortes de personal, incompetencia y falta de educación cívica. Ni los avisos de los técnicos ni las advertencias de la oposición ni siquiera los telúricos incendios de Valencia, Girona y Guadalajara, con pérdida de vidas humanas, motivaron la reacción del Ejecutivo. El presidente se fue de vacaciones a Galicia y el ministro del ramo, al que debíamos suponer con su colega de Defensa Pedro Morenés, distribuyendo los efectivos de ayuda, sólo compareció tras el fetejo taurino y para atribuir al presidente canario Paulino Rivero Baute la responsabilidad del grave y prolongado incendio de La Gomera, por más que éste se haya cansado de solicitar una base permanente de aviones Canadair apagafuegos en las islas. La situación recordaba la fuga gubernamental ante la catástrofe del petrolero Prestige.

Rajoy se iba a tomar una semana de vacaciones y disfrutó dos. Cuando los miles de gallegos estafados por el producto bancario de las “imposiciones preferentes” acudieron a manifestarse en Sanxenxo (Pontevedra), su localidad de veraneo, el presidente ya había volado al Parque de Doñana. Salió de paseo por la aldea de El Rocio en compañía de Zoido, el sustituto de Arenas en el PP andaluz, y de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, una mujer que se ha encomendado a la Virgen del Rocío para que nos saque de la crisis y le ha pedido “un capotazo para crear empleo”. Rajoy ya dijo que “no hay que esperar milagros” y por eso se limitó a prometer “incentivos fiscales” a los empresarios que patrocinen actos del “año Mariano”.

Aunque la ministra Báñez fía su política a la Virgen del Rocío, la reforma laboral derivada de la fe ciega en la patronal CEOE para facilitar y abaratar los despidos, va dando sus frutos: medio millón de parados más, un 88% de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) más en junio que en el mismo mes del año anterior, 45.000 empleados afectados respecto a 33.891 del mismo mes de 2011 y un mayor peso de los ERE que acaban en despido (el 13,5%) respecto a los de reducción de jornada y otras medidas menos traumáticas.

Para que explique los milagrosos resultados de esa reforma que costó dos jornadas de grandes manifestaciones en toda España y una huelga general, el PSOE ha pedido a esta mujer aficionada a los juegos digitales de matar marcianos que tenga a bien acudir al Parlamento. También sobre la gratuita angustia infligida a los 210.000 desempleados que no sabían si les prorrogarían la ayuda de 400 euros y sobre las nuevas exigencias –las atinentes a la renta familiar las han calcado a la baja de las que implantó y luego reconsideró Zapatero-, el PSOE e IU le exigen aclaraciones.

Luego ya, el espectáculo ofrecido por el enfrentamiento al cuadrado entre el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y el de Industria, José Manuel Soria, sobre la subida de las tarifas eléctricas y la aplicación del IVA al recibo de la luz mantiene a la ciudadanía entre la perplejidad y la inseguridad. Ya se sabe que Soria es partidario de un nuevo “tarifazo” y que Montoro ha saltado: “Las subidas las decide Hacienda”. También se sabe que Soria no quiere que las eléctricas apliquen la subida del IVA al consumo anterior al 1 de septiembre y que Montoro ha vuelto a saltar: “Se aplicará el nuevo IVA en las facturas que se emitan desde el primero de septiembre, aunque correspondan a consumos pasados”. ¿Cuál de los dos sobra en el Gobierno?, se preguntan los socialistas.

Así las cosas, saltó a la palestra el ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, para manifestar su olímpica desobediencia a la sentencia del Tribunal Supremo que dispone la retirada de la subvención pública a los colegios que segreguen por sexo a los alumnos. ¿El juez Garzón debe cumplir la sentencia y un ministro se puede burlar del Supremo para beneficiar a determinadas órdenes y sectas religiosas? Wert deberá explicar qué modificaciones legales dispondrá para esquivar el mandato judicial y aclarar en aras de la igualdad de género y de trato qué enseñanzas no deben recibir las alumnas que no puedan recibir los alumnos y viceversa.

La insensibilidad e improvisación de la titular de Sanidad, Ana Mato, al suprimir por decreto el derecho a la asistencia sanitaria universal y dejar fuera del sistema desde el 1 de septiembre a 150.000 inmigrantes económicos que viven en España sin permiso de trabajo o residencia, ha provocado el rechazo de Andalucía, Euskadi, Asturias, Cataluña, Canarias y Galicia, y la objeción de miles de sanitarios de los servicios públicos de salud, secundando la llamada de Médicos del Mundo. También Mato ha sido llamada a explicarse en el Congreso.

Aparte de querer cobrar unas cuotas entre 750 y 1.800 euros anuales por la tarjeta sanitaria que la mayoría de los inmigrantes en precario no puede pagar, las explicaciones de Mato han sido tachadas de xenófobas por el portavoz socialista en la materia, José Martínez Olmos. La ministra afirma que su decisión “asegura la universalidad de la sanidad para todos los españoles y extranjeros con residencia legal” y supone “un paso de gigante”. De sobra sabe que los inmigrantes económicos utilizan un 40% menos los servicios sanitarios que los españoles. Además de verse obligada a rectificar los errores por el “turismo sanitario” que atribuía a los europeos, la discordia en su ministerio carcasa sobre los inmigrantes con enfermedades crónicas es catedralicia. Que los impecunes y sin papeles los canalicen las ONG, dice ella. “No, no enviaremos la factura a sus países de origen; ya existen bastantes convenios de colaboración bilateral”, dice el titular de la nueva dirección general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero.

Mientras el Ejecutivo elimina derechos humanos y sociales por decreto y hurta al Parlamento las reformas legales, todavía resuenan las palabras del ministro Montoro para justificar la supresión de la paga de Navidad a los empleados públicos y la subida del IVA: “No hay dinero, señorías”. La queja con acrimonia –“¡Es que no hay dinero, señoría!”- podría servir de estribillo al himno de la fatalidad de la Bumbling Band, según la partitura de Laurence J. Peter. Montoro exhalaba su queja apenas cuatro meses después de su amnistía fiscal a los defraudadores, una medida que, según las estimaciones plasmadas en el recurso del PSOE al Constitucional, supone una detracción de 7.000 millones de euros por no aplicar a los 2.500 estimados por el ministro el tipo fiscal ordinario en vez del ventajoso del 8 y el 10%, según los casos. Como recordó Joan Coscubiela, de IU-ICV, la señora Merkel aplicó un tipo del 40% en su amnistía fiscal. Las ventajas suplementarias a los anónimos evasores pueden obedecer a razones técnicas o a clientelismos políticos inconfesables. Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que esos 7.000 millones equivalen a la subida del IVA que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció a partir del 1 de enero de 2013 y han adelantado al próximo sábado.