El Gobierno considera secreto el pago a Oliver Wyman y niega la información al Congreso

El Gobierno de Mariano Rajoy ha negado al Grupo Socialista y por tanto al Congreso de los Diputados el expediente del contrato y las facturas pagadas a las consultoras Roland Berguer y Oliver Wyman por auditar el sistema financiero español. La negativa se ampara en la clasificación de "secreto" aplicada al expediente con el grado de "confidencial". El rechazo a dar la información contradice las reiteradas promesas de transparencia que el Ejecutivo quiere implantar por ley. La denegación del coste del contrato fue denunciada este miércoles por el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Valeriano Gómez, aprovechando la presencia del ministro Luis de Guindos.

Transparencia sí, pero no ab oven (por principio), ha sido la respuesta a la petición de datos que formuló el portavoz económico socialista en agosto pasado sobre el coste de las auditorías privadas del sistema financiero. Como se recordará, la decisión de apelar a consultoras de prestigio internacional fue anunciada por Guindos como una medida para reforzar la “credibilidad y fiabilidad” de las entidades bancarias españolas. La medida dejaba en entredicho la solvencia de la función supervisora del Banco de España.

El ex ministro socialista Gómez solicitó entonces el expediente con el coste de la contratación de las auditoras y el Gobierno le contestó el viernes pasado, 28 de septiembre, que su petición no puede ser atendida “dada la confidencialidad de la documentación obrante en el expediente”. Y para reforzar su negativa, apela a la “Circular 7” del Banco de España y al artículo 130 del Código Mercantil que tipifica como delito la publicidad de los contratos. En resumen, que el Gobierno incurría en delito si informara al Parlamento.

Ni que decir tiene que la perplejidad de Gómez fue mayúscula. “Se puede informar sin entregar el expediente; nosotros queremos saber cuanto ha costado esa decisión y algunas características básicas de su ejecución”, dijo Gómez a cuartopoder. En todo caso, la respuesta gubernamental le ha parecido tan ocultista como insultante, y por eso aprovechó la comparecencia de Guindos, que acudió a informar del resultado de las auditorías –un agujero de 53.700 millones de euros-- y a exponer su dibujo del “banco malo”, para criticar la burla al Parlamento y al sistema democrático que supone la negación de esa información.

“Si un diputado del Congreso –dijo Gómez-- no puede conocer cuánto ha costado y en qué condiciones se ha contratado un trabajo desde el Sector Público, que condicionará como pocos el futuro de nuestro país, no sé si merece la pena el esfuerzo que cada día hacemos por tratar de responder a la confianza de los ciudadanos. Son ellos, mucho más que nosotros, los que deben saberlo y los que tienen derecho a que se les informe”. El ministro contestó de pasada, invocando las normas. Sin embargo, a partir de algunos datos como el gran número de equipos que han trabajado en la revisión bancaria (no menos de 500 expertos), el titular de Economía y Competitividad comenzó a preparar el terreno para una cifra escandalosa que algunos expertos sitúan por encima de 10 millones de euros.

Sobre la cuestión de fondo, las previsiones del rescate y el saneamiento bancario con el traspaso de los activos tóxicos al “banco malo”, Gómez consideró que “los escenarios son muy poco creíbles” porque el precio de las viviendas seguirá bajando y las pérdidas sobre las previsiones iniciales se situarán en torno al 70%. También destacó que sin contar los avales y los sistemas de protección establecidos, el Gobierno ha dedicado hasta ahora más recursos públicos a las entidades protagonistas de “esta inmensa locura financiera e inmobiliaria” que a pagar los subsidios de desempleo a los más de 7 millones de personas que han perdido su empleo en los últimos cuatro años a causa de la crisis financiera y económica.