El 15M cree que los miembros del Gobierno pueden "quedar como auténticos nazis"

Aníbal Malvar *

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el miércoles, día 17, en el complejo policial de Canillas (Madrid). / Juan Carlos Hidalgo (Efe)

Con una mezcla de sorna, incredulidad y cabreo han recibido los colectivos que integran el 15-M el anuncio de que la futura Ley de Seguridad Ciudadana prohibirá la captación de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad si éstas ponen en “peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando”, en palabras de Ignacio Cosidó, director general de la Policía, pronunciadas ayer ante los sindicatos policiales.

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Con sorna porque, en esencia, nuestra legislación ya recoge el derecho policial a incautarse de cámaras, grabaciones, etcétera, si los agentes sospechan que las grabaciones “se van a utilizar para la comisión de un delito. Después han de llevarlas ante un juzgado y levantar acta”, explican desde Legal Sol. Y porque el artículo 20 de la Constitución se expresa en estos términos:

“Se reconocen y protegen los derechos: […]

d) -A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

Con incredulidad porque, si este tipo de prácticas policiales se consintiera de manera indiscriminada, se vulneraría, entre otros, el derecho a la información: “Pongamos el 25-S. ¿Cómo es posible para una televisión grabarlo sin sacar a un policía? Vosotros, los periodistas, supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Determinadas actuaciones policiales también son noticia”, razona Juan Moreno Yagüe, abogado de 15MPaRato.

Y con cabreo porque “parece, tanto con estas declaraciones como con los globos-sonda sobre el nuevo Código Penal, se empieza a difundir el mensaje de que el ciudadano es el enemigo”, dicen desde LegalSol. “Es entre un escándalo y un absurdo”.

Moreno añade, además, que sería imposible aplicar esta reforma de la manera taxativa en que se sugirió ayer. Es decir, que ningún policía aparezca en un telediario, en una foto de periódico, o en la red. Puedes quitarle la cámara a un periodista, pero no puedes dejar sin su teléfono móvil a medio millón de asistentes a una manifestación, viene a decir. “En China hay un control riguroso de todo lo que difunden las redes. Dos millones de personas están empleadas en esa vigilancia. ¿Vamos a convocar en España oposiciones para incorporar a dos millones de policías para que hagan cumplir esta reforma? No lo creo”.

Desde los movimientos indignados se prevén unos meses calientes de batalla judicial. El estudio de proyecto del futuro Código Penal que va lanzando el Gobierno en forma de píldoras parece especialmente ideado para apagar las efusiones antisistema. “Por lo que han ido anunciando, el Tribunal Constitucional tendrá que ir arrojando artículo por artículo todo el Código Penal, a no ser que busquen un ridículo internacional, quedar como auténticos nazis y pasar a la historia como el gobierno que fulminó cinco siglos de lucha de los penalistas”, resume Juan Moreno. Ese presunto Código Penal recoge, por ejemplo, penas a los convocantes de manifestaciones violentas a través de las redes sociales. Pero es que nadie convoca manifestaciones violentas, aunque siempre se puede producir violencia en cualquier tipo de manifestación. A veces, incluso, alentada por la propia policía, como se pudo observar el 25-S: “¡Que soy compañero, coño!”, gritó aquella noche un policía incógnito apaleado por uniformados para evitar que lo agredieran gratuitamente. ¿O es que el policía de incógnito estaba cometiendo algún delito? ¿Derribando una de las vallas protectoras del Congreso? ¿Incitando a la violencia a otros manifestantes? ¿Encarándose con otros agentes? ¿Quemando un contenedor? ¿Por qué le golpeaban? ¿Porque era “compañero” y estaban entrenando? Iker Jiménez tiene un programa sobre estos fenómenos inexplicables.

La carga policial y judicial contra los indignados se empezó a tratar anoche en una asamblea con denunciados y familiares de las más de tres decenas de personas detenidas el 25-M. Y también se habló de la multa de 6.000 euros impuesta a un particular que, en contra de los criterios de LegalSol, realizó los trámites ante la Delegación del Gobierno para que el 25-S fuera legal. Su nombre y apellidos fueron publicados en varios medios gracias a una filtración. “¿Están tramitando el procedimiento a través de la prensa? Salió el tema y la identidad del demandado antes de que él recibiera notificación de la multa. Se enteró ayer por los periódicos. Están haciendo política. En varios medios se publicaron su nombre y sus apellidos. Y fragmentos de una resolución que no es pública. ¿Quién los filtró? Esos escritos son reservados. A los periódicos les han dando copia de un expediente reservado y protegido. ¿Y la Ley de Protección de Datos? ¿Y el Artículo 417 del Código Penal?”.

Contra los presupuestos

Por su parte, la Coordinadora 25-S presenta esta mañana en el Congreso un escrito de reprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pretenden que las cuentas estatales se sometan a referéndum ya que, según los indignados, “refrenda las irracionalidades e injusticias en la organización y distribución de recursos públicos y medioambientales y reafirma que seremos la inmensa mayoría de la población quienes paguemos la deuda. Esta, privada casi en un 80%, ha sido transformada en pública, y por tanto ilegítima, mediante rescates a bancos. El fin de los presupuestos para el año que viene es expropiar recursos que nos pertenecen para pagarla. Es imprescindible poner en marcha una auditoría ciudadana, pública y transparente que aclare cuánto se debe, por qué se debe, quién lo debe y quién debe pagarlo”.

Quien desee adherirse puede hacerlo escribiendo un correo a la dirección:  coordinadora25s@riseup.net.

(*) Aníbal Malvar es escritor y periodista.
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Algunas de las imágenes que el Gobierno no quiere que se vean

Un discapacitado se ve involucrado en una carga de la policía durante el desalojo de la Plaza de Cataluña, en Barcelona (27-5-11). / Flickr de acampadabcnfoto
Desalojo de los 'indignados' que acampaban en la Plaza de Cataluña (27-5-11). / Vídeo: YouTube
Dos policías conducen detenida a una joven durante una manifestación ante las Cortes Valencianas (junio de 2011). / Efe
Dos antidisturbios inmovilizan en el suelo a un periodista durante un desalojo de Sol (14-5-12). / Víctor Lerena (Efe)
Una minera con la cara ensangrentada, retenida por un grupo de antidisturbios (11-7-2012). / Javier Lizón (Efe)
Cargas policiales durante la manifestación de mineros del 11-7-12. Vídeo: YouTube
Un policía sujeta con fuerza a una funcionaria de 58 años a la que detuvo durante una concentración contra los recortes cerca de la sede del PSOE (13-712). / Kote Rodrigo (Efe)
Cargas policiales desde Neptuno hasta la estación de Atocha durante el 25-S (25-9-12). / Video: Juan Robles González (YouTube)
La policía carga contra un grupo de manifestantes durante el 25-S (25-9-12). / Alberto Martín (Efe)
Un policía infiltrado pide a sus compañeros que no le peguen más al grito de "que soy compañero, coño", durante el 25-S (25-9-12). / Vídeo: A la calle (YouTube)
Cargas y agresiones policiales durante el 29-S (29-9-12). Vídeo: Juan Robles González (YouToube).
La policía saca a la gente de algunos bares de Huertas (Madrid) y la golpea, tras la manifestación del 29-S (29-7-12).