Una ONG tendrá que pagar 3.000 € por preguntar al Gobierno sobre la corrupción
Si alguien en algún sitio creyó que el proyecto de ley de transparencia que anunció hace cuatro meses la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, vendría a abolir el principio secular de que “cuanto más grave es un asunto, más lo tapan”, he ahí la denuncia difundida el martes por la organización de derechos humanos Access Info Europe. Esta organización dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa y el mundo, ha sido condenada a pagar 3.000 euros por preguntar al Gobierno cuáles son las medidas que está adoptando para luchar contra la corrupción.
El asunto comenzó en 2007 cuando esta ONG solicitó información al Gobierno sobre las medidas anticorrupción. El ejecutivo no contestó y la organización apeló al Tribunal Supremo, cuya sentencia se resume en que “no tenemos derecho a solicitar esa información”, según explica Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, quien añade que ya han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional y recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El principal argumento del Supremo -dice la ONG en una nota de prensa- es que la información solicitada sobre el cumplimiento de España con las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción es en realidad una forma de pedir explicaciones al Gobierno y no una solicitud de información en sí. Según la nota, el tribunal no se pronuncia sobre la alegación principal, que es la violación del derecho de acceso a la información, reconocido internacionalmente como un derecho fundamental.
El abogado de la causa de Access Info Europe, Enrique Jaramillo, comentó que el problema es que la Administración no ha llegado a contestar a la organización, que se ve obligada a acudir a la vía judicial, “una vía lenta y costosa para todos, pero especialmente para las ONGs, para poder seguir con su trabajo”. Jaramillo explica que si bien el Supremo reconoce el incumplimiento de la Administración de su obligación de contestar, se escuda en la figura del silencio administrativo y condena a pagar las costas a quienes reclaman amparo judicial.
Según el letrado, queda claro que “el riesgo de tener que pagar costas –3.000 euros en este caso-- es un desincentivo enorme para el ciudadano y hace menos probable que alguien decida impugnar judicialmente la falta de respuesta a una solicitud de información”. En este sentido, los estudios de Access Info desde 2006 indican que en España el nivel de silencio administrativo en las solicitudes de acceso a la información de las diversas instituciones es de un 50%.
Se da la circunstancia de que España debe completar cada dos años un formulario exhaustivo de autoevaluación sobre medidas contra la corrupción. Pero esa información se considera “clasificada” y no se hace pública en nuestro país, lo que, según Darbishire, resulta “bastante sorprendente para un país que está diciendo a la comunidad internacional que está haciendo esfuerzos por mejorar la transparencia, en concreto para luchar contra la corrupción”.
Mientras se espera el desenlace de la causa planteada por la ONG que forma parte de la Coalición Pro Acceso con la Asociación de la Prensa de Madrid y medio centenar de organizaciones más, el Ejecutivo mantiene su línea de opacidad con la negación de informaciones básicas al Parlamento. La última ha sido del ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien ha negado una respuesta concreta al diputado socialista Miguel Ángel Heredia sobre cuántos profesores universitarios han quedado en paro a causa de sus recortes presupuestarios. “Es imposible conocer el impacto”, dice.
Totalmente de acuerdo con el fondo, radicalmente en contra de la forma.
Etiquetas un artículo con Wert, supongo que porque está de moda, el nombre de la Vicepresidenta aparece en negrita en las primeras líneas… para descubrir en el siguiente párrafo que la pregunta y la consiguiente denuncia se remonta al año 2007. ¿Qué tiene que ver con esto, entonces, la ley de transparencia del actual ejecutivo? Si este es el periodismo que queréis para el futuro, qué miedo.
¿Qué se puede esperar de un Gobierno y de un PP que ni siquiera expulsa a los procesados por corrupción para no sustituir a medio parlamento valenciano?
El ministro Wert es un sinverguenza y un caradura. ¿Cómo que no sabe que ha echado a 15.000 profesores ayudantes y asociados a la calle en la Universidad y ha impedido el acceso de 30.000 jóvenes a la univerisdad pública por la subida de tasas en las autonomías donde manda el PP? Vamos, hombre.
Eso va a ser Gurtel, ¿verdad magistrados del Supremo que os cargásteis a Baltasar Garzón?
Pero hombre, quien puede esperar transparencia sobre la corrupción en un país podrido donde nos privatizan el agua, los hospitales, el aire (aena y el espacio radioeléctrico), la enseñanza y, todo para los ricos, mientras a los que tenemos la suerte de trabajar nos bajan el sueldo.
Para BLM: lee más despacio para enterarte. Agotada la vía administrativa, queda la judicial, que tras el tasazo se queda la broma en 3.000 euros. ¿Te extraña que un proceso en España se alargue 5 años? La noticia está correctamente redactada.
Baie, efectivamente la noticia está perfectamente redactada, yo no he dicho lo contrario. Lo que digo, y me reafirmo, es que es tendenciosa porque retuerce la realidad: curiosamente se menciona a dos ministros del actual Gobierno cuando nada, absolutamente nada, tienen que ver con el fondo del asunto. Leyendo el primer párrafo pareciera que, efectivamente, es el Gobierno actual quién se niega a contestar la pregunta a la ONG, cuando esto es totalmente falso, quién se negó en su momento fue el Gobierno de 2005; curiosamente ni uno solo de los miembros de ese Gobierno, que no contestó si estaba haciendo algo o no para frenar la corrupción, se menciona en ningún lugar del texto.
Por si no queda claro, desapruebo por completo la acción sucesiva de ambos Gobiernos, por que si uno no contestó, que lo hubiera hecho el siguiente, porque tendrían sobre la mesa cuando menos la denuncia de la ONG. Pero esto no se dice en el artículo, que, insisto, esta perfectamente redactado para expresar lo que quiere expresar, que es un falsa correlación entre la negativa a responder preguntas acerca de la corrupción y el Gobierno actual, al menos en este caso concreto.
Un saludo.
La información ha sido solicitada al Gobierno que lo era en 2007 y «el ministro Wert es un sinvergüenza»: hombre, por este asunto, no.
La referencia a ese Wert se refiere a la actitud oscurantista y desvergonzada de no responder al Parlamento, hacia el que también ha demostrado su desprecio
Hombre, Luis, y tener a estos señores en el Poder Judicial, me costó a mí unos diez kilos (pesetas año 1994).
En este país hasta los jueces COOPERAN NCECESARIAMENTE con los ladrones para robar el dinero a un ciudadano.
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