Llamazares denuncia a Mato por nombrar y mantener al frente de la política alimentaria a la exjefa de Coca-Cola

¿Para qué creen ustedes que la ministra de Sanidad, Ana Mato, nombró a doña Ángela López de Sá y Fernández directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), teniendo, como tenía la designada, el cargo de directora de Asuntos Normativos y Científicos de Coca-Cola Iberia? Esta pregunta fue formulada en forma de denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno por el diputado Gaspar Llamazares el 16 de octubre pasado y todavía no ha sido contestada. Quizá la respuesta llegue después de la publicidad.

Resulta paradójico que la ministra Mato haya elegido a la alta ejecutiva de Coca-Cola, cuya publicidad fue vetada por las autoridades de Reino Unido en los Juegos de Londres por evidentes razones de salud, para que vele por la seguridad y la salud alimenticia de los españoles. Es como si Mato hubiera querido cumplir el “primer valor de la AESAN”, que, según proclama, es “la primacía del consumidor, el consumidor en el centro de las decisiones, por  encima de cualquier otro interés”. O el segundo: “La reputación”. O incluso, el tercero: “Alcanzar el liderazgo en Europa, a través de la implantación de una política de análisis de riesgos que garantice la credibilidad, independencia y transparencia de las actuaciones de la Agencia”..., pero la corriente de la puerta giratoria entre lo público y lo privado se lo hubiese impedido y la hubiera empujado a verificar el refrán de la raposa y las gallinas.

El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Llamazares, recuerda en su escrito a la Oficina de Intereses del Gobierno que Coca-Cola es una industria de bebidas azucaradas con intereses directos en las políticas de nutrición. No hay duda sobre las pruebas científicas que relacionan el consumo de bebidas azucaradas y la obesidad. Las dudas subyacen en el abordaje más efectivo desde los poderes públicos, tal como se describe en el informe “Legal Strategies in Childhood Obesity Prevention: Workshop Summary” del prestigioso Institute of Medicine de Estados Unidos.

Llamazares  argumenta también que numerosas materias de la Agencia afectan directamente a los intereses de Coca-Cola, por ejemplo, todo el apartado de nutrición, cuyas estrategias principales son: la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad y el Programa piloto escolar de referencia para la salud y el ejercicio, contra la obesidad. Además, la Agencia debe legislar sobre etiquetado de alimentos y bebidas, siendo este terreno del interés directo de Coca-Cola, que se opone a un etiquetado más informativo sobre los riesgos para la obesidad de sus productos.

En este sentido vale recordar que España se ha situado por delante de Estados Unidos en obesidad infantil, con un 19% de niños obesos en nuestro país frente al 16% de los estadounidenses, un porcentaje que triplica al de hace 30 años. Entre los adultos, España es el país europeo con mayor tasa de obesidad, que afecta a uno de cada cuatro. Además, el 60% de los españoles sufren sobrepeso, según el director médico de IntraObes y cirujano bariátrico, Miguel Ángel Escartí.

Pero es que además, como señala Llamazares en su denuncia, el artículo 7 de la ley de 2006 sobre conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, obliga a la directora López de Sá a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubiera intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.

El mismo precepto obliga a comunicar la inhibición por escrito a la Oficina de Registro de Intereses y Actividades de Altos Cargos, algo que la propia Oficina gubernamental debe aclarar en este caso. La denuncia de Llamazares está jurídicamente muy fundamentada y viene a decir que la exejecutiva de Coca-Cola tomó posesión y no se ha inhibido ni se ha abstenido de realizar las actuaciones en la política de nutrición propias de su cargo. Llamazares sostiene que dada la relación directa de uno y otro cargo con la política nutricional “la abstención debe ser desde el inicio y para todas las actuaciones, es decir, para el propio cargo”.

En todo caso, si entendemos que la ministra Mato no designó a la directora ejecutiva de la AESAN para que prevarique y conculque desde el primer momento la ley, y que no es deseable que los intereses privados de una multinacional se antepongan a los intereses públicos, la denuncia de Llamazares tendría que surtir el efecto que solicita: la dimisión de la designada y la rectificación política.