Torres Dulce ordena aplicar el “método Capone” para investigar a banqueros

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ayer, a su llegada a la Comisión de Justicia del Congreso. / J. Lizón (Efe)

En la historia policíaca estadounidense quedó escrita la detención del famoso gánster Alphose Gabriel Capone, alias Caracortada, no por sus crímenes, sino por su evasión de impuestos. Y eso, “el método Capone”, la búsqueda de la singularidad delictiva, es lo que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ordenado aplicar al fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, en los procesos de responsabilidad penal abiertos a los directivos de las entidades financieras que han tenido que ser rescatadas con recursos del Banco de España y con los 37.000 millones solicitados por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Unión Europea.

La sola mención del “método Capone” por parte del fiscal general durante su comparecencia de ayer, martes, en Comisión de Justicia del Congreso, ya induce a pensar en comportamientos equiparables a los de los mafiosos y rufianes por parte de responsables de entidades financieras. “Le he pedido al señor Salinas que se concentre al máximo en una delectividad concreta en vez de entrar a desbrozar el total”, informó Torres Dulce antes de mencionar el caso de Bankia. ¿Aviso a navegantes? El fiscal no dio más pistas, sólo dijo que se están examinando “muy particularmente las “indemnizaciones indebidas” y otros asuntos. En todo caso espera que la vista oral se pueda producir “en un plazo razonable”.

La determinación del fiscal general de sentar en el banquillo a los directivos y ejecutivos que se beneficiaron a sí mismos y a sus allegados con una gestión ruinosa en las cajas de ahorros le ha llevado a formar equipos con técnicos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para seguir el rastro del dinero y descubrir las eventuales desviaciones. Eso es lo que le pidió el PSOE tras el rechazo del PP a una comisión parlamentaria de investigación y lo que forzó UPyD con la presentación de su demanda criminal. La investigación no será tarea fácil porque ya sabemos que el dinero es líquido, los líquidos se secan y el dinero desaparece, pero Torres Dulce aseguró que “esperamos resultados notables”.

Sobre las “participaciones preferentes” también dio alguna pista. “Hemos estudiado la vía penal y vamos a ir a acciones individuales”. Según sus palabras, la fiscalía está investigando a una entidad para saber “si la emisión se hizo en términos de estafa”. Aunque evitó nombres y siglas, las características más nítidas del engaño a los pequeños ahorradores, que en absoluto cabía confundir con “inversores”, se produjeron en Nova Caixa Galicia Banco y en las cajas del grupo Bankia.

Según el que fuera presidente ejecutivo de Caja Madrid desde 1996 a 2009, Miguel Blesa, “las emisiones contaron con el visto bueno del Banco de España y de la CNMV” y tuvieron tal éxito que los 1.500 millones lanzados al 7% en junio de 2009 fueran ampliadas a 3.000 millones de euros. Sin embargo, cabe recordar que fueron calificadas por Standar & Poor’s con una nota equivalente al “bono basura” y que el propio Rajoy llegó a decir que esas emisiones nunca se habrían producido con un Gobierno del PP, pese a que, como ha recordado Cristina Narbona, en su día directora del Banco Hipotecario, fue un Gobierno del Partido Popular el que aprobó la norma que permitió el desarrollo de ese producto. Sólo las entidades reunidas en Bankia emitieron el 70% de las participaciones preferentes, con más de 100.000 ahorradores afectados.

El fiscal Torres Dulce afirmó tajante que su departamento tendrá “tolerancia cero a la corrupción”. Y argumentó: “El Ministerio Fiscal no puede permitir que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas. Junto con la furiosa agresión del terrorismo, no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia y a sus valores que  la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables”. Sin embargo reconoció que la Fiscalía Anticorrupción necesita refuerzos técnicos “y en Málaga está en una situación límite”.

Aparte la presentación de la memoria de 2011 –motivo de su comparecencia-, Torres Dulce se refirió a los 326 atentados de ETA pendientes de aclarar, por los que se interesó Rosa Díez, quien le pidió que actúe contra los dirigentes de Bildu y de Amaiur que hablan de “lo conseguido con el terrorismo” y no muestran el menor arrepentimiento. El fiscal aseguró que los crímenes están perfectamente informados y relacionados por la Fiscalía y, en referencia a una carta que la asociación de víctimas Covite remitió a la Casa del Rey y ésta al Ministerio Filcal, afirmó: “No necesito que la Casa del Rey me envíe ninguna carta de estímulo”.

En respuesta a Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, el fiscal se mostró partidario de “la mínima intervención judicial” ante el derecho de reunión y manifestación y rechazó la criminalización de las protestas ciudadanas que ha sido insinuada desde instancias gubernamentales. En respuesta a Julio Villarrubia, del PSOE, recordó que la Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza el indulto a los policías autonómicos catalanes condenados por torturar a un ciudadano. También manifestó su desacuerdo con “el tasazo” implantado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, al tiempo que solicitó “una revisión” para evitar la desigualdad en el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Durante su comparecencia abogó por revisar los juicios de faltas, que con una cifra de 300.000 al año “dispersan la energía de la fiscalía”.

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