Defensa invoca la Yeguada Militar para no ceder su latifundio a los parados de Osuna

Ignacio Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, en el centro de la imagen, durante la ocupación de la finca de Las Turquillas el pasado 24 de julio. / sindicatoandaluz.org

El Ministerio de Defensa ha decidido que la Yeguada Militar (un centenar de équidos hispano-árabes) es más importante que los mil puestos de trabajo que se podrían crear en el latifundio de 1.120 hectáreas que posee en la comarca de Osuna (Sevilla). Y aunque no necesita todos esos terrenos y tiene otra finca de cría caballar en Écija, se niega a ceder la tierra y mantiene la acusación penal contra los jornaleros que el verano pasado ocuparon simbólicamente esa finca baldía para denunciar el terrible desempleo que padecen. 54 de ellos ya han sido imputados como vulgares delincuentes. Y el PP, que en 2010 reclamó la cesión del latifundio, ahora mira hacia otro lado. Esta es la historia de un conflicto entre la gente necesitada y unos gobernantes desalmados, sin alma.

Preguntó el senador socialista sevillano Enrique Abad Benedicto al ministro de Defensa Pedro Morenés Eulate si tenía previsto ceder al Ayuntamiento de Osuna la finca Las Turquillas con los fines laborales y sociales previstos en un proyecto municipal de gestión sostenible de ese latifundio. Y le contestó el ministro por escrito que la mencionada finca “se encuentra afectada al Servicio de Cría Caballar del Ministerio de Defensa y sigue utilizándose para los fines que la legislación atribuye a este servicio. Por estos motivos, en la actualidad, no se contempla su desafectación”. O sea, que no, que verdes las han segado, y que vaya usted con la música a otra parte.

La respuesta llegó el 7 de marzo del corriente, Santa Felicidad en el santoral, y no hizo precisamente felices a los jornaleros de una comarca con un 40% de paro. No es que esperaran un reparto, pero confiaban en que los responsables ministeriales, comenzando por el ministro y siguiendo por la subsecretaria Irene Domínguez-Alcahud y el director gerente del organismo autónomo de Cría Caballar, Luis Miguel Arjona, tuvieran una micra de sensibilidad y cedieran en uso la mayor parte de esas 1.120 hectáreas de secano que no son utilizadas ni necesarias para la Yeguada Militar.

De hecho, el organismo castrense, sólo utiliza 20 hectáreas y dispone de otra finca de 410 de regadío, Las Islas, a cinco kilómetros de Écija. Con la cesión en uso de Las Turquillas, los jornaleros de la comarca de Osuna podrían modificar su forzada actitud de brazos caídos y comenzar a organizar las cooperativas de producción agraria sobre la sólida base de lo que Adam Smith llamó “la renta de la tierra”.

Si el argumento social no movió ni conmovió a los responsables de Defensa, amparados en la propiedad legal del latifundio y en las instalaciones de la Yeguada Militar, era de esperar que con la llegada del PP al Gobierno prevaleciera la moción que el Grupo Popular presentó y aprobó en la Comisión de Defensa del Senado el 10 de febrero de 2010. En ella pedía al Ministerio de Defensa que cediera “la totalidad de la finca para los objetivos laborales y sociales previstos por el Ayuntamiento de Osuna a fin de combatir la alta tasa de paro que sufre la comarca”.

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El senador del PP Miguel Arauz llevó la voz cantante y dijo entonces que el paro superaba el 30,7% en esa comarca eminentemente agrícola. Adujo que Las Turquillassólo da trabajo a 10 ó 12 personas cuando, de acuerdo con los planes municipales, se podrían crear 800 puestos de trabajo”. Y rubricó su intervención denunciando el uso de “uno de los grandes latifundios de Andalucía en manos del Estado, básicamente, para cobrar las subvenciones de la Política Agraria Común, la PAC”.

Por su parte, la alcaldesa de Osuna, la socialista Rosario Andujar, también dirigió antes del verano un escrito al ministro de Defensa solicitándole la cesión gratuita de la finca al municipio para su explotación. La respuesta fue sorprendente. Le llegó el 7 de junio pasado, pero no del Ministerio de Defensa, sino del de Agricultura. Y en ella le solicitaban “una mayor concreción sobre la ubicación de la citada finca” y una memoria explicativa del uso que se le prevé dar, “para así adoptar la resolución que proceda”.

Aparte de la extrañeza por el desconocimiento ministerial de unos datos tan elementales como la localización y extensión de la finca, se da la circunstancia de que Defensa ya cedió al pueblo 300 hectáreasde Las Turquillas en 2009, de las que ahora salen patatas para Alemania, ajos morados ecológicos en tres hectáreas que dan empleo temporal a 35 trabajadores, espárragos, lentejas, garbanzos y plantas aromáticas y medicinales, entre otros productos.

Quizá para que los responsables de Agricultura, con Miguel Arias Cañete al frente, se enterasen de la ubicación, y de paso todos los españoles y gran parte de los europeos, un mes después de la insólita respuesta, el 24 de julio, unos 800 jornaleros, hombres y mujeres del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), encabezados por Diego Cañamero, ocuparon esas tierras del Ejército y difundieron en los noticiarios españoles e internacionales su exigencia de empleo en el baldío.

Doscientos de ellos acamparon y comenzaron a desbrozar la tierra, limpiaron de ramas y rastrojos tres hectáreas, hablaron con los mandos de la Yeguada Militar para garantizarles que no serían molestados, celebraron una asamblea del SAT en la que participó su dirigente Ignacio Sánchez Gordillo, y se mantuvieron en sus quehaceres hasta la madrugada del 10 de agosto en que fueron desalojados por la Guardia Civil. La expulsión fue pacífica, los jornaleros no opusieron resistencia, se dejaron fichar, recogieron sus enseres y, después de 17 días, emprendieron el camino a casa.

Aunque los gobernantes del PP preguntaran cínicamente a la alcaldesa donde está esa finca –su riqueza medioambiental incluye  flora utóctona, monte bajo, encinar y tres lagunas que acogen flamencos y otras aves protegidas–, los servicios jurídicos del Ministerio de Defensa se apresuraron a denunciar ante la Fiscalía la presencia ilegal de los jornaleros. Y ahora, cinco meses después de aquella semoviente reivindicación humana, el juzgado número dos de Osuna sigue enviando citaciones. Ya lleva 54 imputados como si fueran delincuentes.

Ninguno, como dice Cañamero, quiere la propiedad de la tierra, sino su uso. “Que la finca pase a ser utilizada por cooperativas de trabajadores y trabajadoras, que la tierra sirva para dar trabajo y crear riqueza, no para recibir subvenciones de Europa”. Concretamente, la subvención del baldío asciende a 300 euros por hectárea, 360.000 euros anuales según las anotaciones del teniente coronel jefe del área económica del organismo de cría caballar, José Caruana Careaga. Alfalfa y pienso para los caballos, miseria y paro para los jornaleros.