Registradores y 'conseguidores' se van a forrar con la ley de costas del PP y CiU

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ayer, en el Congreso. / Zipi (Efe)

Después de tantos siglos de historia, las costas españolas van a ser inscritas en el registro de la propiedad como bienes públicos. Un hecho tan insólito podría parecer una inocentada periodística propia de la edición del 28 de diciembre si no fuera porque el ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, lo presentó como una gran novedad al exponer el jueves ante el pleno del Congreso su proyecto de ley de protección del litoral. Quiere decirse que los registradores de la propiedad van a tener mucho trabajo en los próximos dos años. Y que, como destacó el socialista José Luis Ábalos con otras palabras, se van a forrar. Al mismo tiempo, el dominio público de franja costera desde el agua al interior se reduce de 100 a 20 metros. Quiere decirse que nos lo van a quitar.

Imagínense un país con más de 7.000 kilómetros de litoral, el país con más costa y con la costa más degradada de toda la Unión Europea, en el que los dominios públicos marítimo-terrestres han de ser registrados legalmente, municipio a municipio y pueblo a pueblo, para deslindarlos de parcelas privadas y privatizadas. “Si es que no sé qué tienen ustedes con los registradores de la propiedad últimamente”, se extrañó el valenciano Ábalos como si ignorara que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, mantiene en Santa Pola (Alicante) su plaza de registrador, aunque ocupada por un suplente.

Pero no sólo esos fiduciarios públicos, númerus clausus del arancel, se van a beneficiar de la nueva oleada burocrático-registral que se les viene encima, sino que, como denunciaron Laia Ortiz, de IU-ICV; Toni Cantó, de UPyD, y el mencionado Ábalos del PSOE, la nueva ley abre la puerta de par en par a la figura de los “conseguidores”, “gurtélidos”, “campeones” o como se les quiera llamar. Al permitir concesiones privadas de uso por 75 años, la ley propicia “una privatización encubierta” del dominio público que en buena lógica, según Ortiz, es contraria al artículo 132 de la Constitución, que señala que el litoral es público en su conjunto.

Si además tenemos en cuenta que esas concesiones de uso por 75 años –muy superiores al promedio de vida profesional de 35 años, según recordó Cantó– son transferibles entre particulares, los conseguidotes del “robo a los ciudadanos y al planeta”, según los términos que empleó Ortiz, también se van a forrar. En el mercadeo de las licencias en la costa aparecerán concesiones en venta, en alquiler y en leasing. Pero además, si el concesionario fallece, la norma contempla un plazo de subrogación de hasta cuatro años a favor de sus herederos, algo insólito y contrario a la directiva europea de servicios, recordó Ábalos.

Frente al argumento de Arias Cañete de que la nueva ley viene a dar “garantías jurídicas” a los propietarios de unas 10.000 viviendas ilegales, construidas en dominios públicos junto al mar –“en muchos casos fueron víctimas de engaños y han dirigido denuncias al Parlamento Europeo”, afirmó el ministro–, el socialista Ábalos sostuvo que ahora van a ganar lo que habían perdido en los tribunales. Aseguró que el proyecto es “un engendro derivado de intereses electorales del PP” y citó a los herederos del exministro franquista Mariano Navarro Rubio y a las dirigentes del PP de la asociación de afectados por el deslinde en Formentera entre los beneficiados por la nueva ley. Del conjunto de viviendas construidas en dominio público, sólo 1.500 han sido legalizadas cuando se lleva deslindado más del 90% del litoral y rescatadas miles de hectáreas de terreno protegido de uso público.

El ministro también defendió las garantías jurídicas para las más de 1.700 instalaciones industriales y los tres mil chiringuitos playeros porque, según dijo, suponen más de 100.000 empleos. Sobre el salto de 35 a75 años en las concesiones, prefirió no pronunciarse. Y tampoco se atrevió a argumentar la decisión de reducir el dominio público mínimo desde los 100 metros establecidos por la ley socialista de 1988, que tanto amenazaba a los chiringuitos y las promociones urbanísticas en primera línea de playa, a los 20 metros que fija ahora el proyecto.

Ese pequeño detalle lo dejó en manos del portavoz del PP en la materia, Rafael Hernando, quien después de acusar de “falta de vergüenza” al socialista Abalos, negó los efectos del cambio climático sobre el temido crecimiento del nivel del mar y de paso acusó a la portavoz de IU-ICV de haber permitido “construcciones ilegales” en Cataluña cuando ICV gobernaba con el tripartito. Los aludidos pidieron la palabra frente a las imprecaciones y el presidente Jesús Posada se la dio “con la condición de que no abran un debate sobre el cambio climático. ¡El cambio climático, no!”, exclamó. CiU votó con el PP contra las cuatro enmiendas de devolución de un proyecto que, según la oposición, nos devuelve al pasado y sienta las bases de un futuro de nuevos urbanicios a 20 metros del mar si hay negocio.

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