El PSOE avisa: el modelo sanitario de Madrid será más caro e incrementará la morbilidad y la mortalidad infantil

Alfredo Pérez Rubalcaba despidió el miércoles pasado las sesiones de control parlamentario del Gobierno asegurando que cuando el PSOE vuelva a gobernar derogará la privatización de la Sanidad que el PP acaba de consumar en Madrid y pretende extender por las autonomías donde gobierna. Incluso, dirigiéndose a Mariano Rajoy, le espetó que “no es un país decente el que deja que la gente sufra en la puerta de los ambulatorios por no poder pagar la sanidad”.

En línea con esa actitud, el PSOE ha elaborado un argumentario para sus cuadros en el que aclara lo que se ha hecho en Madrid, digan lo que digan las autoridades de la Comunidad Autónoma, y para lo que deben estar preparados en toda España. En el texto se aclara que “la privatización del actual sistema, la salud trasformada en negocio solo beneficiará a los dueños del negocio y perjudicará claramente a la población”. Y advierten, coincidiendo con las sociedades de pediatría madrileñas, que las autoridades sanitarias serán responsables de las consecuencias de los cambios en el actual modelo: disminuirá la calidad de la atención sanitaria y aumentarán la morbilidad, los ingresos hospitalarios, la mortalidad infantil y el gasto sanitario.

Además, se aclara, en contra de las declaraciones del presidente autonómico, Ignacio González, negando que se vaya a privatizar la sanidad, que “privatizar la gestión supone dar dinero público a una empresa privada para que haga negocio”.

El argumentario explica que “desde enero de 2013, van a cambiar muchas cosas en la sanidad pública madrileña”:

1. La Comunidad de Madrid empezará a cobrar una nueva tasa de un euro por receta, con un límite máximo de 72 euros por ciudadano y año.
2. Se externaliza y privatiza la gestión de los servicios sanitarios de seis hospitales de reciente construcción: el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Henares, el Hospital del Sureste y el Hospital del Tajo.
3. Se externaliza y privatiza la gestión del 10% de los centros de salud de Atención Primaria, es decir, se saca a concurso la gestión de 27 centros de salud.
4. Se externalizan y privatizan la gestión de todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes, esterilización y mantenimiento) de toda la red de hospitales de la Comunidad.

“Esta –se indica– es la segunda y definitiva ofensiva del PP en Madrid para privatizar la sanidad pública”. “La primera, la dio Esperanza Aguirre”, matizan. Aguirre presumía, añaden, de haber dotado a la Comunidad de nuevos hospitales. Pero lo hizo con el “modelo Alzira” (en el año 1999, el Gobierno del PP en Valencia abrió en el municipio de Alzira el primer centro de atención sanitaria, gestionado por una empresa privada, bajo concesión administrativa y la experiencia fue un desastre). “Esto es: una empresa privada con ánimo de lucro construye el hospital, asume el equipamiento, el mantenimiento y los servicios auxiliares. La Comunidad de Madrid entrega a esa empresa el control y gestión tanto sobre la parcela sanitaria (médicos y enfermeros), como sobre la no sanitaria (limpieza, mantenimiento, restauración...) y paga a la empresa una cantidad fija por habitante y año”.

Entonces se aplicó en Valdemoro, Móstoles, Torrejón y Collado Villalba (cuya apertura se ha retrasado a finales del 2013). Y además, otros 7 hospitales fueron por otro sistema que “es en todo igual al modelo Alzira, pero su gestión se limita a los servicios no sanitarios. La atención sanitaria la asume y gestiona la Comunidad de Madrid y, en estos casos, es la Comunidad la que paga a las empresas concesionarias un alquiler o canon anual”, dicen los socialistas. Los hospitales son el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Henares (Coslada), el Hospital del Sureste (Arganda del Rey), el Hospital del Tajo (Aranjuez) y el Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda) y empezaron con un modelo de gestión mixta público-privado (una empresa privada concesionaria gestiona todos los servicios no sanitarios y una empresa pública –titular del hospital– gestiona la parte sanitaria.

“Ahora, Ignacio González extiende la externalización y privatización de la gestión sanitaria a 6 de estos hospitales y tienen privatizada la gestión de todos los servicios: los de asistencia sanitaria y los no sanitarios. La Comunidad ha dado la concesión de 3 de estos 4 hospitales a la empresa Capio.

El argumentario recuerda que González ha desatendido la reclamación de parar su plan que le han hecho todos los sectores sanitarios de Madrid.

Se recoge la opinión del Colegio Oficial de Médicos, organización según la cual no hay información económica ni una evaluación estratégica previa que avalen que la externalización de la gestión sanitaria en seis hospitales y del 10% de los centros de salud vayan a suponer una mejora en eficiencia o de prestaciones sanitarias que lo justifiquen y que permitan a largo plazo hacer más sostenible el sistema. Además, rechaza la tasa de un euro por receta, ya que puede afectar al cumplimiento terapéutico.

Se añade que las sociedades de Atención Primaria -SEMFYC y SEMG aseguran que estas reformas están fundamentadas tan solo en criterios economicistas y afectan negativamente al conjunto de la sociedad- dificultan el acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios públicos y ponen en peligro el futuro y la continuidad de las prestaciones sanitarias.

Las medidas planteadas, añaden, son arbitrarias y los ajustes presupuestarios una simple coartada para proceder a transferir la gestión de los centros de salud a organizaciones empresariales con ánimo de lucro.

Además, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria dice que la cuestión clave es cómo mejorar la gestión existente y sostiene que eso se puede hacer con fórmulas de gestión pública. El camino equivocado, matizan, es prejuzgar que las concesiones administrativas a empresas privadas, sin más, garantizan una gestión más eficiente, algo que no está demostrado en España.

Respecto a los profesionales, el PSOE explica que 37 sociedades científicas que forman parte de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas considera que la privatización de la gestión sanitaria pública, poniéndola en manos de empresas, algunas dependientes de fondos de capital-riesgo, es una maniobra que puede comprometer seriamente la capacidad de las administraciones públicas para hacer efectivas sus competencias de planificación y control. Todos los países europeos con sistemas como el nuestro, basados en el modelo de servicio nacional de salud, han introducido importantes reformas en su gestión, manteniendo siempre el carácter público de sus instituciones y un muy significativo peso de la gestión pública sobre la privada.

También se acude a las sociedades de pediatría ( AEP, AEPap, SEPEAP y SEPHO) para destacar que las autoridades sanitarias serán responsables de las consecuencias de los cambios en el actual modelo, incluido el aumento de la mortalidad infantil.