La reforma Wert avala el lucro creciente de los obispos e ignora al Consejo de Europa

Los representantes de las ONG que presentaron el martes, día 15, en Madrid el Memorándum enviado al Consejo de Europa contra el proyecto del Gobierno de suprimir Educación para la Ciudadanía. / fundacioncives.org

Más de 50 organizaciones no gubernamentales van a denunciar ante el Consejo de Europa la supresión definitiva de la asignatura Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos en la enseñanza española, según la reforma pactada por el ministro José Ignacio Wert con la cúpula episcopal católica. Esta reforma de la enseñaza obligatoria ha sido diseñada para, entre otras cosas, fortalecer la doctrina católica en la escuela y facilitar el lucro creciente de la jerarquía, que designa a los profesores a sueldo del Estado en la enseñanza pública y privada concertada.

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El alto clero católico, encabezado por Antonio María Rouco Varela, ya manifestó su satisfacción la primavera pasada cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decretó la supresión de la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Ahora la reforma Wert, que centraliza competencias sobre las materias educativas en detrimento de las autonomías, impone una asignatura fuerte como alternativa a la religión. Este diseño incentivará la captación de prosélitos con el aumento de alumnos en las clases de religión y el consiguiente incremento de grupos y profesores designados por los obispados.

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El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán preguntó al ministro Wert si no es posible sacar la clase de religión del horario escolar, y éste le contestó el 12 de diciembre que “de ninguna manera, porque si en una escuela pública no se ofertara la enseñanza religiosa o se ofertara fuera del horario escolar, se vulneraría un derecho fundamental recogido en el artículo 27.3 de la Constitución”. En la misma respuesta, el titular de Educación recuerda que los profesores que imparten enseñanza de las “religiones” (en plural) y no pertenecen a los cuerpos docentes, cobran igual que los profesores interinos.

Pero mientras el Gobierno dio orden de no convocar nuevas plazas de profesores y ha rescindido unos 40.000 contratos en este curso, “la docencia de la religión católica se renueva automáticamente cada año”, según afirma el ministro antes de añadir que “la propuesta de docencia corresponde a las entidades religiosas”. Con más alumnos en clase de religión, según la reforma pactada por el Ejecutivo con la Conferencia Episcopal, el dinero público para las creencias irá en detrimento de los menguantes recursos para las ciencias.

Para hacerse idea del trato económico preferente a la cúpula episcopal podemos recordar que cuando el dirigente de IU, Cayo Lara, preguntó al Gobierno por qué no hacía extensivo a la Iglesia Católica el recorte del 20% de la subvención a los partidos políticos y los sindicatos, recibió la respuesta de que los acuerdos con la Santa Sede lo impedían. Y a la pregunta sobre el beneficio derivado para el clero del aumento de la recaudación del IRPF tras la subida de las tarifas a los asalariados, ni siquiera ha contestado. Entre subvenciones, ayudas, exenciones y aportaciones voluntarias de los contribuyentes, la Iglesia Católica recibe unos 9.000 millones anuales.

Al margen del trato de favor del Gobierno del PP a la confesión mayoritaria en la reforma Wert, la supresión con carácter definitivo de la Educación para la Ciudadanía es considerada un retroceso fatal por las ONG que el martes presentaron en Madrid, a pocos pasos del Ministerio de Educación, la petición de amparo al Consejo de Europa. Entidades tan diversas como la Fundación Cives, que preside Victorino Mayoral, Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), la fundación Cultura de Paz, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDE), el Movimiento Contra la Intolerancia, la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y otros movimientos pedagógicos y grupos sociales solicitan al alto organismo internacional que ayude a corregir la deriva del Ejecutivo español.

Pedimos al Consejo de Europa que recuerde al gobierno español que esta educación democrática es prioritaria y debe existir en todos los niveles educativos”, explica Mayoral, antes de deplorar que “cuando más falta hace desarrollar las herramientas para fortalecer la convivencia entre nosotros y cuando más necesario es el desarrollo de una educación cívica, este Gobierno pretenda suprimirla”. Según Jaime Atienza, de Intermón Oxfam, “la reforma vulnera un compromiso de futuro para lograr una sociedad mejor, más equitativa y justa. También posterga los criterios de igualdad de oportunidades frente a los meros resultados académicos, y evita un tratamiento crítico de cuestiones como la pobreza, la desigualdad y el desarrollo. Nos aboca a un modelo educativo más elitista y segregador”. En este sentido, y según ha denunciado el portavoz socialista de Educación, Mario Bedera, ya son 79 los centros subvencionados con fondos públicos que segregan a niños y niñas.

La denuncia ante el Consejo de Europa se justifica porque viene promoviendo desde 1997 la inclusión de la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos en las políticas educativas de todos los países. Más de veinte estados europeos la han incorporado en todas las etapas educativas. Y España no sólo ha firmado y respaldado esos acuerdos, sino que, en 2004, el PP suscribió el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Según Carlos Sanguino, director de Amnistía Internacional, “un gobierno serio no puede ir firmando acuerdos internacionales para luego no cumplirlos; esperamos que con nuestra denuncia, el Consejo de Europa se preocupe, sea motivo de estudio y se dirija al Gobierno español para que modifique esa ley”.