Montoro utilizó “el sello del Estado” para permitir el blanqueo de fondos delictivos, según el PSOE

El Gobierno de Mariano Rajoy ha permitido el blanqueó “con el sello del Estado” de fondos ilícitos procedentes de “actividades ilegales”. Así lo denunció ayer la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, en la diputación permanente del Congreso horas antes de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparezca hoy voluntariamente en la comisión correspondiente para dar cuenta de la amnistía fiscal a la que se pudo acoger el extesorero del PP, Luis Bárcenas Gutiérrez, para, según su abogado Trallero, blanquear 10 de los 22 millones de euros que tenía en una cuenta secreta en Suiza.

La denuncia de la portavoz socialista fue enfática y contundente: “No es posible que a través de un proceso de regularización fiscal se favorezca la corrupción”. Y mencionó algunas disposiciones nicomédicas (por detrás) entre Montoro y los despachos de los defraudadores durante el periodo de “regularización fiscal” entre el 30 de abril y el 30 de noviembre. Los defraudadores querían más ventajas tributarias, y las obtuvieron: del 9 y el 10% de tributación inicial, Montoro les bajó el tipo efectivo al 1 y 2% sin informar al Parlamento. Algo insólito e impresentable para el común de los ciudadanos, cercados con subidas de impuestos expropiatorias de su salario, el consumo de bienes básicos, el disfrute de la cultura e, incluso, del derecho a la Justicia.

Los defraudadores querían impunidad, y la consiguieron: la reforma urgente del artículo 305 del Código Penal, promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y respaldada por la mayoría absoluta del PP, les exoneró de los delitos fiscales en los que hubieren incurrido. Querían garantía de anonimato, y la consiguieron: mediante un informe jurídico ministerial fechado el 29 de junio y la correspondiente circular, se consideró “improcedente” investigar el origen de los fondos y se negó a los inspectores el derecho a recabar esa información, a sabiendas de que la ley prohíbe regularizar caudales de procedencia ilícita.

Pero los defraudadores querían más garantías, y el Gobierno no dudó en facilitárselas: mediante la prostitución del decreto 19/12 sobre horarios comerciales, Montoro dispuso lo que ni los más sagaces legisladores podían sospechar, como fue que las sociedades opacas o radicadas en paraísos fiscales pudieran acogerse a la amnistía fiscal sin la obligación de declarar la titularidad de las personas físicas propietarias del capital hasta diciembre de 2013.

Si Rodríguez tildó de “vergonzante, irregular, inconstitucional y atentatoria a la democracia” esa regulación que habría servido para cubrir a Bárcenas cuando ya estaba imputado por la Justicia, el dirigente de IU y presidente del grupo de Izquierda Plural, Cayo Lara, se centró en la gravedad del “escándalo público, social, en un país que se desangra” con la recesión y el aumento del paro y la pobreza. Lara se sumó a la exigencia del PSOE de que comparezcan Montoro, Gallardón y el propio Rajoy, y solicitó “un pleno monográfico sobre la corrupción”, del que deberían salir medidas contundentes para atajarla.