IU exige el acceso a los archivos religiosos para conocer el tráfico de niños

La monja María Gómez Valvuena, sor María, se fue esta semana con la parca y se llevó valiosos secretos sobre la autoría y los procedimientos de los robos de bebés en los que supuestamente participó en la Maternidad Santa Cristina de Madrid, donde ejerció la “caridad cristiana” hasta 1983. En vez de colaborar con la Justicia, se convirtió en una tumba. Pero como estos asuntos vitales no pueden quedar así, IU ha presentado una proposición no de ley para obligar a la curia y a las congregaciones religiosas a abrir sus archivos, siquiera sea para que los interesados conozcan a sus progenitores y viceversa.

El caso de esta monja imputada en el robo de bebés, que habitaba en el convento de la Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, ha sido noticia porque, por primera vez, la justicia penal no ha reparado en hábitos. Pero esta religiosa no era una excepción. Incluso, para Mª Cruz Rodrigo, presidenta de SOS Bebés Robados, la fallecida fue solo “una pieza de un puzzle mucho más complejo” del robo de bebés y la falsedad documental para venderlos en adopción. Eso habría ocurrido precisamente con las gemelas que alumbró Purificación Betegón en Santa Cistina y que todavía está buscando.

Durante el franquismo y el posfranquismo, entre los años 1940 y 1990, se produjeron adopciones irregulares de recién nacidos que han dado lugar a que muchas personas afectadas hayan iniciado la investigación y la búsqueda de sus familiares, tanto de hijos que buscan a sus padres biológicos como de padres que intentan localizar a los hijos que acabaron en brazos ajenos.

En ese objetivo chocan, según recoge el texto de la proposición de Izquierda Unida, firmada por los diputados José Luis Centella, Gaspar Llamazares y Ricardo Sixto, con el muro de la opacidad de las instituciones religiosas. En la posguerra, las llamadas casas cuna, orfanatos y casas de expósitos fueron las entidades que monopolizaron las adopciones. Allá llegaban los hijos de mujeres sin medios y muchos de ellos salían con padres nuevos, quisiera o no la madre.

Incluso se daban muchos casos de mujeres que no podían hacerse cargo de sus hijos y los dejaban durante una temporada en estas instituciones. Cuando volvían, les respondían que habían muerto, aunque, en realidad, ya se encontraban en una familia adoptiva. En los registros de esas entidades figuran los nombres de todas las madres que cedieron o perdieron a sus hijos y la identidad de los padres adoptivos. Sin embargo, al tratarse de ficheros privados, se encuentran fuera del alcance de los interesados.

Según argumenta la proposición de Izquierda Plural, “hay que poner freno a esta situación y obligar por ley a las instituciones religiosas a permitir el acceso de las personas que buscan a sus familiares a los datos que necesiten para conseguirlo, no solo por el derecho a saber que tienen estas personas, sino también por las implicaciones económicas o para la salud que puedan resultar”. Y para ello exigen la reforma y promulgación urgente de las normas necesarias. Sólo cabe esperar que la derecha lo acepte o no vote en contra en el pleno de la próxima semana.