Cayo Lara propone 6 años de cárcel para los encubridores de la corrupción política

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, quería medidas concretas contra la corrupción. “Seamos eficaces y útiles”, conminó el miércoles a Cayo Lara en el pleno del Congreso. Y en menos que canta un gallo, el dirigente de IU y presidente del grupo de Izquierda Plural ha puesto sobre la mesa una proposición de ley orgánica con medidas durísimas contra la corrupción. Mientras Rajoy permanece mudo, se acumulan las iniciativas de la oposición. Y en el plano judicial, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha quedado bajo sospecha por los regalos, viajes y el pago de la fiesta de la primera comunión de su hija (60.000 euros en total) por parte del cabecilla de la trama Gürtel y amigo de su exmarido, Francisco Correa.

La proposición de ley que registró y explicó Lara contempla medidas que permitirían decomisar la fortuna de Luis Bárcenas y castigar con pena de prisión de hasta seis años a los encubridores y beneficiarios de las recaudaciones ilícitas del extesorero y su colega Álvaro Lapuerta. Los corruptores tendrían que dimitir de la dirección de las empresas y quedarían inhabilitados para ejercer su profesión o industria al menos tres años. ¿Aceptará Rajoy esas y otras medidas concretas? ¿Asumirá el PP la tipificación del enriquecimiento ilícito, como propone Rosa Díez? No. El presidente prefiere esperar el sesudo informe que bajo la dirección del profesor Benigno Pendás García elabora el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que sufragamos todos y depende de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

A la espera de que el jefe del Gobierno dé la cara y ofrezca hoy algún argumento ante el comité nacional de su partido sobre las anotaciones barceniegas en las que se ve implicado como supuesto receptor de cantidades de dinero negro durante varios años, las formaciones de la Izquierda Plural, el PNV, UPyD, ERC y otras representadas en el Grupo Mixto le han ofrecido una salida política: que dimita y convoque elecciones generales. Simultáneamente, y junto con las reformas del Código Penal, la Ley Electoral y la de Financiación de Partidos Políticos que registró ayer Lara, IU y ERC han planteado la creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política.

Según Lara, la respuesta del Gobierno y del PP, que cuenta con la mayoría absoluta, permitirá demostrar si tienen la voluntad real de adoptar medidas para acabar con “la lacra de la corrupción que invade España y socava las bases de la democracia”. El dirigente de IU pide que, al menos, sus propuestas sean tomadas en consideración. Pero de antemano sabe que quien detenta el poder, establece el marco, coloca la puerta –como indica el apellido de aquel extesorero que pedía a los constructores dinero para las elecciones– y maneja la llave de la cerradura.

El PSOE mantiene su petición de comparecencia de Rajoy ante el pleno del Congreso y aunque no apuesta por la disolución del Parlamento y las elecciones generales anticipadas por entender que la atomización del llamado voto progresista perjudicaría sus intereses, reitera su exigencia de comisión de investigación sobre la amnistía fiscal a la que dice haberse acogido Bárcenas para blanquear 11 de los 22 millones de euros que llegó a manejar en cuentas secretas en Suiza.

Los socialistas reforzaron ayer su acción ante el “bochorno y la indignación ciudadanas” que, según su secretario de organización, Oscar López, dijeron compartir, y aparte de exigir a Rajoy que aclare si aceptó los cobros y recibió pagos nicomédicos de su tesorero, anunció que, como acusación particular en el caso Gürtel, solicitará los datos de tres empresas vinculadas a esa trama que ahora aparecen en los cobros ilegales anotados por Bárcenas. Y asimismo, pedirá al Tribunal de Cuentas –órgano fiscalizador de cámara lenta, copado desde hace décadas por los consejeros designados por el PP y el PSOE– una revisión extraordinaria de las cuentas del PP bajo las presidencias de Aznar y Rajoy con Bárcenas de tesorero, como si las aportaciones al margen de la ley pudieran ser fiscalizables.