El PP veta en solitario las medidas de IU contra la corrupción y a CiU le estalla el 'caso ITV'

Cayo_Lara_proposición_ley_anticorrupción
El portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, durante su intervención de ayer, día 19, en el Congreso, en defensa de la proposición de ley para la lucha contra la corrupción. / Kiko Huesca (Efe)

Guerra a la corrupción, sí, por supuesto. Regeneración política, sí, naturalmente. Transparencia, ¡faltaría más! Dicho todo lo cual por boca del eminente jurista y presidente de la Comisión Constitucional, Arturo García Tizón, el PP votó en contra de la proposición de ley orgánica que presentó la Izquierda Pluraly defendió Cayo Lara con la reforma de 12 leyes para atajar la corrupción y castigar con mayor severidad a los corruptores y a los corruptos. Coherencia popular se denomina el fenómeno.

Los populares se quedaron solos votando en el pleno del Congreso contra la admisión a trámite de la proposición de IU, es decir, de que sus planteamientos anticorrupción pudieran discutirse siquiera. Ningún miembro del Gobierno se tomó la molestia de asistir al debate y a la votación. El partido gubernamental no necesitó la presencia de Mariano Rajoy, cansado del viaje al Vaticano, ni de ministro alguno, pues le bastaron los 173 diputados presentes para rechazar los duros planteamientos de Lara, que cosechó el respaldo de los demás grupos (130 votos), menos CiU, cuyos 16 diputados votaron abstención.

Publicidad

Puesto que la corrupción es el segundo problema de este país, tras el paro, según la última encuesta del CIS, el representante del PP, García Tizón, dijo que hay que combatirla, naturalmente, pero calificó de “oportunista y carente de rigor y consistencia” la iniciativa de Lara, quien de antemano reconoció que las reformas que proponía eran jurídicamente perfectibles. El hombre de confianza de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desautorizó a vuela pluma algunos preceptos de la proposición de IU, dijo que el Gobierno ya ha creado una “comisión interministerial” para estudiar las reformas convenidas el 26 de febrero, tras el debate del estado de la nación, y que la Izquierda Plural no votó, y remató con desdén su comprimida alocución: “Ustedes sólo buscan uno o dos titulares (de prensa), son insolidarios”.

Desde luego, con la enumeración de nombres y casos que realizó Lara en su exposición –“Urdangarín, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar, Bárcenas…, casos como los de La Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria, Palma Arena…”– no se puede decir cabalmente que buscara titulares de prensa, precisamente. Lo que Lara quiso destacar es “el descrédito de la política y del propio sistema democrático”. Tampoco las reformas de 12 leyes, desde el Código Penal a las normas urbanísticas, pasando por la de Enjuiciamiento Criminal, la de Contratos del Estado o la Ley Electoral resultaban, por lo farragosas, muy atractivas para colocar un titular, aunque siempre se puede encontrar un precepto para llamar la atención, por ejemplo, la petición de 6 años de cárcel para los encubridores de los corruptos, la persecución penal de los corruptores, la devolución de lo apropiado y la investigación de ilícitos penales por los signos de enriquecimiento injustificable.

Oriol_Pujol_imputación_caso_ITV
El 'número dos' de CDC, Oriol Pujol, a su llegada, ayer, día 19, a la rueda de prensa que dio en la sede del partido para anunciar su dimisión con secretario general y presidente del Grupo en el Parlamento catalán. / Alberto Estévez (Efe)

Antes del monólogo de García Tizón, el representante de ERC, Joan Tardà, pidió la dimisión de los parlamentarios imputados en corrupción, “se llamen Pujol, Blanco o como se llamen”, y señaló que cinco meses después de las elecciones, “ya hay cuatro” en el Parlament de Catalunya. El último es el presidente del grupo de CiU y secretario general de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), Oriol Pujol. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le imputó ayer un presunto delito de “tráfico de influencias en la adjudicación de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

La resolución del alto tribunal atribuye al hijo del expresidente Jordi Pujol manejos presuntamente delictivos para adjudicar ITV a los empresarios imputados Sergi Alsina, Sergio Pastor, Ricard Pugnou. Según la investigación judicial, Oriol habría ejercido su “influencia y peso político” con Josep Tous (de CDC y número dos de la Diputación de Barcelona) e Isidre Mesalles (subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat) “con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores” mediante la adjudicación de un lote de ITV “vulnerando el derecho de libre concurrencia”.

La fuerte acusación llevó a Pujol a anunciar que “delega” –“espero que por el menor tiempo posible”–  su tarea al frente del partido en Josep Rull y Lluís Coromines, y como presidente del grupo parlamentario en Jordi Turull, aunque mantendrá su escaño de diputado. Así las cosas, CiU se esforzó en rebajar el perfil del debate sobre la corrupción en el pleno del Congreso, y su representante, Feliu-Joan Guillames, vino a decir que no se puede esperar mucho de un país en el que El Lazarillo de Tormes es lectura obligatoria en los colegios. Fue la suya una intervención extraña, con una interpretación “espiritual” de la “catarsis” o purificación griega y una petición de que la Justicia sea rápida.

Previamente Rosa Díez había responsabilizado a la sociedad de ser tolerante con la corrupción. “Hay que acabar con la impunidad de la corrupción política y de la corrupción social”, manifestó antes de leer una lista de políticos que han abandonado sus cargos en otros países europeos y de preguntarse retóricamente si son genéticamente más honrados que los españoles. “No, lo que ocurre es que la opinión pública no les perdona, y aquí hay que decirle a la sociedad que no nos perdone”. Fue también la de Marixell Batet, del PSOE, una intervención de apoyo a las propuestas de IU “porque no se puede esperar más, porque hay que ejercer el poder con ejemplaridad y porque el PP ha decidido limitar su papel a la legitimidad de la mayoría parlamentaria”. Y por el PNV, Emilio Olabarría, defendió mejor incluso que Lara las reformas contra una mugre política y social que los 46 jueces decanos existentes –recordó– han calificado de “corrupción sistémica”. Y procedente del régimen anterior, dijo Sabino Cuadra, de Amaiur.